Los escenarios de último minuto que podrían sacudir las elecciones de 2026

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Se multiplican las especulaciones sobre lo que el presidente Donald Trump y sus aliados aún podrían hacer para interferir en las próximas elecciones de mitad de mandato. Y ya ha hecho bastante.

Este es el hombre que denunció un fraude electoral generalizado incluso en las dos elecciones que ganó y que intentó revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que todavía se niega a admitir que perdió. No hay evidencia de que haya existido ese fraude.

Cuando en los últimos meses se le ha preguntado sobre algunas de las medidas más extremas que podría tomar en noviembre o después, Trump ha evitado dar respuestas claras y ha dejado un amplio margen para alimentar teorías de conspiración, mientras sus principales asesores continúan planteando preocupaciones sin fundamento sobre las máquinas de votación y el voto de personas que no son ciudadanas estadounidenses.

Algunas de estas posibles medidas extremas —que han sido objeto de especulación o que aliados de Trump han promovido directamente— incluyen incautar urnas electorales, declarar una emergencia electoral nacional o desplegar tropas o agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en los centros de votación. Cuando Trump pronunció en julio un discurso a la nación sobre la integridad electoral, no prometió hacer ninguna de estas cosas. Pero las especulaciones han persistido, especialmente entre sectores de la izquierda política mientras intentan movilizar a los votantes para noviembre.

“Trump lanza cosas. La gente muerde el anzuelo, eso pone más nervioso al país en su conjunto y se convierte en un ciclo que se retroalimenta”, dijo Ben Ginsberg, veterano abogado electoral republicano.

Pero también dijo que el país —y los trabajadores electorales— deben estar preparados para lo inesperado.

“Porque la retórica está ahí y (Trump) ha demostrado una capacidad singular para la guerra asimétrica desde el 6 de enero. Si eres un funcionario electoral, tienes que estar preparándote”, dijo. Pero esa preparación debe hacerse, según Ginsberg, teniendo presente que “crear un clima de miedo quizás sea un objetivo en sí mismo”.

Cuando un periodista le preguntó en febrero, Trump pareció sorprendido y dijo que no sabía nada sobre una iniciativa de quienes niegan los resultados electorales para que declarara una emergencia electoral nacional y asumiera un control amplio y sin precedentes sobre la forma en que los estados administran las elecciones.

Pero este mes, cuando el comentarista conservador Wayne Root le explicó la idea, Trump no la rechazó, aunque tampoco la respaldó.

“Solo diré que han ocurrido cosas más extrañas, ¿de acuerdo? Lo dejaré ahí”, dijo Trump.

La idea de declarar una emergencia nacional se remonta al primer mandato de Trump, aunque nunca se llevó a la práctica. Más recientemente, como informó primero The Washington Post, sus partidarios han impulsado un decreto, redactado la primavera pasada, que declararía una emergencia nacional para establecer nuevos poderes federales sobre las elecciones. El borrador del decreto sostiene que la interferencia de China justifica que el presidente arrebate a los estados el control sobre las elecciones, aunque la inteligencia de EE.UU. indica que Irán y Rusia han intentado interferir de manera más activa en las elecciones estadounidenses. Trump nunca firmó el decreto.

Poco después de esos primeros reportes, en marzo, Trump sí firmó una medida ejecutiva diferente que buscaba imponer nuevas restricciones al voto por correo y ordenar al Servicio Postal que tomara medidas contra el uso de las boletas por correo. Ese decreto sigue siendo objeto de múltiples demandas y parece poco probable que pueda aplicarse antes de noviembre.

Aliados como el podcaster y exasesor de Trump Steve Bannon siguen presionando para que se declare pronto una emergencia nacional porque, según ellos, podría otorgarle a Trump facultades para hacer algunas de las cosas mencionadas anteriormente, como enviar agentes federales a los centros de votación o incautar boletas o máquinas de votación para protegerlas de una supuesta interferencia china.

Opositores como Norm Eisen, cofundador de Democracy Defenders Action, un grupo que ha demandado en repetidas ocasiones al Gobierno de Trump por diversos asuntos, dijeron que en EE.UU. se han celebrado elecciones durante guerras y pandemias sin declaraciones de emergencia nacional, y que los abogados están preparados para impugnar cualquier intento de Trump de declarar una en las próximas semanas.

“No existe ninguna facultad para declarar una emergencia relacionada con nuestras elecciones con el fin de incautar boletas o hacer cualquier otra cosa. Los tribunales la van a rechazar. Estamos preparados para actuar rápido”, dijo Eisen a periodistas el jueves.

El argumento de los aliados de Trump y de quienes dicen estar preocupados por la integridad electoral es que los agentes podrían utilizarse para disuadir a inmigrantes indocumentados de votar. Ya es ilegal que las personas que no son ciudadanas estadounidenses voten o se registren para votar, y todos los estados cuentan con mecanismos para garantizar que cada voto corresponda a un registro electoral y que los votos emitidos de manera provisional sean verificados.

