Activistas vinculan a una organización estadounidense sin fines de lucro con leyes anti-LGBTQ en África. El grupo dice que solo promueve “valores familiares”
Alexandra Ferguson
Nairobi, Kenya (CNN) — En una oscura noche hace seis meses, Adrian se armó de valor para huir. Llevaba días huyendo, con heridas recién cosidas en el muslo, y cruzó con dificultad la frontera a pie.
“Crucé un pantano en la frontera. Cuando llegué a una vía férrea protegida por la policía de Kenya, tuve que sobornarlos para poder pasar”, cuenta.
El viaje de Adrian, de joven profesional prometedor con un trabajo de marketing en Uganda, a solicitante de asilo a la fuga, comenzó con su padre, un destacado hombre de negocios musulmán de la capital, Kampala. Adrian cuenta que su padre le dijo que quería restaurar la dignidad de su familia.
“Agarró un cuchillo que tenía cerca. Creyó que podía cortarme en pedazos”, cuenta Adrian, mostrando las cicatrices irregulares que surcan su pierna.
“En Uganda, cuando matan a alguien de la comunidad LGBT, no es un gran problema”.
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Esconderse del odio
Adrian habló con CNN en una casa de seguridad de Nairobi, donde se refugió con otros cuatro solicitantes de asilo ugandeses. Como muchas de las personas entrevistadas para esta investigación, CNN accedió a utilizar un seudónimo para proteger su identidad, debido a los riesgos para su seguridad.
Incluso de día, las cortinas del refugio están cerradas.
“Con el odio en el que vivimos hoy en día, si salgo ahí fuera y se dan cuenta de que soy miembro de la comunidad LGBTQ, tarde o temprano me matarán”, afirma.
No está claro cuántos ugandeses han huido a Kenya, pero los grupos de derechos humanos de ambos países afirman que el número ha aumentado considerablemente desde que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó en mayo una de las leyes contra el colectivo LGBTQ más duras del mundo, que incluye la pena de muerte.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la ley de “trágica violación de los derechos humanos universales” y exigió su derogación. “Nadie debería tener que vivir temiendo constantemente por su vida o ser objeto de violencia y discriminación. Es un error”, afirmó.
Pero, a pesar de la condena de la Casa Blanca, un destacado grupo de presión estadounidense se ha enfrentado a persistentes acusaciones de propagar el sentimiento anti-LGBTQ en varios países de África. Durante meses, CNN ha investigado si la organización Family Watch International, con sede en Arizona, y su fundadora Sharon Slater, han ayudado a promover una serie de proyectos de ley homófobos en Uganda, Kenya y Ghana. El grupo ha negado estas acusaciones en repetidas ocasiones.
“Valores familiares”
Family Watch International afirma que su misión es “proteger y promover la familia como unidad fundamental de la sociedad”. Hace campaña contra la enseñanza a los jóvenes de temas relacionados con el colectivo LGBTQ, la salud sexual y otras áreas que considera una amenaza para la “familia natural”, ejerciendo presión en las Naciones Unidas, en Estados Unidos y en otros países.
La organización ha recibido a políticos clave que impulsan leyes anti-LGBTQ. Slater ha dirigido o convocado múltiples conferencias sobre “valores familiares” en todo el continente africano, tanto en persona como a distancia.
La promoción de políticas por parte de grupos conservadores estadounidenses en África no es poco habitual. CNN ha informado anteriormente de que el Congreso Mundial de Familias, un grupo estadounidense ultraderecha con influencia mundial, puede haber desempeñado un papel en la represión de la comunidad LGBTQ de Ghana, entre otras cosas influyendo en algunos de los proyectos de ley más duros del continente. En su momento, su líder afirmó que no habían influido en el proyecto de ley ghanés.
