El panel del 6 de enero se prepara para presentar cargos penales mientras Steve Bannon se enfrenta a un plazo de citación
Juan Pablo Elverdin
(CNN) — El juego de la gallina de Steve Bannon, aliado de Trump, con la comisión de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio está a punto de entrar en una nueva y crítica fase este jueves, ya que se enfrenta a su última oportunidad de cambiar de rumbo y cumplir con la citación del panel antes de que los legisladores probablemente se muevan para buscar cargos criminales.
El abogado de Bannon escribió el miércoles una carta al panel diciendo que su cliente no proporcionará testimonio o documentos hasta que la comisión llegue a un acuerdo con el expresidente Donald Trump sobre el privilegio ejecutivo o un tribunal sopese el asunto. “Ese es un asunto entre el comité y el abogado del presidente Trump y el señor Bannon no está obligado a responder en este momento”, escribió el abogado Robert Costello.
La carta redobló las instancias anteriores en las que el exasesor de la Casa Blanca dejó en claro que no tiene intención de comparecer a una declaración este jueves como lo ordenó la comisión y esencialmente desafió a los legisladores a demandar o a declararlo en desacato penal a principios de este mes en respuesta a la citación.
Si Bannon no se presenta, se espera que la comisión comience inmediatamente a buscar una remisión por desacato penal después de que el plazo de citación pase -esencialmente haciendo un ejemplo de incumplimiento de Bannon mientras la Cámara busca más testigos-, dijeron fuentes familiarizadas con la planificación a CNN.
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Si bien podría pasar algún tiempo antes de que la Cámara envíe dicha remisión al Departamento de Justicia, la comisión podría tomar medidas iniciales a pocas horas de la fecha límite establecida por el panel -que es este jueves- si Bannon se niega a cooperar, agregaron las fuentes, subrayando el creciente sentido de urgencia en torno a la investigación en sí.
CNN informó el miércoles que la comisión está unificada en su plan de buscar cargos criminales contra aquellos que se nieguen a cumplir, y los legisladores se han centrado específicamente en Bannon mientras discuten la opción públicamente.
“La razón por la que algunos de estos testigos, gente como Steve Bannon, que han hecho público su desprecio por el Congreso, sienten que pueden salirse con la suya es que durante cuatro años lo hicieron”, dijo el miércoles a MSNBC el representante Adam Schiff, miembro de la comisión.
Schiff, que también preside la comisión de Inteligencia, señaló que Bannon se había negado a cooperar con la investigación de la Cámara sobre Rusia durante el gobierno de Trump porque “nunca sería acusado de desacato”.
“Nunca sería procesado por el Departamento de Justicia de Trump. Pero esos días han terminado. Y lo veo no solo como algo esencial para nuestra investigación, sino que también veo esto, la aplicación del estado de derecho, como una prueba temprana de si nuestra democracia se está recuperando”, añadió el demócrata de California.
El analista jurídico de CNN, Norm Eisen, no tardó en rebatir la carta de Costello: “Es simplemente errónea. La carta cita un caso que dice que ‘el Presidente’ puede hacer determinaciones de privilegio ejecutivo. Pero Trump ya no es ‘el Presidente’. En Estados Unidos, solo tenemos uno de esos a la vez, es Joe Biden, y él no ha hecho valer el privilegio aquí”, afirmó.
Otros tres aliados de Trump también se enfrentan a plazos de citación esta semana. Dos de ellos, el exjefe de personal de Trump, Mark Meadows, y el exfuncionario de la administración, Kash Patel, han estado “comprometidos” con la comisión, según el panel, aunque no está claro si ese contacto equivale a alguna forma de cooperación.
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La comisión no ha podido entregar hasta hace poco una citación al exsubjefe de gabinete de Trump, Dan Scavino, según dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto, y es probable que se haya retrasado su plazo para comparecer en una declaración.
En cuanto a si Meadows y Patel comparecerán ante el panel para sus deposiciones a finales de esta semana, la representante Stephanie Murphy, demócrata de Florida, dijo: “Mi expectativa es que harán lo patriótico y comparecerán ante la comisión, y si no tienen nada que ocultar, no hay razón para que no se presenten”.
