Juez federal bloquea la controvertida política de asilo de Biden y le asesta un duro golpe a su gobierno
Alejandra Ramos
(CNN) — Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la controvertida política de asilo del presidente Joe Biden, lo que representa un duro golpe para el gobierno. El juez suspendió la sentencia por 14 días para una posible apelación.
El fallo contra el Gobierno de Biden podría tener consecuencias importantes en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la cantidad de cruces irregulares de inmigrantes se ha desplomado desde la implementación de la política de asilo, entre otras medidas.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresó estar “totalmente en desacuerdo con el fallo” de este martes y añadió: “Para ser claros, debido a que el tribunal de distrito suspendió temporalmente su decisión, el fallo de hoy no cambia nada de inmediato. No limita nuestra capacidad de imponer consecuencias por la entrada ilegal”.
El juez Jon Tigar, del Tribunal del Distrito Norte de California, falló previamente contra una política similar de la administración del expresidente Trump. La semana pasada, durante una audiencia judicial, expresó su escepticismo ante las posibles diferencias entre la política de Biden y la de la era Trump. Los actuales funcionarios han rechazado la comparación con las reglas del gobierno anterior.
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Biden ha implementado una serie de medidas para tratar de detener el flujo migratorio y manejar la situación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, enfrenta múltiples demandas de los estados republicanos y de sus defensores, lo que representa un riesgo para los planes fronterizos del gobierno.
El fallo de Tigar se deriva de una demanda que presentó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), entre otros grupos de derechos de los inmigrantes, contra una nueva regla que prohíbe en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país en su camino a la frontera busquen asilo en Estados Unidos, lo que marca una desviación del protocolo de décadas.
La política de Biden, como la de la era Trump, obtuvo una amplia condena de los aliados de Biden, incluidos los legisladores demócratas y los defensores de los inmigrantes cuando se implementó. “Para ser claros, esta no era nuestra primera preferencia ni la segunda”, admitió un funcionario del gobierno en ese momento, y agregó que la responsabilidad de aprobar la reforma recae en el Congreso.
La ACLU aplaudió el fallo, según informó en un comunicado.
“El fallo es una victoria, pero cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha por su prohibición ilegal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un puerto seguro para sus familias quedan en grave peligro”, dijo Katrina Eiland, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso. “La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de libertad y esperanza, y el gobierno puede y debe hacer lo mejor para cumplir esta promesa, en lugar de perpetuar políticas crueles e ineficaces que la traicionan”.
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Se espera que el Departamento de Justicia apele el fallo. Si lo hace, el caso irá al Noveno Circuito, que confirmó dos veces los fallos de Tigar sobre políticas similares de Trump.
Durante la audiencia de la semana pasada, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, argumentó que la regla tiene excepciones y que hay otras vías legales que se han puesto a disposición de los inmigrantes que buscan ir a Estados Unidos.
Los migrantes que obtienen una cita a través de la aplicación CBP One para presentarse en el puerto de entrada, por ejemplo, están exentos. Si bien hay algunas excepciones, la regla generalmente se aplica a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. No se aplica a los niños migrantes no acompañados.
Bloquear la regla, dijo Reuveni a Tigar, “potencialmente socavaría la capacidad de negociar” con países que se han asociado con EE.UU. para gestionar el flujo migratorio.
Eiland, quien habló en nombre de los demandantes, dijo que la regla ponía en peligro a los migrantes y que la regulación en sí no proporciona vías adicionales. “No hay beneficios que la regla en sí misma realmente ofrezca”, dijo.
Los funcionarios del gobierno han señalado una caída dramática en los cruces fronterizos desde el final de una política de la pandemia de covid-19, conocida como Título 42, que permitía la expulsión rápida de migrantes aumentando las deportaciones, además de penas más duras.
En junio, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. arrestó a casi 100.000 migrantes a lo largo de la frontera sur de EE.UU., lo que representa una disminución desde mayo y marca la cantidad más baja de encuentros mensuales con migrantes desde febrero de 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Pero el gobierno de Biden ha seguido lidiando con un movimiento masivo de personas sin precedentes en el hemisferio occidental, resultado de una pandemia de covid-19 que diezmó las condiciones en la región.
Los patrones cambiantes de migración han puesto a prueba los recursos federales, ya que las autoridades fronterizas se han encontrado con un número cada vez mayor de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. En gran medida, Estados Unidos tiene prohibido deportar a inmigrantes de esas nacionalidades a sus países de origen debido a las tensiones que eso podría generar en las relaciones diplomáticas.
Tigar concluyó que los programas que brindan a los migrantes una vía para solicitar la migración legal a EE.UU. son específicos para ciertas nacionalidades y no son opciones significativas para todos los solicitantes de asilo.
“La Regla, por lo tanto, asume que estas excepciones, como mínimo, presentarán opciones significativas para los no ciudadanos sujetos a la Regla. Los programas de admisión especial no están significativamente disponibles para muchos no ciudadanos sujetos a la Regla. Aunque existen otros programas de admisión especial, la Regla generalmente se basa en los programas de admisión especial para ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y ucranianos. Estos programas son específicos de cada país y no están disponibles universalmente, ni siquiera para las poblaciones que cubre”, escribió.
También dijo que el gobierno, en su implementación de la regla de asilo, violó una ley conocida como Ley de Procedimientos Administrativos, que establece ciertas pautas sobre la forma en que las agencias pueden llevar a cabo sus políticas.
“Justificar la limitación de la elegibilidad para el asilo en función de la expansión de otros medios de entrada o protección es considerar factores con los que el Congreso no tenía la intención de afectar dicha elegibilidad”, escribió Tigar. “La Regla es, pues, arbitraria y caprichosa”.
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