Esto es lo que incluye el acuerdo bipartidista de infraestructura
Alexandra Ferguson
Washington (CNN) — El Congreso aprobó el viernes un paquete de infraestructura de US$ 1,2 billones, lo que autoriza una parte emblemática de la agenda económica del presidente Joe Biden.
El paquete entregará US$ 550.000 millones de nuevas inversiones federales en la infraestructura de Estados Unidos a lo largo de cinco años, abarcando todo, desde puentes y carreteras hasta los sistemas de banda ancha, agua y energía del país. Los expertos dicen que el dinero es muy necesario para garantizar un viaje seguro, así como el transporte eficiente de bienes y productos en todo el país. El sistema de infraestructura de la nación obtuvo una calificación C de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles a principios de este año.
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Los demócratas afirman que el proyecto de ley se paga por sí mismo a través de una multitud de medidas y sin aumentar los impuestos. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) descartó varias de esas disposiciones de pago, y finalmente encontró que el proyecto de ley agregaría US$ 256.00 millones al déficit durante los próximos 10 años. Este paquete significativamente más pequeño que la propuesta de US$ 2,25 billones de dólares que Biden dio a conocer en marzo, conocida como American Jobs Plan.
Esto es lo que incluye el plan de infraestructura:
Financiación de carreteras y puentes
El proyecto de ley planea invertir US$ 110.000 millones para carreteras, puentes y otros proyectos de infraestructura. Eso es significativamente menos que los US$ 159.000 millones que Biden solicitó inicialmente para el American Jobs Plan.
Se incluyen US$ 40.000 millones para reparación, reemplazo y rehabilitación de puentes, según el texto del proyecto de ley. La Casa Blanca dice que sería la mayor inversión dedicada a los puentes desde la construcción del sistema de carreteras interestatales, que comenzó en la década de 1950.
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El acuerdo también contiene US $16.000 para proyectos importantes que serían demasiado grandes o complejos para los programas de financiación tradicionales, según la Casa Blanca.
Aproximadamente el 20%, o 278.000 kilómetros, de las carreteras y autopistas principales del país están en malas condiciones, al igual que 45.000 puentes, según la Casa Blanca.
Las inversiones se centrarían en la mitigación del cambio climático, la resiliencia, la equidad y la seguridad para todos los usuarios, incluidos ciclistas y peatones.
En el paquete también hay US$ 11.000 millones para la seguridad del transporte, incluido un programa para ayudar a los estados y localidades a reducir los choques y las muertes, especialmente de ciclistas y peatones, según la Casa Blanca. Se hará una financiación directa para en apoyo a la seguridad que involucren carreteras, camiones y tuberías y materiales peligrosos.
Y contiene US$ 1.000 millones para reconectar comunidades —principalmente vecindarios desproporcionadamente negros— que estaban divididos por carreteras y demás infraestructuras, según la Casa Blanca. Financiará la planificación, diseño, demolición y reconstrucción de redes de calles, parques y otras infraestructuras.
Dinero para el tránsito y ferrocarril
El paquete proporcionaría US$ 39.000 millones para modernizar el transporte público, según el texto del proyecto de ley. Eso es menos de los US$ 85.000 millones que Biden inicialmente quería invertir en la modernización de los sistemas de tránsito y ayudarlos a expandirse para satisfacer la demanda de pasajeros.
Los fondos repararían y mejorarían la infraestructura existente, harían que las estaciones fueran accesibles para todos los usuarios, llevarían el servicio de tránsito a nuevas comunidades y modernizarían las flotas de trenes y autobuses, incluida la sustitución de miles de vehículos por modelos de cero emisiones, según la Casa Blanca.
El acuerdo también invertiría US$ 66.000 en trenes de pasajeros y carga, según el texto del proyecto de ley. Los fondos eliminarían el atraso de mantenimiento de Amtrak, modernizarían la línea del Corredor Noreste y llevarían el servicio ferroviario a áreas fuera de las regiones del Noreste y del Atlántico medio, según la Casa Blanca. El paquete incluye US$ 12.000 millones en subvenciones de asociación para el servicio ferroviario interurbano, incluido el tren de alta velocidad.
La financiación es inferior a los US$ 80.000 millones que Biden quería enviar originalmente a Amtrak, que utilizó durante décadas para llegar a Delaware desde Washington, DC.
