La travesía de una familia migrante venezolana, con un recién nacido, que abandonó su hogar por temor a redadas de ICE

Por Susana Erazo, CNN en Español

Osmeilys tenía dos días de haber dado a luz cuando, junto a su esposo, su recién nacido y su hijo de 10 años, decidieron no regresar a su hogar después de que un vecino tomara y les enviara videos en los que se veía a agentes de ICE arrestar a varias personas en su edificio como parte de una redada migratoria. Desde entonces, la familia no ha salido del país, pero su vida en Estados Unidos se ha visto significativamente trastocada.

“Ese día teníamos planificado un examen médico para mi niño recién nacido. Cuando salimos con mi esposo, no sabíamos que no íbamos a poder volver nunca, porque aparentemente los agentes están yendo todos los días”, dijo con temor en la voz. Por seguridad, pidió no mostrar su rostro ni nombrar su apellido.

Osmeilys y su esposo, ambos originarios de Venezuela, ingresaron a Estados Unidos en 2023, luego de haber solicitado asilo en el país a través de la aplicación CBP One bajo la administración de Joe Biden. Sin embargo, no continuaron con el proceso porque consideraban no ser elegibles para solicitar asilo al no ser víctimas de ningún tipo de persecución. Ese mismo año, su esposo logró obtener un permiso de trabajo a través de la misma aplicación. Luego, en enero de 2025, el Gobierno de Donald Trump inhabilitó esa aplicación como parte de su agenda.

La plataforma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que cerró minutos después de la toma de posesión de Trump, permitía a los migrantes solicitar la entrada legal a Estados Unidos, además de acceder a una variedad de servicios. Con su cierre, no solo dejó de recibir solicitudes: también se cancelaron las citas existentes. Entre los afectados estuvieron Osmeilys y su familia.

En marzo de 2025, DHS convirtió CBP One en CBP Home, una aplicación en la que los migrantes, en lugar de solicitar asilo, pueden informar su intención de “autodeportarse”. A cambio de irse, DHS ofrece a los inmigrantes un incentivo financiero que inicialmente era de US$ 1.000, que se pagaban tras la confirmación, a través de la aplicación, de que había la persona abandonado el país. Recientemente esa cantidad se incrementó a US$ 2.600.

En palabras de la entonces secretaria Kristi Noem, destituida por Trump el mes pasado, la medida “restauraba la integridad del sistema de inmigración de Estados Unidos”.

Hace unas semanas, Osmeilys y su esposo, Luis, salieron rumbo a una cita médica para su bebé recién nacido cuando les avisaron de controles migratorios en la zona. Por seguridad, decidieron no regresar y tuvieron que planificar una mudanza inmediata. Ella dice que eso los obligó a buscar ayuda y, consecuentemente, a perder muchas de sus pertenencias. “Tenía apenas dos días de haber dado a luz y pasé todo el día en el carro”, contó.

Según el testimonio de Osmeilys, sus entonces vecinos, quienes también son inmigrantes que aún residen en el edificio, le han dicho que “viven encerrados y no están mandando a los niños a la escuela por lo que está pasando”. Añadió que el arrendador habló con agentes federales, quienes le habrían dicho que ICE buscaba a una persona en específico.

CNN contactó a ICE para solicitar comentarios y está a la espera de una respuesta. También verificó que ambos inmigrantes no tienen antecedentes penales.

Osmeilys dice que, tras quedarse sin hogar, una amiga de la familia la puso en contacto con la dueña del edificio donde viven ahora, un espacio que está relativamente lejos de su antigua vivienda, donde pudieron conseguir un lugar seguro por el momento. “Ha sido demasiado fuerte, pero lo que importa es que estemos juntos y un poco más tranquilos”, dijo.

Sin embargo, las preocupaciones aumentan. “La dueña nos dejó arrendar sin pagar el depósito, que son más de US$ 800. Nos dijo que primero solucionemos nuestra situación laboral y luego lo solventamos, además de poder firmar el contrato, que aún no se ha firmado”, contó. También dijo que la familia enfrenta gastos médicos por maternidad que suman cerca de US$ 9.000.

Osmeilys afirma que cuando la administración Trump cerró la aplicación CBP One, a su esposo le revocaron el permiso de trabajo que había obtenido en 2023 y tuvieron que buscar otras opciones laborales para cubrir los gastos del hogar. “Le hablaron en Recursos Humanos y le dijeron que había un problema con su permiso y no se pudo solucionar”, dijo.

Aún con deudas médicas y de vivienda acumuladas, la familia quiere permanecer en Estados Unidos y dice estar buscando asesoría legal para ajustar su estatus migratorio. Asimismo, alega que asistieron a varias citas de control migratorio hasta el año pasado, pero que dejaron de acudir tras conocer casos de familias que fueron detenidas al presentarse y luego deportadas.

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