Se acerca el fin del TPS y estos salvadoreños abandonan, con dolor, el “sueño americano”: “Me siento derrotada”

Por Ione Molinares, CNN en Español

“Me siento derrotada, como que voy a quedar como… esas cucarachas debajo de las piedras”. Esa es la primera reacción de Soledad Miranda cuando habla de que está a punto perder el Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que el Gobierno de Estados Unidos estableció para los salvadoreños en 2001, luego del devastador terremoto de 7,7 que en enero de ese año azotó al país centroamericano.

Soledad llegó a Estados Unidos en 1997. Cruzó la frontera cuando tenía 19 años. Después de vivir un tiempo como indocumentada, el TPS le dio la oportunidad de trabajar legalmente con un permiso y, según cuenta, su vida cambió.

Según el Migration Policy Institute, unos 260.000 salvadoreños en ese entonces se acogieron al programa. Sin embargo, hoy, unos 170.000 que aún cuentan con esa protección están cerca de perderla.

Creado como parte de la ley de inmigración de 1990, el TPS se extiende cada 18 meses. El primer Gobierno de Donald Trump (2017-2021) intentó eliminarlo en 2018 pero, tras una demanda interpuesta a nivel federal, se mantuvo vigente. En los últimos días de la presidencia de Joe Biden (2021-2025), en enero del año pasado, su Gobierno autorizó la renovación del TPS para los salvadoreños desde marzo de 2005 hasta este 9 de septiembre.

Mientras avanzan los días hacia esa fecha sin que el segundo Gobierno de Trump haya decidido renovar el TPS, Soledad, quien vive en Washington, llora al tiempo que recoge en cajas sus casi 30 años de vida en Estados Unidos.

Cuenta que, al obtener el TPS, logró una licencia como cosmetóloga. También trabajó en limpieza y fue activista en la capital, liderando la lucha por permisos para vendedores ambulantes. Hoy trabaja con mujeres víctimas de maltrato, en una iniciativa de la alcaldía, mientras ella misma está empleada ahí en labores de limpieza.

Todo esto, sin embargo, podría evaporarse a partir del 9 de septiembre.

Soledad, de 52 años y quien vive con su hija de 16, lamenta que el Gobierno no considere el trabajo de la comunidad salvadoreña, la comunidad con más beneficiarios del TPS durante dos décadas (hace unos años, los venezolanos alcanzaron la mayoría en este sector).

“No solo aquí en la ciudad, también allá donde se hacen las siembras de tomate, chile, zanahoria. Ellos comen la ensalada fresca en su mesa. No ven eso. ¿Quién cuida a sus hijos? ¿Quiénes son los que están limpiando? Cuando van a los mejores hoteles, cuando tienen una emergencia, ¿quiénes están en los hospitales? Estuvimos enfrente del covid. Yo no dejé de trabajar”, dice entre lágrimas.

La posible desaparición del TPS para los salvadoreños es parte de la política de mano dura hacia la inmigración que está implementado la administración Trump en su segundo mandato. Por ley, el gobierno puede establecer una protección temporal para personas que provengan, sin documentos, de un país con un conflicto armado o una crisis política, de salubridad o ambiental. Las razones económicas no son un criterio para considerar la designación de la protección temporal a los ciudadanos de un país.

El Gobierno de Trump dice que los países deben ser capaces de velar por sus ciudadanos, por lo que poco a poco ha determinado no renovar el beneficio para ciudadanos de naciones que, afirma, ya no cumplen con los criterios requeridos —aunque en algunas de ellas existan crisis—, como Haití, Somalia y Yemen.

De los 17 países que hasta hace poco tenían ciudadanos con TPS en Estados Unidos solo quedan cuatro: El Salvador, para el cual el programa expiraría el 9 de septiembre; Ucrania y Sudán, para los que terminaría en octubre, y Líbano, para el que concluiría en noviembre.

El fin del TPS para los salvadoreños no solo tendría implicaciones sociales. También podría tener un fuerte impacto económico.

De acuerdo con la Alianza Nacional para el TPS, los salvadoreños cada año inyectan a la economía de Estados Unidos unos US$ 5.400 millones y pagan US$ 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales combinados.