Además de estar influidas por grupos evangélicos estadounidenses, las leyes anti-LGBTQ de varios países africanos tienen sus raíces en la época colonial, incluidas las disposiciones británicas contra la sodomía. Cuando el Reino Unido despenalizó los actos sexuales entre personas del mismo sexo en 1967, muchas antiguas colonias ya se habían independizado y las leyes vigentes se mantuvieron.
Sin embargo, en la actualidad ha habido un impulso para aclarar y, en algunos casos, reforzar estas leyes.
En 2013, Nigeria aprobó un proyecto de ley que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, con penas de hasta 14 años de prisión. Un año después, el presidente de Uganda promulgó la Ley contra la Homosexualidad, que posteriormente fue anulada por un tribunal ugandés por motivos de procedimiento después de que los gobiernos occidentales suspendieran algunas ayudas.
Pero en los últimos años, los políticos africanos han empezado a proponer una nueva generación de leyes contra el colectivo LGBTQ. Los proyectos de ley de Ghana, Uganda y Kenya se disfrazan de “valores familiares”, pero se basan en severos castigos para la comunidad homosexual y quienes la apoyan.
Ghana podría aprobar en breve una de las leyes más duras, conocida como Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de Ghana, después de que su Corte Suprema desestimara un recurso judicial en julio.
En Uganda, ser homosexual puede ser castigado con cadena perpetua o pena de muerte por determinados actos homosexuales. La nueva ley, a la que se culpa del aumento de la violencia contra los miembros de la comunidad LGBTQ, recibió un fuerte apoyo de los diputados ugandeses. Activistas ugandeses y grupos de la sociedad civil están impugnando la ley ante los tribunales.
“Las leyes están muy organizadas en su planificación y en la movilización política de la población para apoyar la causa. La aprobación de la ley es tan solo el colofón de ese proceso tan meticuloso”, afirma Nicholas Opiyo, destacado defensor ugandés de los derechos humanos.
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Amigos influyentes
Tal vez la ilustración más simbólica de la influencia de Family Watch International se produjo en una conferencia celebrada en Entebbe (Uganda) el pasado mes de abril.
En una foto de la conferencia, la cofundadora de Family Watch International, Sharon Slater, aparece en una pequeña foto de grupo con el presidente de Uganda.
La conferencia sobre educación sexual tuvo lugar pocas semanas antes de que Museveni firmara la Ley contra la Homosexualidad en mayo. Museveni y la primera dama elogiaron la labor de Slater y su organización en reuniones públicas.
Family Watch International afirma que esas reuniones fueron improvisadas y que no estaba a cargo de la conferencia de Entebbe.
Pero una fuente directamente implicada en el evento dijo que Slater y Family Watch International fueron, de hecho, vitales en la planificación de la conferencia de Entebbe -incluso sugiriendo un cambio de nombre para evitar “una reacción negativa significativa”.
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Y aunque Family Watch International afirma que no está implicada en modo alguno con la ley, la misma fuente afirmó que el grupo ha ayudado a miembros del parlamento a impulsar la legislación y ha contribuido a moldear su redacción.
“El personal de Family Watch International hizo repetidos cambios al borrador”, dijo la fuente, sugiriendo incluso cláusulas que deberían añadirse al texto.
CNN siguió a Slater hasta una conferencia en la sede de la ONU en Nueva York en noviembre. La cofundadora de Family Watch International dijo que las acusaciones son “absurdas”.
Sharon Slater, fundadora de Family Watch International, habla con la primera dama de Uganda en Entebbe en abril. Crédito: Janet K Museveni, primera dama de la República de Uganda
“Tengo documentos que puedo mostrarles más adelante de que no he participado en ninguna de esas leyes, punto, es simplemente absurdo”, dijo.
Un representante de Family Watch International, preguntado por los documentos, compartió más tarde con CNN un texto profundamente homófobo de la oficina del presidente Yoweri Museveni.