Aún así, sería la mayor inversión federal en transporte público en la historia y en trenes de pasajeros desde la creación de Amtrak hace 50 años, según la Casa Blanca.
Inversión en banda ancha
El plan proporcionaría US$ 65.000 millones para realizar mejoras en el sistema de banda ancha del país.
Inicialmente, Biden quería gastar US$ 100.000 millones para asegurarse de que todos los estadounidenses tuvieran un servicio de Internet fiable y de alta velocidad.
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También tiene como objetivo ayudar a reducir el precio que pagan los hogares por el servicio de Internet al exigir a los receptores de fondos federales que ofrezcan un plan asequible de bajo costo, creando transparencia en los precios e impulsando la competencia en áreas donde los proveedores existentes no brindan un servicio adecuado. También crearía un programa federal permanente para ayudar a más hogares de bajos ingresos a acceder a Internet, según la hoja informativa de la Casa Blanca.
Mejora de aeropuertos, puertos y vías navegables
El acuerdo invertiría US$ 17.000 millones en infraestructura portuaria y US$ 25.000 millones en aeropuertos para abordar los retrasos en las reparaciones y el mantenimiento, reducir la congestión y las emisiones cerca de los puertos y aeropuertos y promover la electrificación y otras tecnologías bajas en carbono, según la Casa Blanca.
Es similar a la financiación de la propuesta original de Biden.
Inversión en vehículos eléctricos
El proyecto de ley proporcionaría US$ 7.500 millones para autobuses y transbordadores de cero y bajas emisiones, con el objetivo de entregar miles de autobuses escolares eléctricos a distritos de todo el país, según la Casa Blanca.
Otros US$ 7.500 millones se destinarían para construir una red de cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de las carreteras, según el texto del proyecto de ley.
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Mejora de los sistemas de agua y electricidad
Se invertirían otros US$ 65.000 millones para reconstruir la red eléctrica, según la Casa Blanca. Se construirían miles de kilómetros de nuevas líneas eléctricas, expandiendo las energías renovables, dijo la Casa Blanca.
Proporcionaría US$ 55.000 millones para mejorar la infraestructura del agua, según el texto del proyecto de ley. Reemplazaría las líneas y tuberías de servicio de plomo para que las comunidades tengan acceso a agua potable, dijo la Casa Blanca.
Otros US$ 50.000 millones se destinarían a hacer que el sistema sea más resistente, protegiéndolo de sequías, inundaciones y ataques cibernéticos, dijo la Casa Blanca.
Reparación ambiental
El proyecto de ley proporcionaría US$ 21.000 millones para limpiar el Superfund y los sitios industriales abandonados, recuperar tierras mineras abandonadas y tapar pozos de gas huérfanos, según la Casa Blanca.
Cómo lo pagará el Congreso
El proyecto de ley incluye multitud de medidas para pagar la propuesta.
Pero mientras los legisladores afirman que el proyecto de ley se paga solo, el puntaje de la CBO descubrió que, en cambio, agregaría miles de millones de dólares al déficit durante 10 años y que muchas de las disposiciones de pago no recaudarían tanto dinero como los demócratas dijeron que lo harían.
La conclusión es que la legislación agregaría directamente aproximadamente US$ 350.000 millones al déficit, al tomar en cuenta US$ 90.000 millones de gasto en la autoridad de nuevos contratos, dijo Marc Goldwein, vicepresidente senior del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, un grupo no partidista que rastrea el gasto federal.
Según el texto del proyecto de ley y un resumen de 57 páginas, los legisladores se apoyaron en gran medida en reutilizar los fondos de ayuda para el covid-19 que no fueron utilizados para pagar la legislación.
La CBO descubrió que estas medidas proporcionarían aproximadamente US$ 22.000 millones en ahorros, en lugar de los aproximadamente US$ 263.000 millones que los legisladores indicaron, dijo Goldwein.
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El texto del proyecto de ley enumera los ahorros de rescindir asignaciones no obligadas para el programa de préstamos por desastre por daños económicos para pequeñas empresas y grupos sin fines de lucro, el programa de protección de cheques de pago, el fondo de estabilización de la educación y el alivio para los trabajadores de aerolíneas, entre otros.
