EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y nueve funcionarios de vínculos con los Chapitos: esto sabemos
Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español
La acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. ha colocado en el centro de la atención internacional al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios por su presunta colaboración, según la Casa Blanca, con el Cartel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos, la facción del cartel liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
De acuerdo con los fiscales estadounidenses, los acusados se habrían aliado con uno de los carteles más poderosos del continente para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense durante años, a cambio de sobornos y protección política.
Algunos de los señalados pertenecen o han pertenecido al partido gobernante, Morena, lo que añade presión a la presidenta Claudia Sheinbaum en un momento delicado de la relación con el Gobierno de Donald Trump. Sheinbaum aseguró que no van a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”.
Algunos de los acusados han rechazado los señalamientos. En México, la Fiscalía General de la República informó que ya recibió solicitudes de detención con fines de extradición, que serán revisadas para determinar si tienen sustento legal.
Esto es lo que se sabe del caso.
La acusación contra Rocha Moya, quien podría enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable, también incluye a otras nueve personas, entre las que hay funcionarios y exfuncionarios vinculados a instituciones de seguridad, procuración de justicia y cargos políticos en Sinaloa. El gobernador negó “categórica y absolutamente” los señalamientos.
Entre los señalados también se encuentra Enrique Inzunza Cázarez, actual senador por Morena, quien ocupo previamente el cargo de secretario general del gobierno de Sinaloa bajo el mandato de Rocha. Inzunza también rechazó los señalamientos. “Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, escribió el senador en su cuenta de X.
El Departamento de Justicia señala además a Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la Fiscalía estatal, cargo que ocupa desde octubre de 2021. La Fiscalía de Sinaloa respondió en un comunicado que cualquier procedimiento debe apegarse a la Constitución, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también acusado por los fiscales estadounidenses sostuvo que los señalamientos “no tienen fundamento” y defendió su actuación en el servicio público, en un mensaje en su cuenta de X.
Entre los demas acusados figuran expolicías y funcionarios y exfuncionarios públicos del estado.
Estados Unidos ha presentado al Gobierno de Sinaloa encabezado por Rocha Moya como un aliado operativo del grupo criminal liderado históricamente por El Chapo e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos en prisión en Estados Unidos. Los intensos enfrentamientos entre los seguidores del Mayo —conocidos como los Mayitos— y los aliados del Chapo tienen a los sinaloenses atrapados en medio de una guerra sangrienta desde 2024.
El documento judicial sostiene que funcionarios públicos “abusaron de su autoridad” para beneficiar al cartel, sometiendo a víctimas a amenazas y violencia, y recibiendo sobornos a cambio de protección.
“Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cartel, han expuesto y sometido a las víctimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos”, se lee en el documento.
De acuerdo con los fiscales, algunos policías incluso habrían participado directamente en actos criminales, incluidos secuestros y homicidios de personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
La acusación también señala que los implicados protegieron a líderes del cartel frente a investigaciones y detenciones, filtraron información sensible de fuerzas de seguridad, ordenaron a corporaciones policiales resguardar cargamentos de droga, facilitaron el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos.
El gobernador de Sinaloa fue acusado de cargos de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para poseer armas. La acusación dice que Los Chapitos lo apoyaron desde que fue candidato a gobernador y que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de ese grupo delictivo y prometió apoyarlos.
“Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con Los Chapitos en la administración de Rocha Moya han protegido a Los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, menciona el documento.
Rocha rechazó las acusaciones en un mensaje publicado en X, en el que aseguró que esto representa “un ataque” contra la “cuarta transformación”, el movimiento que abandera el partido oficialista Morena.
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, dijo.
“(La acusación) se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”, agregó.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura cautelosa. Este lunes aseguró que su Gobierno no va a “proteger a nadie” pero que “tiene que haber pruebas”.
“Solo si existen pruebas contundentes se va a proceder contra” Rocha Moya, dijo la mandataria. “Si no existen pruebas contundentes, es evidente que el objetivo es político”, añadió Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.
El gobierno mexicano ha enfatizado además la importancia de la soberanía nacional y de que cualquier procedimiento se realice conforme a la ley mexicana.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, dijo la presidenta.
La presidenta de México explicó que la Fiscalía General de la República procederá a analizar la documentación recibida desde EE.UU. Para “establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud” de extradición de Rocha y otros funcionarios señalados en la acusación.
El embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, evitó referirse directamente al caso, pero señaló en un comunicado difundido en redes sociles que la corrupción facilita las actividades criminales y debe ser combatida.
Sus declaraciones fueron consideradas “desafortunadas” por la presidenta Sheinbaum, quien rechazó cualquier señal que pueda interpretarse como injerencia.
Las acusaciones surgen en un momento especialmente delicado para la relación entre México y Estados Unidos, marcada por nuevas tensiones tras la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.
El caso coincide además con una creciente presión del gobierno de Donald Trump para que México intensifique sus acciones contra los cárteles del narcotráfico. El propio Trump ha planteado la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen operaciones en territorio mexicano, una idea que la presidenta Sheinbaum ha rechazado de forma reiterada, al considerarla una violación a la soberanía nacional.
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Con información de Mauricio Torres y Sol Amaya.
