Trump quiere auditar los padrones electorales. Así perjudica a los ciudadanos estadounidenses inmigrantes

Por Fredreka Schouten, CNN

Sofía Minotti se sorprendió al recibir en octubre una carta de su oficina electoral local, en la que le informaban que sería eliminada de los registros electorales en 30 días a menos que presentara pruebas de su ciudadanía estadounidense.

Minotti, quien nació en Argentina y se mudó a Estados Unidos con sus padres cuando era niña, es ciudadana estadounidense desde hace años. Comentó que envió rápidamente una copia escaneada de su pasaporte estadounidense a la Oficina Electoral del Condado de Denton, lo que le permitió conservar su derecho a votar en las elecciones primarias de Texas del próximo mes. El Condado de Denton, al norte de Dallas, confirmó que había presentado prueba de ciudadanía.

“Me sentí ofendida”, dijo la estudiante de posgrado de 24 años sobre el escrutinio. “He votado en todas las elecciones desde los 18 años, y ahora mi voto estaba siendo cuestionado”.

Minotti se encuentra entre las decenas de ciudadanos estadounidenses de Texas que se han visto atrapados en una campaña del Gobierno de Trump para buscar inmigrantes y otros votantes no elegibles en las listas electorales del estado.

El impacto va mucho más allá de un solo estado. Texas se encuentra entre las dos decenas de estados que utilizan una base de datos federal revisada el año pasado para intentar verificar la ciudadanía de los votantes, y ha detectado posibles problemas en tan solo el 0,0003 % de las consultas a nivel nacional. Un funcionario electoral republicano de otro estado declaró a CNN que, tras una investigación más exhaustiva, la gran mayoría de los votantes de su estado identificados por el sistema resultaron ser ciudadanos.

“Las bases de datos federales no están actualizadas”, dijo la persona que pidió no ser identificada por temor a causar la ira del Gobierno de Trump y de otros republicanos. “No son precisas. Lo último que queremos es privar del derecho al voto a los votantes elegibles”.

Dado que el presidente Donald Trump ha prometido nacionalizar o federalizar las elecciones, su administración ya ha emprendido varias iniciativas para entrometerse en funciones tradicionalmente reservadas a los estados. Esto ha suscitado inquietudes sobre si la práctica de identificar a los votantes no ciudadanos le proporcionará al Gobierno una herramienta para impugnar los resultados de las elecciones intermedias.

Trump ha afirmado durante mucho tiempo sin fundamento que el voto indebido de los inmigrantes ha afectado los resultados electorales, en particular la contienda presidencial que perdió en 2020.

“Es un intento de ejercer presión y control que es completamente inapropiado y de sentar las bases para poder cuestionar los resultados si no van en el camino que la administración quiere”, dijo Eileen O’Connor, exabogada de derechos electorales en el Departamento de Justicia, quien ahora es asesora principal del Brennan Center for Justice, de tendencia izquierdista.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, argumentó en una declaración que las leyes federales otorgan al Departamento de Justicia “plena autoridad” para garantizar que los estados mantengan registros electorales precisos.

“El presidente Trump se compromete a garantizar que los estadounidenses tengan plena confianza en la gestión de las elecciones, y eso incluye padrones electorales totalmente precisos y actualizados, libres de errores y de votantes no ciudadanos registrados ilegalmente”, dijo.

CNN habló con funcionarios electorales estatales y locales para examinar cómo se están cotejando los registros de votantes con una herramienta conocida como Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE, por sus siglas en inglés).

La ley federal exige que los estados realicen esfuerzos razonables para garantizar que las personas inelegibles sean eliminadas de los padrones. Los estados ya utilizan diversas herramientas para mantener las listas de registro de votantes de forma continua, incluyendo la obtención de datos sobre las personas que se han mudado del Servicio Postal de EE.UU. y las agencias de vehículos motorizados, así como informes sobre las personas fallecidas de fuentes estatales y federales.

Los funcionarios del Gobierno de Trump argumentan con frecuencia que las listas estatales, que abarcan a más de 200 millones de votantes registrados, deberían estar libres de errores para preservar la integridad electoral. “Incluso una sola persona votando que no debería haber votado es demasiado”, declaró el secretaria adjunta de la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet Dhillon, en un video reciente.

