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Informe preliminar señala negligencia, intervenciones ilegales y sobrecarga en el techo de la discoteca Jet Set

Por Jessica Hasbun, CNN en Español

El colapso del techo del local nocturno Jet Set, ocurrido el 8 de abril en República Dominicana, que dejó más de 230 muertos y al menos 180 heridos, fue el resultado de una serie de decisiones estructurales imprudentes, intervenciones sin permisos, acumulación progresiva de peso sobre el techo y un mantenimiento deficiente o inexistente, según el informe preliminar técnico de una comisión de ingenieros civiles y la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, a los que CNN tuvo acceso.

El caso ha derivado en un proceso judicial contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, gerente y administradora del establecimiento respectivamente. Ambos fueron arrestados y enfrentan cargos de homicidio involuntario, irresponsabilidad y negligencia grave, por no intervenir la estructura pese a las advertencias e intentar manipular o intimidar posibles testigos, según la solicitud de medida de coerción.

En una entrevista exclusiva con Telesistema, afiliada de CNN, el empresario Antonio Espaillat, copropietario de la discoteca Jet Set, habló públicamente de la tragedia que conmocionó a República Dominicana. Espaillat aseguró que desconoce las causas del colapso y que él mismo es “el primero que quiere saber qué pasó. Desde que esto sucedió, no he tenido vida. (…) Estoy completamente devastado”, dijo.

Agregó que enfrentaría todo lo que le tocara enfrentar. “No me voy a ir a ningún lado; estaré aquí, y todo lo que esté a mi alcance y todo lo que pueda hacer, lo haré”, enfatizó.

CNN intentó obtener una reacción de la defensa a este informe forense, sin respuesta hasta ahora. Este martes, durante una visita al Palacio de Justicia, Valerio evitó referirse al informe pericial y se limitó a decir que está preparado para la audiencia de este miércoles.

Uno de los hallazgos consignados en la solicitud de medida de coerción, es la demolición previa de una columna estructural en el lado oeste del edificio, sustituida por un perfil metálico soldado a una placa de acero y anclado a una pared de concreto.

El documento se agrega que en la zona lateral este, donde estaba el bar, también fueron removidos muros de mampostería que originalmente daban soporte a las vigas perimetrales, debilitando aún más el sistema estructural.

El informe pericial preliminar señala que la causa principal del colapso fue una sobrecarga inducida por la acumulación de múltiples elementos sobre el techo: luminarias, plafones, sistemas de aire acondicionado, tinacos (tanques de agua), casetas técnicas y cuatro capas de materiales de recubrimiento con un espesor total de 37,5 centímetros.

Entre 2011 y 2025, el techo pasó de tener 7 instalaciones visibles a 17, según un análisis cronológico de imágenes satelitales citado en la página 22 del informe. Los peritos, dos dominicanos y uno internacional, afirman que esa evolución “generó un aumento en la sobrecarga funcional de la cubierta”.

También se detalla que las vigas transversales del área sur de la edificación “sobrepasan los límites de deformación permisibles”, específicamente en los ejes estructurales que coinciden con la entrada principal.

Según la solicitud del Ministerio Público, en 2014 se inició una evaluación estructural que nunca fue concluida, argumentando que la administración de Jet Set no dio seguimiento ni volvió a contactar al ingeniero responsable, quien alegó haber completado solo el 10 % del trabajo.

En 2015 se realizaron nuevas remodelaciones que incluyeron una pista de baile, una zona VIP en el segundo nivel y el montaje de equipos técnicos en la cubierta. Todo esto, según el documento, se hizo sin evaluación técnica ni autorización de las autoridades.

El Ministerio de Vivienda (MIVED) y la Alcaldía del Distrito Nacional de República Dominicana dicen que no existe solicitud alguna de anteproyecto, remodelación o modificación estructural al local, señala el Ministerio Público.

El informe forense descarta fenómenos naturales como posibles causas del colapso. El Centro Nacional de Sismología no registró movimientos sísmicos importantes previos al evento. No se documentaron vientos anormales ni acumulación de agua por lluvia, según el Instituto Dominicano de Meteorología. Tampoco se identificaron “elementos explosivos” en la evidencia recolectada, según la documentación enviada por Policía Científica.

La solicitud del Ministerio Público sostiene que “se evidencia la imprudencia, torpeza, negligencia e inobservancia de parte de los imputados” Antonio Epaillat López y Maribel Espaillat, quienes tenían “la autoridad y control operativo” para ordenar las modificaciones que derivaron en el colapso. Según la acusación, los trabajos se hicieron “sin asistencia técnica necesaria, para ampliar sus ganancias”.

Este miércoles, por segunda vez, Antonio y Maribel Espaillat deberán comparecer ante el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de que la primera audiencia de medida de coerción fuera aplazada este domingo.

El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva contra Antonio Espaillat, arresto domiciliario y la presentación de una garantía económica para Maribel Espaillat, y la declaración de complejidad del caso.

Este último punto, en el Código Procesal Penal dominicano, implica que el proceso se considere de especial dificultad técnica o de gran magnitud, lo que extiende los plazos de investigación más allá de los 3 meses ordinarios establecidos. En casos complejos, el Ministerio Público dispone de hasta 18 meses para presentar acusación formal.

Hasta el momento, los representantes legales de Antonio y Maribel Espaillat se han limitado en sus declaraciones. Sin embargo, señalaron que sus clientes están colaborando con las autoridades.

El abogado Miguel Valerio, defensa de los imputados, dijo este domingo que los hechos serán debatidos en el proceso judicial.

Más allá del proceso penal, el caso Jet Set ha encendido las alarmas sobre la seguridad estructural en locales de alta concurrencia en República Dominicana. A lo largo de estos meses, varios ingenieros, legisladores y gremios profesionales han coincidido en la necesidad urgente de reformar los protocolos de inspección, crear un registro centralizado de edificaciones y remodelaciones e imponer mayor responsabilidad técnica a propietarios y operadores de espacios públicos.

El informe forense y la solicitud de medida de coerción no solo documentan una tragedia evitable, sino que también se han convertido en una advertencia para el país.

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