Un candidato republicano a gobernador de Maine prometió solicitar agentes de ICE en los centros de votación. Las elecciones son administradas por los gobiernos estatales y locales, por lo que son ellos los encargados de proporcionar seguridad.

Las leyes varían de un estado a otro, pero la ley federal prohíbe que cualquier persona —incluidos los agentes del orden— intimide a los votantes. La ley también prohíbe la presencia de “tropas u hombres armados” en los centros de votación, salvo que estén repeliendo a enemigos de EE.UU.

Bannon también ha impulsado la presencia de agentes de ICE en los centros de votación. Gabe Cohen, de CNN, explicó este tema en detalle en marzo.

Altos funcionarios del Gobierno de Trump han evitado en repetidas ocasiones afirmar que no se enviarán agentes de ICE a los centros de votación, aunque tampoco han presentado planes para hacerlo.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dio una respuesta algo enrevesada a Kasie Hunt, de CNN, en junio, cuando ella le preguntó si el Gobierno enviaría agentes de ICE a los centros de votación.

Dijo que los agentes no acudirían por iniciativa propia para verificar el estatus migratorio de los votantes, sino para ayudar a las fuerzas del orden locales a responder a situaciones como amenazas de bomba.

“No apareceríamos por nuestra cuenta”, dijo. “Tendrían que pedirnos que fuéramos, pero no por motivos migratorios”.

Mientras tanto, Trump encargó a Mullin identificar casos de personas que no son ciudadanas estadounidenses inscritas en los padrones electorales estatales, un proceso que hasta ahora ha producido pocos cargos federales y muchas menos pruebas de posibles registros electorales ilegales de las que Mullin sugirió inicialmente. Gabe Cohen, de CNN, examinó los datos. En Nevada, un estado con más de 3 millones de habitantes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sugirió que se habían descubierto más de 15.000 registros electorales de personas no ciudadanas que no cumplían los requisitos para votar, pero, según comunicaciones revisadas por CNN, solo “confirmó” 185 y no proporcionó a los funcionarios de Nevada datos suficientes para hacer un seguimiento, según las autoridades electorales estatales. Una publicación reciente que afirmaba que se habían encontrado decenas de miles de votantes no ciudadanos mediante datos del Censo fue igualmente imprecisa e imposible de verificar. Expertos citados en el reporte de CNN calificaron el uso de los datos del Censo como un “secuestro por parte de la Casa Blanca”.

Se arrepiente de no haberlo hecho antes.

Cuando The New York Times le preguntó en enero si había considerado ordenar a la Guardia Nacional que incautara urnas electorales en 2020, Trump respondió: “Bueno, debería haberlo hecho”, antes de matizar que no cree que los miembros de la Guardia sean “lo suficientemente sofisticados” para realizar esa tarea en particular.

Cabe señalar que este año el Gobierno ha incautado boletas y máquinas relacionadas con las elecciones de 2020, aunque lo hizo años después de esos comicios. Trump fue en su momento objeto de casos penales relacionados con sus esfuerzos por revertir los resultados electorales de Georgia en 2020. Esos casos prácticamente desaparecieron después de que fuera reelegido en 2024, pero el Gobierno ha intentado invertir la situación. Tulsi Gabbard, anterior directora de Inteligencia Nacional de Trump, estuvo presente cuando agentes federales incautaron boletas de 2020 en el condado de Fulton, que incluye Atlanta, en el estado clave de Georgia. CNN informó recientemente que el FBI asignó a 260 empleados a la investigación resultante, aunque no se han presentado cargos ni se han aportado pruebas específicas de irregularidades que cuestionen los resultados de las elecciones que Trump perdió, que fueron objeto de múltiples recuentos y estuvieron supervisadas por funcionarios republicanos en Georgia.

Cualquier intento de incautar boletas o máquinas después de las próximas elecciones —antes de que se conociera, impugnara o litigara el resultado— provocaría acciones judiciales inmediatas. Hasta ahora, los tribunales han rechazado los intentos de Trump, en múltiples elecciones, de cuestionar los resultados. Eso no significa que el Gobierno no vaya a utilizar su poder para sugerir que existen problemas en elecciones cuyos resultados no le agradan. La pregunta será si el sistema puede resistir esas investigaciones.

Los demócratas han señalado que un memorando de larga data del Departamento de Justicia, que se remonta a 2017 y establecía como política del Gobierno de EE.UU. no solicitar materiales electorales hasta que unas elecciones estuvieran resueltas, fue retirado del sitio web de la agencia. En cualquier caso, cabe esperar que el Departamento de Justicia de Trump someta a un escrutinio mucho mayor las elecciones en lugares cuyos resultados no le agraden.