SAVE se ha utilizado desde hace tiempo para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de quienes solicitan beneficios gubernamentales. Durante años, algunos funcionarios electorales también tuvieron acuerdos con el Gobierno para usar la herramienta, a cambio de una tarifa, para verificar la ciudadanía de los votantes. Algunos funcionarios republicanos y activistas conservadores exigieron un mayor acceso a los datos federales para facilitar la verificación de antecedentes de los votantes.

El Gobierno de Trump amplió las funciones de SAVE el año pasado, ya que lo vinculó con los datos de la Seguridad Social y los pasaportes estadounidenses, y permitió a los estados cargar los registros de votantes de forma gratuita. El Gobierno ha instado firmemente a los estados a utilizarlo.

En una carta publicada en línea el año pasado por el Secretario de Estado de Tennessee, Tre Hargett, Trump elogió a Hargett por participar en SAVE, y dijo que demuestra el “compromiso del republicano con la protección de las elecciones estadounidenses”.

Los funcionarios de los estados liderados por los demócratas se han negado en gran medida a participar en el programa de verificación de votantes de Trump, argumentando que SAVE no es confiable y podría conducir a coincidencias defectuosas que ponen a los votantes legítimos en riesgo de no poder emitir su voto.

Los estados han realizado casi 59 millones de consultas de verificación de votantes desde abril, según datos de la agencia proporcionados a CNN. SAVE ha identificado a más de 18.000 presuntos extranjeros entre ellos.

El portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Matthew Tragesser, dijo en un comunicado que la agencia “recién está comenzando con las mejoras de SAVE y está comprometida a fortalecer el programa y expandir su alcance”.

“Alentamos a todos los estados a utilizar SAVE para ayudar a eliminar el fraude electoral y restablecer la confianza en las elecciones estadounidenses”, agregó.

Algunos jefes electorales republicanos dicen que SAVE es otra forma útil de verificar los registros de votantes de su estado, siempre que los funcionarios examinen cuidadosamente los resultados.

Utilizando SAVE como parte de su investigación, Idaho detectó a unos 760 posibles no ciudadanos entre los casi 1,1 millones de personas inscritas en el censo electoral estatal, según declaró Phil McGrane, secretario de estado de Idaho, a CNN el año pasado. La mayoría de las personas identificadas eran efectivamente ciudadanos estadounidenses, afirmó el republicano McGrane. Finalmente, los funcionarios electorales redujeron la lista a una decena de casos que se enviaron a la Policía de Idaho para una posible investigación penal.

McGrane dijo que vale la pena mejorar la verificación de ciudadanía para garantizar “que haya confianza pública en las elecciones y confianza en el proceso”.

“El hecho de que estemos tomando medidas y demostrando que las cifras son mínimas, creo que es realmente importante para el público votante”, dijo.

Texas fue uno de los primeros estados en utilizar la herramienta SAVE renovada, ya que procesó su lista completa de más de 18 millones de votantes registrados el año pasado. La secretaria de Estado, Jane Nelson, designada por el gobernador republicano Greg Abbott, afirmó que el análisis detectó 2724 presuntos extranjeros y los remitió a condados individuales para una investigación más profunda.

El estado ordenó a los condados dar a los votantes 30 días para verificar su ciudadanía. Sin embargo, funcionarios electorales de todo Texas han identificado ciudadanos marcados por error.

“Está bastante claro que la lista no es tan precisa como cree el Gobierno federal”, dijo Chris McGinn, CEO de la Asociación de Funcionarios Electorales del Condado de Texas.

Un portavoz de la oficina de Nelson no respondió a las preguntas de CNN.

En el condado de Denton, donde vota Minotti, el estado identificó a 84 posibles no ciudadanos en los padrones electorales del condado. Frank Phillips, administrador electoral del condado, declaró que su revisión reveló que 14 de ellos habían indicado no ser ciudadanos en los formularios de registro de votantes, pero que habían sido añadidos incorrectamente a los padrones. Ninguno tenía antecedentes de votar en el condado. Han sido eliminados de los padrones.

Quince de ellos, incluida Minotti, han proporcionado documentos que establecen su ciudadanía y permanecen en los registros.

