Petro declara la emergencia económica en Colombia en medio de una encrucijada por la creciente deuda pública
Por Fernando Ramos, CNN en Español
El Gobierno de Colombia declaró este lunes el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, una medida excepcional, contemplada en la Constitución, que le da facultades extraordinarias al presidente para expedir este tipo de decretos. El Ministerio de Hacienda justificó esta medida argumentando que hay una crisis de financiamiento para los presupuestos de 2025 y 2026, agravada por el hundimiento de las leyes de financiamiento en el Congreso y la necesidad de cubrir un déficit fiscal que pone en riesgo el sistema de salud y la seguridad nacional.
“Fue negada en el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto, aprobado por el propio Congreso”, afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en conferencia de prensa el 19 de diciembre.
Según Hacienda, el país enfrenta la crisis fiscal más severa de su historia reciente, con una deuda que alcanza el 61% del Producto Interno Bruto. Bajo el amparo de la emergencia económica, el Ejecutivo puede expedir decretos legislativos con fuerza de ley para adoptar medidas urgentes sin pasar previamente por el Congreso, pero con control posterior de legalidad por parte de la Corte Constitucional.
Varios sectores gremiales sostienen que la emergencia económica no tiene justificación en estos momentos y que el Gobierno debería tomar otras medidas, como el recorte de los gastos del Estado y reducir las contrataciones burocráticas. “El regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas. Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de “Emergencia Económica” son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla. En cambio, son sobradamente violatorias de la Constitución y configuran un caso flagrante de abuso del derecho por parte de los funcionarios del gobierno nacional que lo configuraron”, sostuvo en su cuenta oficial en X Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.
Desde el Congreso, varios senadores han cuestionado que el Gobierno haya declarado la emergencia económica “para obtener los recursos que no pudo lograr por la vía del Legislativo” y sostienen que esa medida deberá ser evaluada por la Corte Constitucional para verificar su pertinencia o si hubo extralimitación de funciones. “Este nuevo decretazo no quedará impune. Los controles actuarán y la @CConstitucional tumbará el decreto por abuso de poder”, dijo la senadora Angélica Lozano del partido Alianza Verde.
La senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del partido de oposición Centro Democrático, sostuvo que esta emergencia económica se traducirá en nuevos impuestos para los colombianos. “El Gobierno decretó la emergencia económica en época electoral. No con base en una catástrofe, sino por derroche, improvisación y mal manejo de las finanzas públicas. Ahora quieren tapar su fracaso cobrándoles más impuestos a los colombianos por decreto, sin debate y sin vergüenza. Los colombianos no causaron esta crisis, pero otra vez pretenden que la paguen con su bolsillo”, afirmó Valencia este martes en un mensaje en su cuenta oficial en la red social X.
El texto del decreto de la declaratoria de emergencia económica contempla la creación de impuestos al patrimonio, gravámenes a los hidrocarburos y a los licores.
Con la expedición de la medida, el Gobierno podrá redirigir recursos de manera inmediata para financiar programas sociales y operativos de seguridad, como la compra de sistemas anti drones, que hoy carecen de fondos.
“El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó la emergencia porque el Congreso bloqueó la ley de financiamiento y puso en riesgo derechos básicos. Este decreto NO afecta a trabajadores, clase media, campesinos, pensionados ni pequeños empresarios. Va directo a los más ricos del país”, aseguró Alejo Toro, representante a la Cámara por el partido de Gobierno Pacto Histórico.
Expertos y gremios han expresado preocupación por el impacto de estas medidas. Sostienen que el impuesto al patrimonio podría tener efectos regresivos sobre empresas pequeñas que no están generando utilidades. Centros de pensamiento como Fedesarrollo han señalado posibles daños a la institucionalidad y la confianza de los mercados de deuda pública.
“No existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno nacional. Los $16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3% del presupuesto para 2026. Imposible argumentar que un impacto de esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, que es lo que exige la Constitución en su artículo 215”, expresó el 19 de diciembre Luis Fernando Mejía, director del Centro de Investigación Económica y Social, Fedesarrollo.
