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Primero en CNN: DeSantis toma nuevas medidas para volver a enviar inmigrantes a ciudades demócratas

Alexandra Ferguson

(CNN) — El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está tomando medidas para volver a enviar migrantes a ciudades lideradas por los demócratas como una afrenta a las políticas de inmigración del Gobierno de Biden. Así se une a otros gobernadores republicanos que han trasladado migrantes en autobús hacia el norte.

Florida seleccionó múltiples empresas para ejecutar la siguiente fase del programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis, según una fuente familiarizada con el proceso, lo que pone en marcha los proyectos para transportar a los inmigrantes a otras ciudades, tal como lo hizo el año pasado.

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Los nuevos contratos llegan mientras la administración de Biden enfrenta una afluencia de inmigrantes en la frontera entre EE.UU. y México en previsión de que esta semana expire una restricción fronteriza de la era de covid-19, conocida como Título 42. Y prepara a DeSantis para meterse de nuevo en el feroz debate sobre inmigración del país justo cuando se espera que lance su campaña presidencial para 2024.

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En declaraciones a CNN, la portavoz de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Alecia Collins, confirmó que el estado había “seleccionado a varios proveedores en función de sus capacidades para llevar a cabo el programa”.

Los gobernadores republicanos han criticado repetidamente la gestión del presidente Joe Biden de la frontera entre EE.UU. y México, lo que ha llevado al gobernador de Texas, Greg Abbott, a trasladar en autobús a los inmigrantes a las ciudades gobernadas por los demócratas. La Casa Blanca, en respuesta, ha contraatacado, calificando de “maniobras políticas” los esfuerzos por transportar a los inmigrantes sin coordinarse con las ciudades receptoras.

“Estamos utilizando las herramientas que tenemos ante nosotros para hacer frente a este problema”, dijo este lunes a los periodistas la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, refiriéndose al creciente número de inmigrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. “Los funcionarios republicanos quieren hacer otra cosa: quieren hacer campaña sobre este tema, quieren hacer maniobras políticas, eso es lo que estamos viendo por parte del gobernador de Texas”.

El número de autobuses que se dirigen al norte disminuyó en los últimos meses al reducirse los cruces fronterizos, pero está volviendo a aumentar.

El pasado septiembre, DeSantis organizó dos vuelos para transportar inmigrantes desde San Antonio a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, liberando a casi 50 inmigrantes en una comunidad vacacional desprevenida. Aunque la Casa Blanca lo tachó de maniobra política y los defensores de los inmigrantes lo criticaron con dureza, sus hazañas le valieron a DeSantis la aclamación de los republicanos y la cobertura elogiosa de los medios conservadores.

No está claro si las empresas recientemente seleccionadas por el gobierno de DeSantis se encargarán de transportar a personas desde Florida o si operarán en estados cercanos a la frontera. Mientras Florida buscaba proveedores para el transporte de migrantes de DeSantis, se negó repetidamente a divulgar esos detalles específicos, diciendo a las empresas que esos detalles se proporcionarán más adelante cuando se soliciten sus servicios, según los registros de las licitaciones.

DeSantis tampoco ha sido muy claro sobre cómo pretende utilizar los US$ 22 millones que la legislatura de Florida reservó para su programa de transporte de inmigrantes. En una rueda de prensa reciente, DeSantis respondió con evasivas a la pregunta de cuándo continuaría el programa, aunque insinuó que en el horizonte se vislumbraban medidas futuras.

“Es posible que tengamos un anuncio pronto sobre tal vez un esfuerzo más coordinado para responder a lo que es un fracaso catastrófico de la política por parte del gobierno federal”, dijo DeSantis el viernes.

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La solicitud estatal de propuestas para administrar el programa de transporte, publicada el 31 de marzo, sugiere que se avecinan cambios.

En una lista de objetivos de una página, se decía a las empresas que se encargarían de casi todos los aspectos del viaje, desde identificar e investigar a los posibles inmigrantes hasta proporcionarles comida y alojamiento, coordinar su llegada y organizar los servicios.

Ese acuerdo propuesto marca un cambio de estrategia con respecto a las misiones de septiembre a Martha’s Vineyard, cuando un alto asesor de DeSantis, Larry Keefe, ayudó a coordinar los vuelos y trabajó con un exagente de contrainteligencia del Ejército para reclutar inmigrantes en San Antonio ofreciéndoles comida y dinero y prometiéndoles empleos y ayuda con el proceso de inmigración. La naturaleza clandestina de esa misión, detallada en registros públicos y entrevistas, suscitó la condena generalizada de los defensores de los inmigrantes, que calificaron sus esfuerzos de manipuladores.

Ahora, corresponderá a las empresas reclutar a las personas que serán transportadas. El Gobierno de DeSantis se negó a responder cuando se le preguntó cómo planeaban los proveedores elegidos identificar e investigar a los inmigrantes.

Pero el Gobierno de DeSantis ofreció pocos detalles adicionales a los proveedores del servicio sobre el alcance del programa. Las empresas solo tenían cuatro días para hacer preguntas al estado sobre el trabajo y dos semanas para responder con sus ofertas, según un calendario anunciado por el estado.

La División de Gestión de Emergencias de Florida, en respuesta a las preguntas escritas de los posibles proveedores, no quiso decir dónde se recogerá a los inmigrantes ni a dónde se les enviará, cuántos se trasladarán por viaje, la duración típica del viaje, cuánto deben esperar que se les pague o si las comidas proporcionadas a los inmigrantes deben ser calientes o frías.

La división tampoco daría orientaciones sobre cómo las empresas de transporte deben poner en contacto a los inmigrantes con los servicios sociales una vez llegado a su destino, como exige el programa.

“Los proveedores deben proponer cómo piensan identificar los servicios sociales en el lugar de destino y cómo piensan proporcionar información relacionada con los servicios sociales a los participantes en este programa”, escribió la división en respuesta a una pregunta.

Se dijo a los proveedores que debían proporcionar traductores de español y criollo-haitiano y cumplir todas las leyes estatales y federales. Se les ha ordenado que destruyan todos los duplicados de registros públicos creados durante las misiones. Las empresas deberán proporcionar transporte bajo pedido y solo tendrán tres días para movilizarse una vez que el estado solicite sus servicios.

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Según la solicitud de propuestas, solo pueden optar al transporte las personas que hayan sido procesadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Mientras el estado buscaba contratistas para realizar las obras, persistía la confusión sobre lo que se pedía a las empresas. Los proveedores preguntaron en repetidas ocasiones qué “servicios auxiliares” adicionales debían prestar aparte de las comidas y el alojamiento, pero el Estado dijo que eran ellos quienes debían proponerlos.

Una empresa preguntó si se permitiría a los inmigrantes bajarse del autobús antes de llegar a su destino.

“Sí”, respondió el estado. “Este programa es totalmente voluntario”.

Otra pregunta planteaba si los proveedores participantes necesitaban planes para separar a hombres, mujeres y niños. El estado respondió que “no prevé” reubicar a niños sin padre o tutor.

“El plan debe garantizar que todas las personas extranjeras no autorizadas sean alojadas de forma segura y adecuada”, dijo el estado.

La última pregunta que recibió el estado indagaba sobre la documentación necesaria para determinar si alguien cumplía los requisitos para ser transportado.

Esa cuestión también correspondía a los proveedores, dijo el estado.

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