El expresidente de Argentina Alberto Fernández rechaza investigación judicial en su contra por presunta malversación
macamilarincon
(CNN Español) ––Alberto Fernández, expresidente de Argentina, rechazó este jueves la investigación que inició la justicia en su contra por supuesta malversación de fondos públicos vinculada a la contratación de seguros en dependencias estatales, a partir de un artículo que publicó el diario Clarín el domingo.
El expresidente negó haber realizado gestiones con funcionarios para que contrataran seguros de una compañía estatal a través de intermediarios que recibían comisiones a cambio.
“Yo no he robado nada, y no he participado de ningún negociado ni participado en ningún negociado. Esto no es ningún negociado”, dijo Fernández en una entrevista a Radio La Red.
Fernández ostenta una diferencia notoria frente a casi todos los otros expresidentes del país: no tiene causas por corrupción. Pero eso podría cambiar en caso de que prospere la causa, de cuyo comienzo se informó el jueves.
El miércoles, la abogada y periodista Silvina Martínez, exasesora de la diputada nacional Margarita Stolbizer, presentó una denuncia ante la justicia de Argentina a partir de lo que había reportado Clarín.
El juzgado de Julián Ercolini, donde recayó la denuncia, ya impulsó la investigación en manos del fiscal federal Ramiro González, quien requirió este jueves las primeras medidas de prueba.
Según la denuncia, “a fines del 2021 el entonces presidente Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros (empresa dependiente del Banco de la Nación Argentina, que es estatal) que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas”.
La denuncia señala una práctica que supuestamente tenía lugar en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), una las dependencias estatales con mayor presupuesto del Estado porque maneja las jubilaciones y las ayudas sociales.
Sostienen que “se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales (casi US$ 24 millones al cambio oficial) y 300 millones (US$ 356.000) en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”.
El monto mayor, explica la denuncia, “es lo que le paga la Anses al [Banco de la] Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”. Pero también remarca que a través de esta operatoria “Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%”. Ese esquema, sostiene la denuncia, se repitió en otros organismos estatales.
La denuncia señala que esta presunta maniobra fraudulenta pudo realizarse gracias a un decreto que a fines de 2021 dictó Fernández obligando a todas las entidades estatales a contratar seguros a través de la aseguradora del Banco Nación.
Según dijo el expresidente al diario La Nación este jueves, la norma buscaba terminar con la intermediación, pues indicaba que la contratación debía hacerse de manera directa para terminar con el sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri, que, a su entender, dio lugar a “muchos negocios”.
“No hay ninguna justificación para que una dependencia estatal utilice un intermediario cuando existe un decreto que obliga a contratar con esa empresa. El intermediario funciona cuando te puede asesorar sobre diferentes tipos de seguros o cuál es la compañía que mejor te conviene. Pero acá había una contratación obligatoria por parte del Estado con la compañía de seguros estatal, con lo cual no hay ninguna justificación para utilizar un gestor, un intermediario”, sostuvo Martínez en una entrevista con CNN.
Según dijo la denunciante a CNN, la supuesta estrategia necesitaría de tres partes: “Un funcionario público, presidente de la Nación, que crea la obligatoriedad de contratar con una determinada compañía. Por otro lado, en la otra punta está el presidente de esta compañía estatal, que permite o avala que en los convenios se utilice la figura del intermediario. Y la tercera pata la complementan estos intermediarios, que son solamente dos, que aparecían en los contratos como intermediarios, cobrando una comisión superior al valor de mercado y terminando este este triángulo que perjudicaba a las arcas del Estado”.
La denuncia apunta solo contra Fernández y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, quien, según la denunciante, es “amigo de Fernández desde sus inicios en el mundo de los seguros en los 90”. Fernández fue superintendente de Seguros de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem.
El fiscal decidió incluir en su investigación solo a uno de los dos intermediarios señalados en la investigación periodística.
Se trata de Héctor Martínez Sosa, muy cercano a Fernández: es pareja de su histórica secretaria y uno de los productores (asesores) de seguros más grandes del país, según sostuvo el expresidente a La Nación para justificar la presencia de esta persona en los contratos e intentar despegarse del escándalo.
El otro intermediario señalado en la nota de Clarín no fue incluido en la investigación judicial.
CNN está intentando contactar tanto a Pagliano como a Héctor Martínez Sosa y a sus abogados, pero desde que se publicó esta nota el domingo en Clarín hasta el momento ninguno se ha expresado públicamente ni en otro medio de comunicación.
Esta presunta maniobra fraudulenta que se denuncia fue descubierta, según el diario Clarín, por Osvaldo Giordano, el funcionario que puso al frente de la Anses el presidente Javier Milei por apoyar al exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.
CNN está buscando contactar a Giordano.
Giordano, que es uno de los especialistas en seguridad social más reconocido entre los economistas de Argentina, era el ministro de Finanzas de Schiaretti, y el apoyo del cordobés a Milei, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, causó fisuras en su coalición.
Giordano suspendió esos contratos, pero fue echado hace pocos días por Milei luego de que su esposa, que es diputada nacional, votara en contra de la llamada “ley ómnibus” que impulsaba el Ejecutivo. Duró poco más de dos meses en el cargo.
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