Fallo de jueza de Arizona parcialmente favorable a México permite avance de demanda contra 5 distribuidoras de armas
Valeria Ordóñez Ghio
(CNN Español) — La Corte Federal para el Distrito de Arizona falló este lunes parcialmente a favor del Gobierno de México ante una moción que presentaron las cinco empresas distribuidoras de armas en ese estado fronterizo que están demandadas y buscaban desestimar aspectos fundamentales de la demanda de México.
La decisión permite que continúe el proceso legal en el cual el Estado mexicano solicita compensaciones por daños y perjuicios, daños punitivos, medidas cautelares y equitativas, y el nombramiento de un supervisor para vigilar y dirigir las prácticas de ventas de los demandados, a las que acusa de negligencia, molestias públicas y enriquecimiento injusto.
Corte de Estados Unidos acepta demanda de México contra distribuidores de armas
La Corte concedió una parte de la moción de los demandados, aceptando que se desestime la acusación de que violaron la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona (CFA, por sus siglas en inglés) y la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos (RICO, por sus siglas en inglés), así como reclamaciones por molestias públicas, pero rechazó el resto de la moción. También concedió la moción de los demandados para desestimar el reclamo por alteración del orden público.
El tribunal consideró que la demanda establece adecuadamente un reclamo por entrega negligente, según la ley de Arizona.
El fallo rechazó desestimar el reclamo de enriquecimiento injusto. México ha alegado que “los demandados se benefician de la venta de armas de fuego a compradores testaferros y traficantes de armas de fuego, las ventas de los demandados dan como resultado el flujo de armas de fuego a los cárteles en México, y el demandante tiene la responsabilidad de costo del daño infligido por el cártel resultante”.
México ve “decisión favorable”
En un comunicado que difundió el mismo lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) consideró que la jueza Rosemary Márquez emitió una “decisión favorable” a su demanda, al señalar que su fallo establece que las empresas tuvieron “diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México, y que estas serían usadas con fines ilícitos”. La Cancillería agregó que eso implica que “la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población”.
También afirmó que en las siguientes etapas se presentará evidencia para demostrar “la conducta negligente” de las demandadas, con la finalidad de obtener una reparación del daño. La cancillería reconoció que las demandadas también tienen derecho de presentar un recurso de apelación.
En su comunicado, la cancillería omitió comentar sobre que el fallo da en parte la razón a los demandados.
El 23 de enero, un panel de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de México en esta misma demanda, la primera interpuesta en un tribunal estadounidense por un gobierno extranjero contra la industria de armas del país.
En un caso diferente, México presentó en 2021 una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos, que señaló que generan “enormes daños humanos y materiales”. Las empresas demandadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Fabricación de armas de fuego, inc.; Beretta USA Corp.; Glock, Inc.; Sturm, Ruger & Company, inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., D/B/A Interstate Arms; siglo Internacional Arms, Inc.; Baretta Holdings Spa; Glock ges.M.B.H.; Colt’s Manufacturing Company, Llc, según los documentos judiciales obtenidos por CNN.
Esa demanda de 2021 fue desestimada en un tribunal de primera instancia en 2022 basándose en que la ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) brindaba inmunidad y amplia protección a los fabricantes de armas estadounidenses sobre el uso indebido de sus productos. En febrero último, Smith & Wesson adelantó a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, que planea recurrir a la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. para afirmar la protección de la PLCAA e impedir que México pueda demandar a los fabricantes.
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