¿Qué le pide realmente Trump a Sheinbaum cuando reclama ‘más colaboración’? La respuesta implica riesgos para la presidenta
Análisis por Mario González, CNN en Español
Muchos nos hacemos hoy en México una pregunta que genera acalorados debates: ¿ordenará Trump ataques contra cárteles de la droga en territorio mexicano?. La pregunta deja de ser una especulación si tomamos en cuenta las constantes menciones directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema. La más reciente declaración fue en una entrevista concedida a cuatro periodistas del New York Times el pasado 7 de enero, cinco días de después del operativo en Caracas, en el que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro.
La operación en Venezuela marca un punto y aparte: implica un cambio de rumbo de Estados Unidos en América Latina y una ruptura de las reglas escritas y no escritas sobre diplomacia y política internacional. Es un giro que la administración Trump fue construyendo en el camino, primero con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, luego, al considerar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, según el decreto que firmó el pasado 15 de diciembre y, paralelamente con los ataques a embarcaciones supuestamente cargadas con droga desde septiembre del año pasado.
En al menos doce ocasiones Trump ha mencionado una posible intervención armada en México contra los cárteles, según mi propio conteo, aunque pueden ser más. Y hasta ahora la respuesta de México ha sido la misma (casi el mismo número de veces): la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que una intervención de Estados Unidos en su país no va a suceder, porque ambas administraciones dialogan y colaboran para enfrentar al crimen organizado, pero que la soberanía está por encima de cualquier negociación.
En efecto, ambos gobiernos han dado muestra de colaboración y de resultados y han presumido decomisos históricos de drogas, armas, precursores químicos, la destrucción de laboratorios para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo, además de fuertes golpes a las estructuras criminales que operan en ambos lados de la frontera.
Adicionalmente, el gobierno de Sheinbaum, en actos sin precedentes, entregó decenas de presos vinculados al narcotráfico, requeridos por las autoridades estadounidenses, sin pasar por (los largos) procesos legales de extradición, una decisión que ha generado un debate en México sobre posibles violaciones al marco constitucional.
En 2025 el gobierno mexicano entregó un total de 55 presos y en en dos operaciones fast track. La más destacada entrega fue la de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara y acusado en Estados Unidos del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985. Su traslado a Estados Unidos fue motivo de júbilo entre los agentes de la dirección antinarcóticos y de familiares del extinto agente, que esperaron el momento 40 largos años.
Hoy queda claro que la colaboración hasta el momento parece ser insuficiente para Donald Trump y así lo ha expresado abiertamente. Arrgumenta incluso que México es gobernado en buena parte por estas organizaciones criminales equistadas en el partido gobernante y que la presidenta Sheinbaum tiene temor a enfrentarlas, rechazando la ayuda que el mismo mandatario ha ofrecido.
La presidenta mexicana también ha salido al paso ante estas acusaciones y dice que provienen de la oposición local, que desde su campaña electoral en 2024, fabricó una narrativa en redes sociales que intentaba vincularla al crimen organizado bajo la etiqueta #NarcoPresidenta.
El problema para la presidenta Sehinbaum es que hoy existen indicios de que algunos integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación que gobierna México a través del partido oficialista Morena tienen nexos con organizacines criminales.
Para muchos analistas, la revocación de visados a algunos políticos mexicanos de alto perfil, miembros de Morena, por parte del Departamento de Estado es una señal inequívoca de que existe información sensible al respecto.
Para no ir más lejos, en la orden ejecutiva firmada por Trump hace un año, se establece literalmente que las organizaciones criminales mantienen relaciones intolerables con el gobierno de México: “Las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas (DTOs) tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos, y debemos erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles del entorno bilateral.”
La más reciente amenaza de Trump sobre una eventual acción armada contra los cárteles en territorio mexicano derivó en una llamada telefónica con la presidenta Sheinbaum, con la que, al parecer, se logró disipar por el momento el fantasma de una acción unilateral por parte de la administración Trump. El compromiso habría sido más colaboración y más resultados.
Esta fue la decimoquinta llamada entre ambos mandatarios desde que iniciaron su administración de forma casi paralela, Sheinbaum en octubre de 2024 y Trump en enero de 2025. En promedio casi una llamada por mes de administración, con resultados similares, así que podríamos decir que las llamadas entre ambos, hasta ahora, han tenido algún efecto: si bien no ha conseguido diluir la amenaza de Trump de una acción unilateral en territorio mexicano ni la percepción de que los carteles controlan el país, el gobierno de Sheinbaum al menos ha logrado administrar la crisis que esto genera.
De otro lado, sin embargo, también podemos asegurar que, a pesar de las tantas llamadas, el problema sigue ahí y que Donald Trump espera más colaboración y más resultados…
Pero ¿Qué es más colaboración? ¿con base en qué parámetros y métricas? ¿Qué es lo que Trump quiere de México? ¿Tal vez un golpe en la mesa?
Es muy claro que la administración de Claudia Sheinbaum dio un giro radical a la estrategia de seguridad que heredó de sus antecesor Andrés Manuel López Obrador, la llamada la política de “abrazos, no balazos”, basada en apostar por el origen del fenómeno criminal con más apoyos económicos a los jóvenes que no tienen oportunidades de desarrollo y se ven atraídos por sumarse a las filas de los cárteles, en lugar de confrontar con las fuerzas de seguridad a esas organizaciones.
Pero “abrazos no balazos” fue un rotundo fracaso. Las organizaciones criminales no solamente crecieron sino que ampliaron sus negocios ilegales: tráfico de personas, armas, extorsiones y secuestros, lavado de dinero, por supuesto además de lo relacionado con las drogas. Esto generó también una penetración del crimen en las estructuras políticas como nunca se había visto, con un mayor control de territorio, como dice Trump.
El pasado miércoles 14 de enero la presidenta Sheinbaum habló de la supuesta “narcopolítica” al interior de su movimiento durante su conferencia de prensa matutina. Respondió a una pregunta de un periodista sobre un artículo The Washington Post en el que se aseguraba que, según fuentes familiarizadas con la relación bilateral, la Casa Blanca estaría pidiendo explícitamente al gobierno de México que actúe legalmente en contra los políticos de Morena ligados al crimen organizado. Eso sería un golpe en la mesa.
La presidenta Sheinbaum dijo que jamás se ha tocado el tema y que no es parte de las conversaciones entre ambos países. En resumen, que no es un tema. Sin embargo, tan solo con mencionarlo es un tema, porque independientemente de que se trate de una petición explícita de la administración Trump, un golpe de efecto por parte del gobierno mexicano representaría un gesto importante para dejar claro que hay voluntad para combatir el narcotráfico hasta las últimas consecuencias. Y, sobre todo, reafirmaría que el país está bajo control de su presidenta.
Más que eso, estoy seguro de que un golpe contudente a la narcopolítica sería bienvenido por los mexicanos, ansiosos por ver que la lucha contra el crimen organizado no tiene intocables.
Sin embargo, un golpe así puede implicar muchas fricciones al interior del oficialismo, en donde existen fuertes disputas por el control de la Cuarta Transformación. La presidenta Sheinbaum tiene el control de las estrucuturas del gobierno, del presupuesto, de la burocracia, pero esto no quiere decir que tenga el control político al interior del partido y del movimiento, a pesar de que ha mantenido altos niveles de aprobación a lo largo de su primer año de mandato. Ese liderazgo lo sigue compartiendo con el fundador de Morena, el ex presidente López Obrador.
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