En él, Museveni da un extraordinario respaldo al trabajo de Slater y afirma que ella no participó en “la creación, promoción o apoyo” de la ley. En cambio, dice que ella sugirió un “refugio seguro” para los “homosexuales”. La ley definitiva ugandesa permite la “rehabilitación de delincuentes”, incluida la ampliamente desacreditada terapia de conversión.
Family Watch International ha declarado en repetidas ocasiones que está en contra de la pena de muerte y el encarcelamiento de miembros de la comunidad LGBTQ y que no apoya la ley, pero un líder juvenil con vínculos estrechos con la organización en Kenya tenía una opinión diferente.
Tobias Nauruki, representante de la Empowered Youth Coalition, acababa de regresar de las mismas reuniones en la ONU, donde publicó fotografías de los edificios de la ONU y fotos de grupo con destacados parlamentarios contrarios al colectivo LGBTQ.
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Family Watch International afirmó que Nauruki “no está autorizado a hablar” en su nombre.
“Estoy contento por las leyes que se están impulsando. En primer lugar, me van a proteger a mí como persona, a Tobias, y a las generaciones que espero tener en un futuro próximo”, dijo, refiriéndose a sus futuros hijos. “La protección del mantenimiento y la promoción de los valores familiares es muy importante para mantener las tradiciones que ha habido”.
Tobias Nauruki durante su entrevista con CNN. Crédito: Fabien Muhire/CNN
Nauruki afirmó que las personas LGBTQ deberían ser encarceladas si infringen las leyes, pero que se les debería dar la oportunidad de convertirse. Añadió que los casos de acoso y abusos contra personas LGBTQ citados por grupos de derechos humanos son “menores”.
Una nueva y dura realidad
Pero la aparición de un proyecto de Ley de Protección de la Familia en Kenya, que castigaría las relaciones homosexuales con la cárcel, ha sumido aún más en la sombra a la comunidad queer de Kenya.
El proyecto de ley salió a la luz tras una sentencia de febrero de la Corte Suprema keniana que permitía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (NGLHRC, por sus siglas en inglés) registrarse oficialmente como defensora de la comunidad LGBTQ, lo que suscitó elogios de los activistas LGBTQ, así como reacciones en contra.
“Fue muy sorprendente que se produjera una reacción tan grande y horrible contra algo en lo que llevábamos trabajando 10 años”, declaró Njeri Gateru, directora ejecutiva de la NGLHRC. “Se trata claramente de un intento deliberado de criminalizar los cuerpos y las vidas queer”.
Gateru afirma que los casos de acoso a miembros de la comunidad queer se han duplicado en los últimos dos años, con más de 1.000 casos registrados hasta agosto de este año solamente.
Nairobi ha sido durante mucho tiempo un lugar de relativa tranquilidad para los africanos LGBTQ. Hay varios bares y lugares de encuentro gay muy conocidos, y los kenianos transexuales estaban relativamente seguros en ciertas zonas.
Una mujer sostiene una bandera del orgullo durante una protesta organizada por The Queer Republic en Nairobi en enero de 2022. Crédito: Patrick Meinhardt/AFP/Getty Images
Lo más importante es que, si el proyecto se convierte en ley, prohibirá a los africanos LGTBQ solicitar asilo o que se les conceda el estatuto de refugiado en Kenya, y expulsará a los condenados en virtud de la legislación.
Entre sus medidas draconianas, el proyecto de ley amenaza con una multa de 10 millones de chelines kenianos (US$ 65.000) o 10 años de cárcel por financiar grupos LGBTQ+, y prohíbe su existencia. Los propietarios que a sabiendas alquilen viviendas a personas LGBTQ+ pueden ser multados o encarcelados hasta siete años.
La sensación de seguridad ya ha cambiado desde que se hizo público el proyecto de ley y los políticos, incluido el presidente William Ruto, empezaron a pronunciarse en contra de los derechos de los homosexuales.