Parece demasiado tarde para intentar retirar la certificación de máquinas de votación antes de las elecciones de noviembre.

Hacer algo así tan cerca de unas elecciones provocaría un gran caos: las máquinas de votación se utilizan en la inmensa mayoría de los más de 95.000 centros de votación del país. Este año serán esenciales para contar potencialmente 150 millones de votos o más. Funcionarios electorales republicanos están entre quienes suelen señalar que la mayoría de los estadounidenses ya utiliza boletas de papel y que las máquinas de votación son más precisas que las personas para contarlas.

Las teorías de conspiración sobre las máquinas de votación han persistido durante años y han tenido consecuencias. Fox News aceptó pagar US$ 787 millones para resolver una demanda por difamación debido a afirmaciones falsas que difundió después de las elecciones de 2020 sobre Dominion Voting Systems, entonces el mayor fabricante de máquinas de votación utilizadas en EE.UU. Los productos de Dominion siguen teniendo una presencia importante en las elecciones estadounidenses, pero la empresa fue comprada en 2025 por un exfuncionario electoral republicano de Missouri y pasó a llamarse Liberty Vote. El nuevo propietario, Scott Leiendecker, reconoce que Trump perdió las elecciones de 2020.

Pero las máquinas de votación han sido un tema importante para Trump, y cuestionarlas ocupa desde hace tiempo un lugar destacado entre sus críticas al sistema estadounidense.

Después de perder las elecciones de 2020, partidarios externos a la Casa Blanca presentaron a Trump un plan para incautar máquinas de votación en estados clave donde sus seguidores afirmaban que había habido fraude, según The New York Times. Nunca se presentaron pruebas convincentes de fraude y los tribunales rechazaron las impugnaciones a los resultados electorales.

Funcionarios del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a Trump en 2020 que carecía de autoridad para incautar máquinas sin causa probable.

Personas que niegan los resultados electorales ocupan algunos puestos clave en la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional durante el segundo mandato de Trump. Además, altos funcionarios se han mostrado más dispuestos a plegarse a sus deseos, lo que abre la posibilidad de una supervisión federal más activa en lugares donde a Trump no le agraden los resultados electorales. Pero los resultados tendrían que conocerse antes de que Trump pudiera impugnarlos. Las máquinas generan un registro en papel y pueden ser auditadas. Esos hechos no cambiarían. Además, habría demandas si el Gobierno intentara incautarlas.

La Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional, bajo Gabbard, examinó en 2025 máquinas de votación en Puerto Rico en busca de vulnerabilidades, aunque el Gobierno no ha encontrado pruebas de que las máquinas hayan sido comprometidas. Sean Lyngaas, de CNN, informó este mes sobre las críticas y una supuesta campaña de desprestigio contra la pequeña empresa de ciberseguridad contratada para investigar las máquinas después de que no encontrara evidencia de fraude.

Reuters informó el año pasado que Kurt Olsen, quien ha difundido teorías de conspiración electoral y trabaja en la Casa Blanca, había impulsado la idea de prohibir en todo el país las máquinas de votación fabricadas por Dominion Voting Systems. El plan no prosperó, pero refleja cómo ve el Gobierno las máquinas de votación. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, ha sugerido que, debido a que tres empresas que fabrican máquinas de votación utilizan algunas piezas hechas en China, no se puede confiar en ellas.

Mullin también ha propuesto retener la ayuda federal de seguridad de la que dependen los estados a menos que estos cuenten manualmente un determinado porcentaje de las boletas.

Sería difícil, ya que los estados certifican sus propios resultados electorales.

Trump tiene antecedentes de intentar obstaculizar la certificación de resultados con los que no está de acuerdo, y hay personas que niegan resultados electorales en algunos puestos clave en distintas partes del país. Todas las elecciones están sujetas a observación en tiempo real por representantes de ambos partidos políticos. Periódicamente han surgido preocupaciones de que observadores electorales partidistas puedan intentar perturbar las elecciones, aunque hasta ahora eso no ha ocurrido de una forma que haya afectado la manera en que vota la gente.

Pero si una junta electoral o funcionarios electorales se negaran a certificar los resultados de unas elecciones, eso daría lugar a demandas, y tanto los tribunales estatales como los federales históricamente han mostrado poco interés en permitir que las impugnaciones se prolonguen.

Tammy Patrick es una exfuncionaria electoral del condado de Maricopa, Arizona, que ahora supervisa programas electorales en el Bipartisan Policy Center. Dijo que existe un sistema de múltiples niveles que garantiza que las elecciones en EE.UU. se desarrollen sin contratiempos y que los resultados sean certificados.