Otro elemento en el texto del proyecto de ley son los US$ 53.000 millones que provienen en parte de los estados que optaron por terminar anticipadamente los beneficios por desempleo pandémico con la esperanza de presionar a los desempleados a regresar al trabajo. Unos 24 estados detuvieron al menos uno de los programas federales de desempleo antes de que finalizaran oficialmente a principios de septiembre.
Además, la CBO redujo su pronóstico para la tasa de desempleo debido a la mejora de la economía.
Además, la agencia descubrió que las subastas de espectro de la Comisión Federal de Comunicaciones generarían mucho menos de los US$ 87.000 millones originalmente señalados por los legisladores.
La CBO también dijo que el proyecto de ley recaudaría alrededor de US$ 50.000 millones al imponer nuevas tarifas de Superfund y cambiar los requisitos de declaración de impuestos para las criptomonedas, entre otras medidas.
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Más ahorros provendrían de retrasar una controvertida regla de la administración Trump que cambiaría radicalmente el precio y el pago de los medicamentos en Medicare y Medicaid hasta 2026, como muy pronto. La medida prohibiría efectivamente que los fabricantes de medicamentos otorguen reembolsos a los administradores y aseguradores de beneficios farmacéuticos. En cambio, se alentaría a las compañías farmacéuticas a que pasen los descuentos directamente a los pacientes en el mostrador de la farmacia. Se espera que entre en vigencia en 2023. El resumen enumera los ahorros en US$ 49.000 millones y el reporte de la CBO en casi US$ 51.000 millones.
Además, la propuesta de infraestructura se basa en generar US$ 56.000 millones en crecimiento económico como resultado de un retorno de la inversión del 33% en los proyectos a largo plazo, según el resumen.
Biden ha dicho que el proyecto de ley no aumentará los impuestos a las personas que ganen menos de US$ 400.000 al año y no incluye un aumento del impuesto a la gasolina o una tarifa sobre los vehículos eléctricos. Inicialmente pidió aumentar los impuestos a las corporaciones para financiar las inversiones en infraestructura, pero esa propuesta no se incluyó en el último paquete después de una fuerte oposición de los republicanos.
Qué falta
El acuerdo deja fuera la propuesta de Biden de US$ 400.000 millones para reforzar la atención a los ancianos y discapacitados estadounidenses, la segunda medida más importante de su paquete original.
Su plan habría ampliado el acceso a los servicios de atención a largo plazo en el marco de Medicaid, eliminando la lista de espera para cientos de miles de personas. Habría proporcionado más oportunidades para que las personas recibieran cuidados en casa a través de servicios basados en la comunidad o de miembros de la familia.
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También habría mejorado los salarios de los trabajadores de la salud a domicilio, que ahora ganan aproximadamente US$ 12 la hora, y habría puesto en marcha una infraestructura para dar a los trabajadores de los cuidados la oportunidad de afiliarse a un sindicato.
También se dejó de lado: US$ 100.000 millones para el desarrollo de la mano de obra, que habrían ayudado a los trabajadores desplazados, ayudado a los grupos desatendidos y puesto a los estudiantes en trayectorias profesionales antes de que se graduaran del bachillerato.
El proyecto de ley también omite los US$ 18.000 millones que Biden propuso para modernizar los hospitales de Asuntos de Veteranos, que son en promedio 47 años más viejos que los hospitales del sector privado.
Lo que también está fuera es una serie de aumentos de impuestos corporativos que Biden quería usar para pagar el Plan de Empleos estadounidense.
La propuesta original de Biden pedía aumentar la tasa del impuesto sobre la renta de las empresas al 28%, frente a la tasa del 21% establecida por la ley de recortes de impuestos de los republicanos de 2017, así como aumentar el impuesto mínimo sobre las corporaciones estadounidenses al 21% y calcularlo condado por condado para disuadir a las empresas de proteger sus beneficios en paraísos fiscales internacionales.
También habría aplicado un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos que las corporaciones más grandes reportan a los inversores, conocidos como ingresos contables, en lugar de los ingresos reportados al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), y habría dificultado adquirir o fusionarse con una empresa extranjera para evitar pagar impuestos estadounidenses al afirmar ser una empresa extranjera.
Hay algunas disposiciones sobre aumento de impuestos corporativos que los legisladores demócratas buscan incluir en la legislación separada destinada a expandir la red de seguridad social de la nación.
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Manu Raju de CNN contribuyó a este reporte
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