‘A la espera de la declaración de Steve Bannon’
Bannon no ha cooperado hasta ahora y los legisladores aprovecharon la oportunidad antes de la fecha límite del jueves para reiterar que está obligado a hacerlo.
“Esperando la deposición de Steve Bannon mañana y recibir todo el testimonio y las pruebas que citamos”, dijo el miércoles en un tuit el miembro de la comisión selecta, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland. “Se trata de una orden legal, así como de un deber cívico de compartir información sobre el ataque violento más arrollador contra el Congreso desde la Guerra de 1812”.
En una carta a la comisión a principios de este mes, el abogado de Bannon argumentó que “los privilegios ejecutivos pertenecen al presidente Trump” y “debemos aceptar su dirección y honrar su invocación del privilegio ejecutivo”.
La carta del equipo legal de Bannon continúa diciendo que puede depender de los tribunales para decidir si finalmente se ve obligado a cooperar, esencialmente desafiando a la Cámara a demandar o detenerlo en desacato penal.
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“Como tal, hasta que se resuelvan estas cuestiones, no podemos responder a su solicitud de documentos y testimonios”, escribió el abogado, Robert Costello.
La afirmación de que Bannon podría estar cubierto por el privilegio del expresidente es inusual, porque Bannon no estaba trabajando para el gobierno federal durante el período que rodea la insurrección del 6 de enero.
Las reclamaciones de privilegio normalmente se aplican a los funcionarios cercanos que rodean al presidente y a las deliberaciones entre empleados del gobierno, y Bannon fue despedido de su papel como asesor de la Casa Blanca en 2017.
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Muchos expertos legales están de acuerdo con la comisión en que Bannon, como ciudadano privado, no tendría capacidad para bloquear una citación alegando el privilegio ejecutivo.
Casos históricos de desacato penal
Por muy grave que suene una remisión por desacato penal, la elección de la Cámara de utilizar el Departamento de Justicia puede ser más un disparo de advertencia que una solución. Sostener a Bannon en desacato penal a través de un proceso podría llevar años, y los casos históricos de desacato penal han sido descarrilados por apelaciones y absoluciones.
“Están en una caja, en cierto modo”, dijo el miércoles Stanley Brand, ex consejero general de la Cámara de Representantes. “Cualquier camino que tomen es una disputa legal que potencialmente llevará tiempo”.
El Congreso casi nunca obliga a un testigo recalcitrante a testificar a través de un proceso judicial, según varios abogados de Washington que llevan mucho tiempo familiarizados con los procedimientos del Congreso.
Un funcionario de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de la administración Reagan fue la última persona acusada de desacato al Congreso. La Fiscalía del Departamento de Justicia de Washington tardó ocho días desde que recibió la remisión por desacato de la Cámara de Representantes contra Rita Lavelle en 1983 hasta que un gran jurado la acusó. Lavelle luchó contra los cargos hasta llegar a juicio, y un jurado la declaró inocente.
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Al menos otro procedimiento penal por desacato anterior a Lavelle, durante las investigaciones anticomunistas de la era McCarthy en la década de 1950, fue anulado por la Corte Suprema en apelación.
En administraciones más recientes, el Departamento de Justicia se ha negado a procesar los casos de desacato, aunque en esas situaciones, el Congreso ha remitido por desacato a miembros de la administración del presidente en ejercicio.
“Estoy viendo a la gente en la televisión parlotear sobre esto. Van a enviar [a Bannon] a desacato penal. De acuerdo. Bien. Eso solo inicia el caso”, dijo a CNN Brand, quien fue el abogado general de la Cámara durante el proceso de desacato de Lavelle. “Hay un juicio. No es automático que vayan a ser condenados”.
El enfoque del desacato penal también está estructurado para ser más un castigo que un intento de obligar a un testigo a hablar.
“No es como el desacato civil, en el que uno tiene las llaves de su celda y queda en libertad” si un testigo accede a declarar, dijo Brand.
En cambio, la Cámara pierde esencialmente el control del caso, ya que el Departamento de Justicia se encarga de procesarlo.
“No tienen tiempo”, añadió Brand. “Tienen que terminar esto antes del próximo año, antes de que haya elecciones”.
Christie Johnson de CNN contribuyó a este informe.
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