245 personas han sido perseguidas políticamente en El Salvador desde 2019, y al menos 86 están encarceladas, según Cristosal
Por CNN en Español
La organización Cristosal denunció este jueves, desde el exilio en Ciudad de Guatemala, que el Estado de El Salvador ha perseguido y encarcelado a por lo menos 245 voces críticas, entre ellas, Ruth López, activista por los derechos humanos, detenida desde el 18 de mayo de 2025 por desfalco de fondos públicos, delito del que se ha declarado inocente.
El estudio denominado: “El precio de disentir: Criminalización y persecución política en El Salvador (2019–2025)”, evidencia la instrumentalización del sistema de justicia y el ataque sistemático contra voces críticas, dijo la organización en una rueda de prensa desde Ciudad de Guatemala, país al que trasladó sus operaciones, desde julio de 2025, alegando hostigamiento, represión y persecución por parte del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
“Hay personas presas por motivos políticos, hay personas que han sido obligadas al exilio para protegerse y familias fragmentadas por la huida”, dijo en rueda de prensa, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
CNN solicitó comentarios a la presidencia de El Salvador y aún espera respuesta. En el pasado, el Gobierno de El Salvador ha negado persecución de opositores y Bukele ha acusado a organizaciones como Cristosal de ser activistas políticos.
De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2025, el Estado salvadoreño convirtió la persecución política en un modelo estructural y sostenido porque desde 2021 logró controlar el sistema judicial, al obtener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y controlar instituciones de contrapeso en una democracia. “Desde entonces, la criminalización penal se consolidó como mecanismo central de represión”, afirma Bullock.
Ese panorama, dice esta ONG crítica del Gobierno de Bukele, ha deteriorado la democracia. “El hostigamiento y la vigilancia —a través de amenazas, seguimiento, estigmatización pública y presión directa—; la activación de acciones judiciales no penales, como procesos administrativos, civiles o disciplinarios utilizados para desgastar y deslegitimar; y la criminalización penal, que incluye procesos con motivación política, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la prisión preventiva como forma de castigo anticipado”, agregó en un comunicado.
La investigación, según Cristosal, reveló un patrón: La persecución jurídica no penal, los procesos penales y las acciones extrajudiciales. “Todo esto busca ocasionar daño y convertirlos en enemigo del orden público”, señaló Bullock.
De los 245 casos documentadas por Cristosal, 180 (73,4 %) enfrentan procesos penales. “Siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas. De ellas, 86 continúan detenidas y solo siete han sido condenadas, en procesos que presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela”, dice Cristosal.
Según esta organización, de las 245 personas documentadas, el 60,4 % son defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y ambientalistas.
Cristosal pidió el cese de la persecución política, excarcelar a las personas en prisión por motivos políticos y permitir el acceso de relatores de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar el estado de la independencia judicial y los derechos humanos.
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