Pero la mayoría de las personas identificadas como presuntamente no ciudadanos no han respondido a los avisos del condado y se les ha cancelado el registro, según el recuento del condado. Algunos podrían ser ciudadanos estadounidenses y podrían presentarse a votar en las próximas elecciones sin darse cuenta de que han sido eliminados del censo.

“Mi temor es que hayan recibido la carta durante un período en el que se enviaba mucho correo de campaña, por lo que nunca la miraron o simplemente la tiraron y ahora la han eliminado”, dijo Phillips.

Emily French, directora de políticas del grupo de defensa de los votantes Common Cause Texas, dijo que hasta ahora el proceso parece afectar principalmente a las personas nacidas en el extranjero que luego obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

“La víctima número uno de esto siempre son los ciudadanos recién naturalizados porque tienen años y años de datos que dicen que no son ciudadanos y luego se convierten en uno y emiten su primer voto”, dijo.

French señaló que, según la ley de Texas, los votantes eliminados indebidamente pueden ser reincorporados al padrón electoral tan pronto como presenten un comprobante de ciudadanía. Sugiere que los votantes consulten su estado de registro con su oficina electoral si les preocupa haber sido eliminados indebidamente.

ICE ha advertido a los estados que tomen medidas adicionales para verificar el estatus migratorio de los votantes y garantizar el debido proceso antes de eliminarlos del padrón electoral. Los críticos del Gobierno de Trump argumentan que el enfoque utilizado en Texas, que consiste en enviar notificaciones que dan a los votantes 30 días para demostrar su ciudadanía, impone a los votantes la carga de demostrar que no han cometido ningún delito y encontrar la documentación necesaria para presentarla al Gobierno.

“El resultado es que han impuesto un requisito de prueba documental de ciudadanía por la puerta trasera, algo que la gente de la administración de Trump ha estado intentando conseguir por otros medios”, dijo Nikhel Sus, asesor principal de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), quien mencionó los esfuerzos infructuosos en el Congreso para aprobar ese requisito.

CREW representa a los defensores del derecho al voto y la privacidad que han interpuesto una demanda ante un tribunal federal para impedir que el Gobierno siga utilizando SAVE. La demanda alega, entre otras cuestiones, que SAVE no es fiable para la verificación de votantes porque la Administración del Seguro Social no actualiza automáticamente el estatus de ciudadanía de las personas que se naturalizan tras obtener su número de Seguro Social.

La votación anticipada en Texas comienza el 17 de febrero, antes de las primarias del 3 de marzo, que incluyen elecciones para el Senado de EE.UU. y varias elecciones potencialmente competitivas para la Cámara de Representantes.

Minotti, quien está cursando una maestría en asesoramiento, dijo que casi se pierde el aviso del condado de Denton porque no presta mucha atención al correo y, al principio, ignoró el sobre blanco simple de la oficina electoral.

Minotti dijo que ahora presta mucha atención a todo lo relacionado con las elecciones. “Votar es solo una de las maneras en que podemos expresar nuestra opinión”, dijo.

Mientras tanto, dijo, las fechas de las próximas elecciones están marcadas en su calendario.

• Trump instó a los republicanos de Texas a trazar nuevos distritos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos para ayudar a su partido a ganar escaños adicionales antes de las elecciones intermedias de este año, lo que desencadenó una batalla de redistribución de distritos sin precedentes a mediados de la década.
• El presidente firmó un decreto que exige la presentación de una prueba de ciudadanía para registrarse para votar en las elecciones federales y ordena que todas las papeletas se reciban antes del día de las elecciones. Los tribunales han bloqueado varias disposiciones de la orden.
• El Departamento de Justicia ha exigido a los estados el padrón electoral completo, incluyendo información personal de los votantes, como números parciales de la Seguridad Social. Cabe destacar que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, exigió el padrón electoral de Minnesota después de que agentes federales dispararan y mataran a dos manifestantes. El Departamento de Justicia ha demandado a dos decenas de estados que se han negado a cumplir.
• La administración les está pidiendo a los estados que le permitan al Departamento de Justicia analizar los registros de votantes y acuerden “limpiarlos” dentro de los 45 días de cualquier votante no elegible identificado por el Gobierno federal.

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Con información de Tierney Sneed y Ethan Cohen, de CNN.