Corte Suprema rechaza apelaciones de las farmacéuticas que impugnaban los precios de los medicamentos negociados con Medicare
Por John Fritze y Tami Luhby, CNN
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una serie de apelaciones de varias de las mayores farmacéuticas del país que impugnaban un programa que obliga a las empresas a negociar con Medicare los precios de algunos de sus medicamentos más populares. Se espera que esta iniciativa les ahorre miles de millones de dólares a los contribuyentes y al Gobierno federal.
La decisión de la Corte de desestimar las apelaciones, sin dar explicaciones, mantiene vigentes varias sentencias de tribunales inferiores que respaldan el programa que el Congreso promulgó en 2022. Otros litigios relacionados con el programa aún están pendientes.
La cuestión radica en una disposición de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que permite a Medicare negociar los precios de ciertos medicamentos por primera vez, tras años de debate sobre si dicha negociación constituiría, en la práctica, una fijación de precios por parte del Gobierno. Sin embargo, el aumento del costo de los medicamentos recetados ha incrementado la presión financiera sobre Medicare y sus beneficiarios.
Las farmacéuticas, entre ellas AstraZeneca y Janssen, afirmaron que el programa conduce a una “negociación simulada”, que viola sus derechos al debido proceso. La mayoría también argumentó que el programa viola la Primera Enmienda porque las obliga a “adoptar la versión del Gobierno” sobre un acuerdo negociado. Los tribunales inferiores rechazaron estos argumentos, y señalaron que las empresas son libres de retirar sus productos de los programas de salud gubernamentales.
Según le informó la administración de Trump a la Corte Suprema, solo en 2021 el Gobierno federal gastó más de US$ 250.000 millones en medicamentos cubiertos por Medicare.
La primera ronda de negociaciones abarcó 10 medicamentos y se espera que genere un ahorro de US$ 6.000 millones para el Gobierno federal y una reducción de US$ 1.500 millones en los gastos de bolsillo para las personas mayores, según anunció la administración de Biden, en 2024. Los precios entraron en vigor en enero.
Entre esos medicamentos se encontraba Farxiga, fabricado por AstraZeneca, que se utiliza para tratar la diabetes, las enfermedades cardíacas y las enfermedades renales. Otro medicamento incluido en esa primera ronda fue Eliquis, un anticoagulante fabricado por Bristol Myers Squibb que se utiliza para tratar y prevenir coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares. En el caso de Farxiga, AstraZeneca informó a la Corte Suprema que el proceso de negociación, que fue el eje del caso, resultó en un descuento del 68 % sobre su precio de lista.
Según anunció eñ Gobierno de Trump, en noviembre, la segunda ronda, que abarcó 15 medicamentos, permitirá a Medicare ahorrar unos US$ 12.000 millones y reducir los gastos de bolsillo de los afiliados en US$ 685 millones cuando los precios entren en vigor, el próximo mes de enero. Las negociaciones para la tercera ronda están en marcha.
Los medicamentos se seleccionan de una lista de fármacos elegibles con el mayor gasto total de Medicare.
Las farmacéuticas y sus aliados llevan tres años litigando contra el programa de negociación de precios de medicamentos de Medicare. Se han presentado numerosas demandas en distintos distritos de Estados Unidos. Hasta la fecha, todas las decisiones han sido desfavorables para la industria, ya que los jueces han dictaminado que la participación en Medicare es voluntaria y que las empresas pueden retirarse si no están conformes con el precio que ofrece el Gobierno.
Entre las impugnaciones legales que presentan los fabricantes se encuentra la de que se los obliga a entregar sus medicamentos a Medicare sin la debida compensación, según Andrew Twinamatsiko, director del Centro de Política Sanitaria y Derecho del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown. Las compañías farmacéuticas afirman que esto constituye una expropiación inconstitucional que viola la Quinta Enmienda.
Si las empresas no aceptan el precio negociado, tendrían que retirarse de Medicare y Medicaid, mercados enormes para el sector, o pagar elevados impuestos especiales.
Las farmacéuticas argumentan que se las está obligando a aceptar los precios negociados, aunque afirman que en realidad lo hacen bajo protesta. Asimismo, alegan que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid están extralimitándose en sus funciones y que el Congreso no concedió un período de consulta pública para las primeras rondas de negociaciones, privando así a la industria del debido proceso.
Las farmacéuticas llegaron a la Corte Suprema en desventaja. Dado que ningún tribunal inferior había respaldado su postura, no pudieron demostrar que el tribunal federal de apelaciones se hubiera dividido respecto a las cuestiones constitucionales que planteaban. La Corte Suprema suele buscar una división de opiniones entre los tribunales inferiores antes de admitir un caso a trámite.
“Los argumentos que presentó la industria eran débiles desde el punto de vista legal. Se aferraban a cualquier resquicio legal que encontraran en la Constitución”, dijo Twinamatsiko.
Twinamatsiko y un colega escribieron en un artículo de Health Affairs, en marzo, que los tribunales federales se han pronunciado “inequívocamente” sobre las cuestiones constitucionales que plantean los casos de las compañías farmacéuticas.
“El Gobierno puede condicionar la participación en programas federales voluntarios a la aceptación de sus condiciones de precios sin violar los derechos de expropiación, libertad de expresión o debido proceso cuando existen opciones formales de salida”, dijeron al describir la teoría de los tribunales inferiores sobre los casos.
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