La Corte Suprema debatirá si la policía puede pedir datos exhaustivos de localización de los celulares en sus investigaciones

Por John Fritze, CNN

Cuando hace unos años se estancó la investigación sobre el atraco a un banco en Virginia, la policía local recurrió a Google.

Las autoridades entregaron al gigante tecnológico una “orden de geocerca” (geofence warrant), que exigía a la empresa analizar los datos de ubicación de millones de personas para identificar a un puñado de individuos cuyos teléfonos móviles los situaban a menos de 300 metros del banco en el momento del atraco.

Con los datos en su poder, la policía resolvió el caso. Sin embargo, también desencadenó un desafío constitucional que ahora se encuentra ante la Corte Suprema.

Este lunes, los magistrados debatirán si estas órdenes de amplio alcance dirigidas a empresas tecnológicas en lugar de a sospechosos individuales son compatibles con la prohibición de registros irrazonables establecida en la Cuarta Enmienda.

En una época en la que los ciudadanos estadounidenses almacenan enormes cantidades de datos en línea, la decisión de la Corte podría facilitar a las fuerzas del orden la resolución de delitos, pero también exponer ante las autoridades vastos repositorios de información personal.

“Es algo de enorme trascendencia”, afirmó William McGeveran, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota y experto en derecho de privacidad de datos. “Las cuestiones que aquí se plantean son aplicables a cualquier tecnología digital que rastree su ubicación, lo cual abarca una gran cantidad de dispositivos y servicios”.

En Virginia, la policía sostiene que, en 2019, Okello Chatrie entregó una nota a un cajero bancario instándole a “entregar todo el efectivo” y exigiendo “al menos 100.000, así nadie saldrá herido y su familia quedará libre”. Inicialmente, la policía no logró identificar a ningún sospechoso. No obstante, los agentes observaron en las cámaras de seguridad que el autor utilizaba su teléfono antes de cometer el atraco. Fue entonces cuando solicitaron a Google los datos de ubicación.

Una vez identificado Chatrie, las autoridades ejecutaron órdenes de registro federales y hallaron en su dormitorio “notas de exigencia propias de un atraco”, cerca de US$ 100.000 en efectivo y una pistola de 9 mm. La policía afirma que Chatrie confesó haber cometido el atraco y, finalmente, fue condenado a más de 11 años de prisión.

Chatrie se declaró culpable bajo condición, reservándose el derecho a interponer un recurso de apelación en relación con la orden de geocerca. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito con sede en Richmond falló en su contra, dictaminando que dicha orden no constituía un “registro” a los efectos de la Cuarta Enmienda. Al fin y al cabo, argumentó el tribunal, cuando las personas permiten que las empresas tecnológicas recopilen sus datos, por lo general lo hacen de manera voluntaria. Se trata de un argumento en el que el Departamento de Justicia, que defiende las órdenes judiciales, se apoya firmemente.

Chatrie “no tomó ninguna medida para proteger la confidencialidad de su ubicación, como pausar la función de Historial de Ubicaciones que tenía activada, o ajustar, desactivar o prescindir de su teléfono celular durante la comisión de su delito”, declaró ante la Corte Suprema el procurador general D. John Sauer.

Sin embargo, los abogados de Chatrie sostienen que esta lógica no es aplicable a su caso, en parte debido a un precedente establecido por la Corte Suprema en 2018. En aquel caso, Carpenter vs. Estados Unidos, una Corte dividida dictaminó que, por norma general, las fuerzas del orden deben demostrar la existencia de causa probable antes de acceder a los datos de las torres de telefonía celular para rastrear los movimientos de los sospechosos. Si las autoridades requieren una orden judicial para obtener datos de las torres de telefonía, argumentaron los abogados de Chatrie, entonces, con mayor razón, deben obtenerla para acceder a datos que resultan ser mucho más precisos.

Los datos de ubicación en cuestión en el caso de Chatrie permiten determinar la posición de una persona con una precisión de tres metros cada dos minutos.

“Puede que la tecnología sea novedosa, pero el problema constitucional que plantea no lo es”, afirmó ante la Corte Suprema Adam Unikowsky, abogado de Chatrie. “La Cuarta Enmienda surgió de la profunda aversión que sentían los padres fundadores hacia las órdenes de registro generales y las órdenes de asistencia (writs of assistance), instrumentos que facultaban al Gobierno para realizar registros primero y formular sospechas a posteriori”.

En la sentencia del caso Carpenter, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts —de tendencia conservadora— se sumó a la mayoría junto con el ala liberal de la Corte, compuesta en aquel entonces por cuatro magistrados. Tres de los actuales magistrados conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— emitieron votos disidentes.

Desde entonces, se han incorporado al tribunal tres nuevos magistrados: los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, y la liberal Ketanji Brown Jackson.

Las órdenes de registro basadas en geocercas han dividido a los tribunales inferiores, y los casos relacionados con la Cuarta Enmienda pueden dar lugar a alianzas impredecibles en la Corte Suprema, que intenta conciliar un lenguaje ratificado en 1791 con dispositivos de rastreo GPS, conversaciones con inteligencia artificial y cámaras de videoportero.

En una importante decisión de 1967, la Corte Suprema dictaminó que la Cuarta Enmienda exigía a los agentes federales obtener una orden judicial antes de intervenir un teléfono público. Dicha decisión estableció la idea de que la Constitución ofrece protección contra los registros, incluso en ausencia de una intrusión física. Una opinión concurrente en ese fallo, emitida por el juez John Marshall Harlan II —nominado por el presidente Dwight D. Eisenhower—, sugería que se produce un registro siempre que el gobierno vulnera una “expectativa razonable de privacidad”.

Esa idea ha constituido una fuerza dominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de la Cuarta Enmienda durante décadas.

En 1979, la Corte dictaminó que la policía no había violado la Cuarta Enmienda al obtener de la compañía telefónica un registro de llamadas salientes —un dispositivo que registraba los números marcados— desde el domicilio de un sospechoso. En aquel caso, la Corte razonó que los números marcados constituían “registros comerciales” y que el sospechoso no tenía una expectativa razonable de privacidad respecto a ellos, dado que había revelado voluntariamente a la compañía telefónica el número que había marcado.

Más recientemente, en 2012, una Corte unánime sostuvo que la policía no podía colocar un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de un sospechoso sin contar con una orden judicial. Esa decisión, a la que se adhirieron cinco de los actuales miembros de la Corte, resultó significativa por haber revitalizado la idea de que la Constitución protege la propiedad de las personas frente a registros irrazonables. Los datos informáticos, argumenta Chatrie, constituyen una forma de propiedad: un análogo moderno de los “papeles y efectos” citados específicamente en la Cuarta Enmienda.

Google, empresa que había recibido la mayoría de dichas órdenes judiciales, modificó su política para alterar la forma en que se almacenan los datos. Debido a ello, el gobierno federal argumentó inicialmente que el caso había quedado, en la práctica, sin objeto.

No obstante, señaló McGeveran, los principios en juego podrían tener, pese a todo, un alcance tan amplio que abarque desde las transacciones financieras, las fotografías y los correos electrónicos hasta una cantidad incalculable de otra información que termina alojada en servicios de almacenamiento en línea.

“Tal vez ya no represente esa especie de ‘ventanilla única’ para las fuerzas del orden”, afirmó, “pero sigue siendo una tecnología que, con toda probabilidad, continuarán utilizando”.

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