Nilson Cañenguez es un exitoso empresario salvadoreño en el área metropolitana de Washington, donde se encuentra una de las concentraciones más grandes de ciudadanos de su país. Él llegó en 1999 por la frontera y trabajó en la construcción. Se acogió al TPS desde 2001, cuando tenía 23 años, y con orgullo recuerda que participó en la edificación del centro de visitantes del Capitolio y la reconstrucción del Pentágono luego de los ataques del 11 de septiembre.

“Yo siempre estuve pensando que era temporal, pero de esa forma se nos hicieron décadas”, dice Cañenguez, quien asegura que con eso en mente se preparó para solidificar un respaldo económico. Sin embargo, reconoce que, después de 25 años de protección, fue sintiéndose parte de Estados Unidos, aun sabiendo que su estadía podría terminar en cualquier momento.

Mientras muestra una de sus propiedades —la casa que él mismo renovó—, cuenta que quiso traer a su esposa y sus tres hijos desde El Salvador. Hoy sus hijos ya son profesionales y tiene dos nietos, cuenta con una sonrisa.

Con visión para los negocios, adquirió camiones, creó una compañía de transporte de carga y su propia empresa de construcción comercial. Dice que llegó a tener unos 250 empleados. Tiempo después, tras el golpe de la pandemia del covid, comenzó la transformación de su empresa a bienes raíces mientras creaba empresas en El Salvador.

Hoy emplea a unas 40 personas y comenta que la ironía de su vida es que “por medio de mis empresas le di la residencia a varias personas pero no me la pude dar yo… pero me siento satisfecho por haberlo hecho”.

Como empresario con algo de influencia en la comunidad, por años estuvo involucrado en el cabildeo para buscar en el Congreso una reforma inmigratoria o un tipo de regularización para los llamados “tepesianos”.

Hoy, culpa a los políticos por la situación en la que muchos inmigrantes se encuentran.

“Sí, me siento triste, hay un montón de incertidumbre que tenemos como familia”, dice, aunque asegura estar preparado y que en El Salvador lo esperan sus empresas.

Un análisis de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) destaca el severo impacto que se observaría por la separación de familias con el eventual fin del TPS. Por ejemplo, más de 150.000 niños ciudadanos estadounidenses tienen por lo menos un padre o un pariente salvadoreño con ese beneficio migratorio.

El estudio de WOLA también cuestiona si El Salvador tiene las condiciones de seguridad para absorber a los naciones que han vivido en Estados Unidos, mientras el impacto económico para el país centroamericano es otro desafío que se avecina con la caída en remesas. El documento cita datos del Banco Mundial que estiman que las remesas representan entre el 24% a 26% del PIB.

Según Manuel Orozco, especialista del programa de remesas del Diálogo Interamericano, el número de “remesadores” salvadoreños con TPS es aproximadamente un 15% todos los que envían ese dinero.

“Son como 160.000 transferencias de US$ 4.500 anuales”, calcula Orozco, quien cree que, como con otros inmigrantes que han perdido TPS, posiblemente el envío de recursos no terminaría con el fin del programa pero sí tendría una caída significativa.

Para Soledad, lo que tiene frente a sí es el final de un sueño.

Hace tres años, logró arrendar un apartamento después de vivir en un pequeño estudio, pagando una alta cantidad para que su hija tuviera mejores condiciones, pero hoy dice que llora mucho “de coraje”.

“Yo tenía ya mi vida ya planeada, de que yo me iba a ir con mi gusto, no a la fuerza, y no poder que mi hija logre sus sueños como digamos que yo logré mi sueño”, lamenta.

En un panorama así, con muy pocas opciones para quedarse, sigue armando cajas. No llegaría a El Salvador con las manos vacías. Como a muchos beneficiarios, el TPS le dio la oportunidad de generar recursos y construir una casa en su país natal, como la que hace 16 años levantó para su madre, adonde siempre pensó regresar. Ahora lo hará, solo que antes de lo planeado.

Nilson, por su parte, dejará a sus hijos a cargo de sus negocios y con la esperanza de que pronto pueda abrirse la oportunidad para regresar. Pero por más tranquilidad financiera que lleva, dice, “no es lo mismo”.

Todavía con algo de esperanza de que ocurra un milagro, Soledad y Nilson se preparan para un cambio que siempre pensaron en hacer, pero que ocurrió más temprano de lo que tenían planeado. Son dos caras de la inmigración y de las contribuciones que hicieron en Estados Unidos los salvadoreños que hace 25 años recibieron una oportunidad de vivir legalmente en el país. Los mismos que ahora están cerca de tener que irse.

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