Diez militares retirados y un civil reconocen su participación en más de 100 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, una práctica conocida como “falsos positivos”
Sol Amaya
(CNN Español) — Fueron más de 120 ejecuciones extrajudiciales en medio del conflicto armado de Colombia. Solo una parte de los más de 6.400 casos estimados en todo el país.
Y en la audiencia pública de este martes, 10 militares retirados y un civil reconocieron haber participado en ellas. Este caso, que se ventila en el municipio de Ocaña, se enmarca en los llamados “falsos positivos” ocurridos en la región del Catatumbo del departamento del Norte de Santander, entre enero de 2007 y agosto de 2008.
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Se trató de la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya segunda jornada se realiza este miércoles.
La JEP nació fruto del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC. Se encarga de impartir justicia en los casos cometidos durante el conflicto armado colombiano.
En ambas audiencias también se escucha a los familiares de las víctimas cuando exigen saber quiénes —en el Gobierno— les ordenaron cometer esos delitos.
En la sesión del martes se escucharon las declaraciones de los imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, quienes detallaron cómo funcionó la estructura que existía en varias unidades militares de la región del Catatumbo para asesinar y desaparecer forzosamente a numerosos civiles y luego presentarlos como bajas en combate con agentes del Estado, una práctica conocida como “falsos positivos”.
“Asesinamos personas inocentes, campesinos”, dijo el suboficial retirado del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez, en uno de los discursos que más conmocionó a los familiares de las víctimas presentes en la audiencia y del que también se hicieron eco varios usuarios en las redes sociales.
“Ejecuté, asesiné a familiares de los que están acá. Llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos, asesinándolos cruelmente, cobardemente. Ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero y manchar el nombre de una familia, destruir esa familia”, detalló Gutiérrez.
Otra de las declaraciones fue la de Santiago Herrera, coronel retirado del Ejército, quien dijo que “de manera irresponsable y sin calcular los riesgos” instigó a sus “subalternos a la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
“Esos homicidios de civiles inocentes en situación de indefensión fueron falsas bajas en combate y tuvieron la sistematicidad que constituyó un patrón criminal en el interior de la brigada”, agregó Herrera.
Este miércoles, durante la segunda audiencia pública, la primera persona en intervenir fue Carmenza Gómez, madre de Víctor Fernando Gómez Romero, desaparecido el 23 de agosto de 2008 y hallado muerto dos días después en Ocaña. Ella y su familia vivían en el municipio de Soacha cuando se enteraron de que habían identificado a su hijo como guerrillero caído en combate.
“Me da pesar, me da lástima que por unos malos dañaron toda una institución. Las personas que nos debieron haber cuidado a nosotros, a toda una ciudadanía. Nos hicieron daño y muchísimo a las madres, al barrio, a la comunidad. Entonces, hoy sí les pido el gran favor de que digan la verdad. Díganlo, pero con nombres propios”, dijo Gómez.
Según informó la JEP en un comunicado, el 31 de mayo, así como los días 2 y 6 de junio en Bogotá, el secretariado de las extintas FARC tendrá su audiencia de reconocimiento por su responsabilidad en casos de secuestro. “La Sala les imputó el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado”, detalló el comunicado.
Explicaron en el documento que después de estas audiencias de reconocimiento, está previsto que en julio la JEP emita la primera resolución de conclusiones para que el Tribunal de Paz imponga las sanciones correspondientes.
En julio de 2021, la JEP imputó cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 personas por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la región del Catatumbo.
La decisión se dio dentro del “Caso 03” que la JEP abrió en 2018 y surge de un informe de la Fiscalía General de Colombia sobre “falsos positivos”, que investiga las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
Según la JEP, al menos 120 muertos fueron presentados como bajas en combate en este caso para “aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar”.
En este periodo, el país estuvo bajo el mando del presidente Álvaro Uribe, quien no solo ha cuestionado la credibilidad del tribunal, sino que ha negado haber ordenado asesinatos. Uribe ha dicho que durante su Gobierno enfrentó y sancionó “toda violación de derechos humanos”.
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