Jueza dictamina que el decreto de la administración Trump de despedir a empleados de FEMA fue ilegal
Por Fadel Allassan y Aleena Fayaz, CNN
Una jueza federal dijo en un escrito presentado el viernes que un decreto de la administración Trump para que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) redujera su plantilla casi a la mitad era ilegal.
En una decisión que supuso una victoria crucial para los trabajadores sindicalizados en la demanda en curso, la jueza federal de distrito Susan Illston, del norte de California, afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “actuó de forma arbitraria y caprichosa” cuando revocó la autoridad de FEMA para renovar los contratos de los equipos de respuesta a desastres de guardia de la agencia. También reprendió a los funcionarios por eliminar mensajes de Signal que podrían haberse utilizado como pruebas en la demanda.
Los equipos del Cadre de Respuesta y Recuperación de Guardia, conocidos como CORE, conforman alrededor del 40 % de la plantilla de FEMA. Estos equipos suelen ser los primeros efectivos federales sobre el terreno cuando azotan huracanes y otros desastres de gran magnitud. Muchos de esos trabajadores supervisan la distribución de ayuda y el financiamiento a largo plazo para estados y comunidades.
Tradicionalmente, los trabajadores de CORE han tenido contratos de dos a cuatro años que casi siempre se renovaban. Pero, en medio de una intensa iniciativa de la administración Trump para reducir el tamaño del Gobierno federal en 2025, el DHS limitó a FEMA a renovar estos contratos por periodos de 180 días mientras estudiaba un plan a largo plazo para reducir la agencia.
En enero, el DHS ordenó a FEMA que dejara vencer al menos algunos de esos contratos para obligar a los empleados a marcharse a medida que expiraran sus contratos.
Las medidas formaban parte de una iniciativa más amplia de la administración Trump para reformar FEMA, reducir su tamaño y transferir a los estados una mayor responsabilidad en materia de respuesta y recuperación ante desastres. Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su Gobierno ha sostenido que la agencia de asistencia ante desastres es ineficaz, partidista y sobredimensionada, pese a que un informe de 2023 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno concluyó que la agencia enfrentaba un déficit de personal de más de 6.000 empleados.
Aunque FEMA forma parte del DHS, el Congreso aprobó en 2006 una ley que establecía que el secretario de Seguridad Nacional “no podrá reducir de manera sustancial o significativa” las “facultades, responsabilidades o funciones” de FEMA.
Illston señaló que el DHS estaba exento de la congelación de contrataciones decretada por Trump en enero de 2025, pero que el departamento posteriormente interpretó que las “nuevas contrataciones” contempladas en dicha congelación incluían las renovaciones del personal CORE de FEMA.
En referencia a la decisión del DHS de revocar la autoridad de FEMA para renovar esos nombramientos de CORE, Illston escribió: “No hay pruebas en el expediente que reflejen una decisión razonada para este cambio de postura ni para las condiciones posteriores que el DHS impuso a la autoridad de renovación de FEMA”.
Un portavoz de FEMA dijo en un comunicado que la agencia “sigue manteniendo una plantilla de líderes experimentados y personal de apoyo tanto en la sede central como en las oficinas regionales”.
“Estamos garantizando la estabilidad de la plantilla y una fuerza sólida y desplegable para los próximos eventos nacionales y posibles desastres; haciendo que la agencia sea más eficiente, rápida y esté totalmente centrada en apoyar a sus socios estatales, locales, tribales y territoriales antes, durante y después de los desastres”, dijo el portavoz.
En un escrito separado, Illston dijo que el uso de Signal, una aplicación de mensajería segura con sólidas funciones de privacidad, por parte de la exdirectora interina de FEMA Karen Evans y del ex vicesecretario general del DHS Joseph Guy infringió la ley federal y las políticas del departamento.
Evans creó un chat de Signal que “parecería ser muy relevante para este caso”, con los mensajes de texto configurados para eliminarse automáticamente después de cuatro semanas, escribió la jueza. En marzo, después de haber sido nombrada como demandada en la causa, Evans acortó el plazo de eliminación automática.
Evans creó una copia de seguridad de sus mensajes de Signal en abril de 2026, “para cuando los mensajes más pertinentes ya habían sido eliminados hacía mucho tiempo”, escribió Illston. El tribunal determinó que las acciones de Evans fueron intencionales.
“Evans debería haberlo sabido”, escribió Illston. “Anteriormente se desempeñó como directora de Información del DHS y estuvo a cargo de las políticas de conservación de registros de la agencia”.
La jueza prohibió a la administración apoyarse en futuros procedimientos en cualquier testimonio previo que niegue los planes de reducir drásticamente la plantilla de FEMA o la participación del DHS en el asunto.
En esos procedimientos adicionales, escribió, “el tribunal presumirá que los mensajes perdidos de Signal habrían sido desfavorables para los demandados porque habrían constituido pruebas adicionales del plan de los demandados, del control del DHS y de las medidas de implementación adoptadas por los demandados”.
Las decisiones suponen una victoria para la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y la AFL-CIO, los sindicatos que interpusieron la demanda. Sin embargo, Illston no abordó qué medidas correctivas debía proporcionar el Gobierno y ordenó a las partes llegar a un acuerdo sobre el alcance de dichas medidas.
Los sindicatos habían solicitado la revocación de todos los avisos de no renovación enviados a los empleados de CORE desde principios de año y la reincorporación de los empleados a sus puestos, además de impedir que la agencia implementara un plan para recortar el 50 % de su plantilla.
Pero Illston señaló que esas medidas serían demasiado amplias porque FEMA ya no está dejando sistemáticamente sin renovar los contratos de CORE “y actualmente no hay indicios de que FEMA esté tomando otras medidas” respecto del plan de recortar la mitad de su plantilla. No obstante, la jueza dijo que el DHS “sigue usurpando la autoridad de FEMA” al ordenar a la agencia que ofrezca contratos de hasta 180 días.
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