Una postura con la que coincide el exministro de hacienda José Manuel Restrepo. “Este decreto de declaratoria de emergencia económica es francamente muy pobre!!! Plagado de mentiras y errores y confirma lo que se ha dicho. El Gobierno “fabrica” una emergencia económica y luego la “decreta”. No responde a ningún hecho imprevisible o excepcional, ni es una perturbación grave. Buena parte de la argumentación responde a hechos que el propio gobierno ha generado. Tampoco se demuestra una perturbación grave. Difícilmente es susceptible de ser declarado constitucional”, argumentó Restrepo en una publicación en X.
El futuro de la emergencia está ahora en manos de la Corte Constitucional, que ya evalúa convocar a una sala plena extraordinaria para revisar la legalidad del decreto. El tribunal deberá determinar si los hechos invocados por el Gobierno son efectivamente sobrevinientes y graves, o si debieron resolverse mediante el trámite legislativo ordinario.
Actualmente Colombia está en una vacancia judicial que termina el próximo 10 de enero. Las emergencias económicas en Colombia tienen vigencia de 30 días y son prorrogables hasta por máximo 90 días, como consta en el decreto expedido este lunes por la noche.
La semana anterior, el Gobierno también buscó recursos adicionales por la vía del endeudamiento externo. El Ministerio de Hacienda cerró el año 2025 con una serie de movimientos agresivos en los mercados de capitales para enfrentar un panorama fiscal cada vez más estrecho. La reciente emisión de bonos TES por un valor de $23 billones, equivalente a US$6.000 millones, y las operaciones de manejo de deuda externa han generado un intenso debate entre la estabilidad financiera y el creciente costo del endeudamiento.
“Dado que las reservas de caja del Gobierno nacional están en su nivel más bajo de la historia y no hay ni con que pagar salarios (menos cuándo las contrataciones van en cerca de medio millón de personas en el último año, burocracia para que vote), el Gobierno tuvo que emitir deuda en diciembre, algo que nunca pasa (por lo general se deja de emitir en octubre), entre otras cosas para que el mercado tenga cierta predictibilidad y sea líquido. Sin embargo, la desastrosa situación fiscal obligó a emitir en diciembre, y no emitir unos pesitos, sino 6.000 millones de dólares!”, advirtió en su cuenta el X el exdirector del Departamento Nacional de planeación Mauricio Santa María.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida indicando que esta emisión de bonos se hizo ajustada a la ley y que no afectará la deuda pública de la nación. “Nosotros no nos endeudamos para financiar gasto ni corriente ni de inversión del actual Gobierno. Solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos, que, en el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República. La deuda externa de Colombia no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía”, sostuvo el mandatario este lunes.
El expresidente Iván Duque le respondió a Petro y cuestionó el manejo fiscal de este gobierno. “Durante la pandemia manejamos la economía con responsabilidad y rigor fiscal. Entregamos la deuda bruta del Gobierno Central proyectada en 55,1% del PIB para 2023. Hoy, quien nos criticaba la incrementó irresponsablemente al 65%. Debimos acudir al FMI con el que tomamos un crédito flexible; ahora endeuda al país con un privado desconocido, a un costo mucho mayor. Y, además, pretende suplantar al Congreso fabricando una “emergencia económica” inconstitucional para imponer más impuestos al servicio del derroche y la corrupción, a costas de destruir el dinamismo empresarial y la atracción de inversión”, dijo Duque en su cuenta en X.
El aumento de la deuda, que alcanzó aproximadamente el 64,1% del PIB en octubre de 2025, ha tenido consecuencias directas en la percepción internacional del riesgo país. Agencias como Fitch Ratings rebajaron la calificación crediticia de Colombia a ‘BB’, citando el deterioro de las métricas fiscales y la rigidez del gasto público. Esta calificación encarece cualquier nueva deuda que el país intente adquirir en el futuro en mercados extranjeros.
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