Grupos como Galck+, una organización paraguas de LGBTQ+ en Kenya, reciben llamadas de socorro día y noche. “Desde que se empezó a debatir el proyecto de ley, los caseros están desalojando a personas queer, las personas queer no pueden acceder libremente a los servicios de salud, la gente está siendo objeto de ataques”, afirmó Kelly, que dirige el equipo de intervención, y pidió que CNN no utilizara su nombre real. La organización ha identificado “zonas rojas” en la capital donde no es seguro ir.
A pesar de la reacción internacional contra el proyecto de ley, especialmente por parte de los países donantes, los legisladores kenianos siguen adelante.
“Cuando cometes actos LGBT, que están prohibidos en Kenya, te conviertes en un delincuente”, declaró a CNN el político de la oposición Peter Kaluma, principal promotor del proyecto de ley.
Acababa de regresar de las mismas reuniones a las que Nauruki, representante de los jóvenes, y Slater asistieron en la ONU en Nueva York. En su estantería hay un libro de Sharon Slater sobre valores familiares. Dice que no lo ha leído.
El político de la oposición keniana Peter Kaluma, principal promotor de la Ley de Protección de la Familia 2023 de Kenya, muestra un ejemplar del libro de Sharon Slater, “Stand For The Family”, en su despacho de Nairobi.Crédito: Sarah Dean/CNN
Kaluma negó que tenga una relación estrecha con Slater, aunque dijo que admira sus enseñanzas sobre las “familias tradicionales”.
Dijo que Family Watch International no tuvo nada que ver con la ley keniana.
“No, no pueden. Eso sería decir que no tengo cerebro propio. Para que no haya dudas, no es la primera ley que propongo al Parlamento”, afirmó.
A pesar de las pruebas en contra, Kaluma afirmó que los kenianos no se están tomando la justicia por su mano, y que los ugandeses que huyen a Kenya fingen estar siendo perseguidos.
“Puedo decirles que todo esto son artimañas interesadas”, afirmó, alegando que solo intentan llegar a Estados Unidos o Canadá.
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Sin lugar seguro
La huida de Sylvia de Uganda no tiene nada de ficción.
Contó a CNN que la policía y una turba asaltaron su departamento mientras ella no estaba. Muchos de sus amigos fueron detenidos y golpeados, y ella perdió el contacto con su novia.
Sylvia dice que pensó que había encontrado refugio en casa de su abuela, para luego verse obligada a salir.
“Mi madre vino en persona y me dijo: ‘No eres bienvenida aquí, no eres parte de nuestra familia. O te vas o llamo a la policía’. Lloré porque amo a mi madre”, cuenta.
En el refugio de Nairobi, los ugandeses sienten que su espacio para vivir con seguridad se está acabando, que la ley keniana propuesta representa una amenaza directa para ellos.
Ahora se enfrentan a un complejo proceso de solicitud de asilo y posible traslado al campo de refugiados de Kakuma, en el remoto noroeste de Kenya.
“¿Cuándo va a parar esto?”, se pregunta Ann, que llegó hace apenas una semana. “Si vienes a Kenya, ¿qué va a pasar? Si te vas a otro país, ¿qué te van a hacer allí?”.
Ann, que huyó de Uganda, está sentada en el jardín del refugio de Kenya. No cree que sea seguro salir más al exterior. Crédito: Fabien Muhire/CNN
Ann y Sylvia se turnan para remover suavemente una olla de frijoles que hierve en una bombona de gas. Adrian busca opciones de trabajo a distancia en su laptop. Otro residente de la casa de seguridad lustra sus zapatos en el porche exterior.
Por ahora, están a salvo. Y se tienen los unos a los otros.
“Estar aquí es la mejor sensación que he tenido en mi vida. Ahora vivo con gente que me entiende, que me quiere de verdad por lo que soy. Me da esperanzas de que quizá el mundo no esté en mi contra”, dice Ann.
Ahora son una familia.
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