“Hasta ahora, los controles y contrapesos de nuestro sistema han resistido”, dijo Patrick. Hay controles horizontales, explicó, en los que republicanos y demócratas observan lo que ocurre en tiempo real y después de las elecciones. También hay controles verticales, en los que funcionarios estatales supervisan el trabajo de los funcionarios electorales locales y las juntas electorales.

Existe una teoría marginal —Jeffrey Toobin expuso este escenario extremo en The New York Times— según la cual los republicanos de la Cámara de Representantes podrían negarse a permitir que los nuevos miembros demócratas del Congreso ocupen sus escaños. Sería, como mínimo, una repetición muy impopular del 6 de enero de 2021 y entraría en conflicto con la 20ª Enmienda. El escenario dependería de maniobras parlamentarias y de la pasividad del funcionario no electo conocido como secretario de la Cámara, además de que Trump declarara que hubo un fraude generalizado después de las elecciones, en un intento desesperado por impedir que los nuevos legisladores demócratas asumieran sus escaños. Sería de esperar una indignación generalizada, incluso entre muchos republicanos. Por ahora, parece demasiado improbable como para centrar la atención en ello.

Patrick dijo que los trabajadores electorales analizan posibles escenarios antes del día de las elecciones.

“Los funcionarios electorales son planificadores”, dijo. “Han intentado pensar: ‘¿Qué pasaría si ___?’, y luego llenar el espacio en blanco”.

Algo que han enfrentado cada vez con mayor frecuencia en elecciones recientes son amenazas de bomba o el hallazgo de sustancias sospechosas.

Por ejemplo, en 2024 se enviaron amenazas de bomba desde direcciones con dominios de correo electrónico rusos a varios centros de votación en estados clave. Aunque ninguna de esas amenazas interrumpió la votación en ese momento, Patrick dijo que los funcionarios locales estarán preparados para más incidentes de ese tipo.

Más allá de todas las conjeturas sobre lo que podría ocurrir, cabe señalar que la Casa Blanca y los republicanos ya han emprendido un esfuerzo sin precedentes para inclinar las elecciones a su favor.

Con un enfoque singular durante su segundo mandato, Trump ya ha intentado utilizar el poder de la presidencia, así como su influencia en el Congreso y sobre sus aliados en los estados, para modificar cómo, cuándo y en qué distritos votarán los estadounidenses este año.

Esa campaña de influencia entra en conflicto con la Constitución, que deja en manos de los estados los “tiempos, lugares y manera” de celebrar las elecciones. Y hasta ahora los resultados han sido dispares.

El Partido Republicano ganó claramente la primera ronda de una batalla por la redistribución de distritos electorales que Trump inició en Texas y que se extendió a otros estados. El rediseño de los mapas del Congreso en este ciclo podría dar a los republicanos hasta 10 nuevos escaños, si los votantes se comportan como previeron quienes trazaron los mapas, incluso antes de que se emitan los votos en noviembre. Ese esfuerzo recibió un impulso de la decisión de la Corte Suprema de debilitar las protecciones para los votantes de minorías contempladas en la Ley de Derecho al Voto, lo que significa que la batalla continuará en futuras elecciones como un efecto duradero de Trump sobre la democracia estadounidense.

Sus llamados a aprobar una nueva ley que exija una prueba de ciudadanía ni siquiera cuentan con los votos necesarios para obtener una mayoría simple en el Senado de EE.UU., controlado por los republicanos.

Hasta ahora, los tribunales han frenado sus intentos de utilizar el poder ejecutivo para restringir el voto por correo, particularmente en estados demócratas, pero los procesos judiciales continúan.

Aunque la Corte Suprema no rechazó de inmediato su intento de utilizar el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) para imponer nuevos obstáculos a los estados en el voto por correo, no está claro que esa iniciativa pueda concretarse para las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Las primeras boletas por correo serán enviadas a los votantes de Carolina del Norte a principios de septiembre. Cada estado tiene reglas y políticas diferentes para las boletas por correo y para sus elecciones en general.

Trump también ha intentado utilizar el poder del Gobierno federal contra los estados. El Departamento de Seguridad Nacional ha exigido los padrones electorales estatales, algo a lo que incluso algunos estados republicanos se han opuesto.

El Gobierno también ha debilitado y marginado a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), encargada de coordinar las respuestas a la interferencia extranjera en las elecciones, al mismo tiempo que los informes de inteligencia indican que gobiernos extranjeros han intentado interferir en los comicios de EE.UU.

Eso es lo que ya ha ocurrido. Existe mucho temor sobre otras medidas que Trump podría tomar —y que sus aliados lo han alentado a adoptar—, algo que preocupa profundamente a quienes siguen de cerca las elecciones, incluso mientras expresan confianza en un sistema electoral estadounidense descentralizado y complejo, características que hacen imposible manipularlo de manera coordinada.

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