Tres décadas ha estado gestándose en EE.UU. el proceso por el que Raúl Castro sería acusado formalmente este miércoles

Por Evan Perez, CNN

Los cargos penales que el Departamento de Justicia prevé presentar contra el expresidente de Cuba Raúl Castro son el resultado de un proceso judicial que lleva gestándose más de 30 años, y en el que los fiscales federales de Miami redactaron por primera vez una acusación formal en su contra en la década de 1990.

Tras tres décadas, las acusaciones penales que se espera que se anuncien este miércoles en un acto en Miami se centran en el papel de Castro, de 94 años —años antes de su presidencia— como ministro de Defensa y su presunta participación en la orden de derribo en 1996 de dos aviones civiles pertenecientes al grupo cubanoamericano Hermanos al Rescate, según personas informadas sobre el asunto.

Cuatro personas, tres de ellas estadounidenses, murieron en el ataque perpetrado por dos cazas MiG cubanos en espacio aéreo internacional.

Se espera que el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, asista a una ceremonia en honor a las víctimas del derribo, coincidiendo con el día en que los exiliados cubanos celebran la independencia de Cuba, según fuentes cercanas a la organización.

Sin embargo, el borrador original de la acusación se basó en el impulso del exitoso procesamiento de Manuel Noriega, el líder panameño condenado en 1992 por crimen organizado y narcotráfico.

“Tras el caso Noriega, redoblamos francamente nuestros esfuerzos para que este caso avanzara”, declaró Guy Lewis, exfiscal federal de Miami, refiriéndose a los primeros esfuerzos en una entrevista telefónica.

Años después, Lewis redactó un memorándum de siete páginas en el que exponía un posible caso contra Castro, el cual, en los últimos meses, llegó a manos de altos funcionarios de la administración Trump, incluido el secretario de Estado Marco Rubio.

El memorándum se elaboró ​​originalmente en 2016 y posteriormente se envió al entonces fiscal general Jeff Sessions. Sin embargo, no se concretó ningún caso, hasta ahora.

George Fowler, cuya familia huyó de Cuba cuando él tenía 9 años y que es un abogado con una larga trayectoria que representa al grupo de presión Fundación Nacional Cubanoamericana, dice que le escribió al presidente Donald Trump e incluyó el memorándum de Lewis para argumentar a favor de tomar medidas contra Castro.

“Llevo intentando que los Castro sean procesados ​​desde que tenía 9 años”, señaló Fowler en una entrevista con CNN.

Lewis, quien ayudó a procesar a Noriega, afirma que parte de la investigación para preparar el juicio contra Noriega ayudó a reunir pruebas de que Castro, hermano del entonces líder cubano Fidel Castro, y otros miembros del Gobierno cubano recibieron millones en pagos de líderes de cárteles colombianos para proteger sus cargamentos.

Esos esfuerzos por presentar cargos se detuvieron después de que el Miami Herald informara sobre el borrador de la acusación, recuerda Lewis de aquel entonces.

Tras el derribo del avión de Hermanos al Rescate, surgió una nueva iniciativa: el FBI intensificó su investigación sobre la red de espionaje de la inteligencia cubana, que se extendía desde instalaciones militares en Miami y Tampa hasta infiltraciones en el grupo Hermanos al Rescate e incluso en las oficinas de miembros del Congreso.

La red de espionaje conocida como La Red Avispa había infiltrado a agentes de inteligencia cubanos en la comunidad cubana anticastrista de Miami, incluyendo a los Hermanos al Rescate, que comenzaron como un grupo de observadores aéreos que identificaban a refugiados cubanos que necesitaban ser rescatados en el mar.

En un juicio celebrado en el año 2000, cinco miembros de la red de espionaje cubana, incluido su líder Gerardo Hernández, fueron declarados culpables de espionaje y otros cargos.

Una acusación formal independiente presentada por Estados Unidos incluyó cargos de asesinato y otros delitos contra los pilotos cubanos de MiG y un general cubano que supuestamente ordenó el derribo de los aviones civiles desarmados.

Hernández, que por entonces cumplía cadena perpetua en una prisión estadounidense, formaba parte de un grupo que fue devuelto a Cuba como parte de un intercambio de prisioneros en 2014, lo que provocó indignación en el sur de Florida, donde se encuentra la mayor comunidad cubanoamericana.

“Mi reacción fue de ira”, apunta Lewis. “Fue como escupirle en la cara a estas familias y a la memoria de estos hombres. Tres ciudadanos estadounidenses asesinados a sangre fría”.

Si bien el intento de procesar a Castro pareció desvanecerse debido a cambios en las prioridades políticas, los fiscales involucrados en la investigación y los actuales afirman que nunca dieron por cerrado el caso de los hermanos Castro.

El intercambio de prisioneros contribuyó a reactivar la investigación cuando Trump ganó las elecciones de 2016.

David Buckner, quien ayudó a dirigir el procesamiento por espionaje cubano, declaró que los fiscales estudiaron la posibilidad de acusar a cualquier persona involucrada en el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate.

“Seguimos las pruebas hasta donde nos llevaron”, indicó. “Investigamos a todos. Nuestro objetivo era obtener justicia para estas familias”.

Buckner afirma que la investigación demostró que el Gobierno cubano llevó a cabo el ataque como un mensaje a los disidentes de la isla, que en aquel momento estaban ganando terreno gracias a la financiación de Gobiernos europeos.

En el momento del atentado de 1996, se sabía que los aviones de Hermanos al Rescate sobrevolaban las inmediaciones del espacio aéreo cubano y lanzaban miles de folletos con mensajes antigubernamentales dirigidos a los residentes de La Habana.

El día del atentado, espías en Miami habían informado a las fuerzas cubanas del vuelo previsto y se habían asegurado de que Hernández, el cabecilla, no estuviera en ninguno de los aviones, según declararon los fiscales durante el juicio.

“Esto no fue un hecho aislado, no fue algo impulsivo, fue un homicidio planeado”, insistió Buckner. “Su objetivo era intimidar al pueblo de Cuba”.

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