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¿Puede Trump ser acusado por hacer un mal manejo de documentos de la Casa Blanca?

Alejandra Ramos

(CNN) — Los reportes sobre el posible mal manejo de los documentos federales por parte del expresidente Donald Trump que fueron encontrados en su complejo de Mar-a-Lago han llevado a los expertos legales esta semana a cuestionar: ¿Se podría acusar a Trump de un delito?

Algunos se apresuraron a especular que sí, aunque no está claro si el Departamento de Justicia puede acusar a un expresidente por el mal manejo de documentos, incluso información clasificada.

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Un exasesor de Trump dijo que era muy posible que nunca se materializara ningún caso penal, pero agregó: “Si yo fuera Trump, me lo tomaría en serio”.

Existen leyes claras que protegen los registros federales, con diversos grados de probabilidad en su aplicación.

Esto es lo que los expertos legales le dicen a CNN:

¿Puede Trump conservar o destruir los registros del gobierno después de dejar la Casa Blanca?

La Ley de Registros Presidenciales de 1978 describe las formas en que se deben mantener los registros oficiales durante una presidencia y entregados al final de una administración.

Según los reportes de CNN y otros, parece que algunos de los requisitos de la ley pueden no haberse seguido durante la presidencia de Trump. En cambio, los registros oficiales de la Casa Blanca fueron destrozados o tirados por los inodoros, y al menos 15 cajas de registros llegaron a Mar-a-Lago. Algunos de los documentos recuperados de Mar-a-Lago en los últimos meses contenían registros que los Archivos Nacionales creían que estaban clasificados, según The New York Times.

Los expertos legales le dicen a CNN que cualquier retención o destrucción no autorizada de documentos de la Casa Blanca levanta una bandera roja bajo una ley penal que prohíbe la eliminación o destrucción de registros oficiales del gobierno.

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Pero para que un cargo como este valiera, los fiscales tendrían que demostrar que Trump había violado la ley “deliberadamente”, algo difícil de lograr, aunque uno que los fiscales podrían lograrlo dados los frecuentes esfuerzos dentro de la Casa Blanca para tratar de preservar los registros que Trump habitualmente mutilaría.

Además, otras leyes penales también podrían entrar en juego, si avanza una investigación del Departamento de Justicia.

“Si la intención era ‘Permítanme sacar estos documentos del camino porque podrían verse mal, podrían ser condenatorios para mí en una investigación, en una demanda’, entonces estamos hablando de una posible obstrucción de la justicia. Así que el diablo estará en los detalles aquí”, dijo el analista legal de CNN, Elie Honig.

¿Hay otras leyes con poder?

Quizás.

Una ley penal prohíbe destruir propiedad del gobierno, siempre que la persona acusada haya violado la ley intencionalmente.

Como exoficial de Estados Unidos, Trump también tiene la obligación permanente de proteger la información clasificada que recibió como presidente.

Mientras estuvo en el cargo, tuvo la capacidad de desclasificar, tomando sus propias decisiones. Pero ese poder terminó cuando dejó la presidencia, y no está claro si desclasificó algún registro en Mar-a-Lago mientras aún estaba en el cargo.

“Si hubo una destrucción intencional y consciente de documentos clasificados, eso es un delito federal”, dijo Honig el jueves en CNN.

Un asesor de seguridad nacional del presidente Bill Clinton, Sandy Berger, fue procesado por sacar documentos clasificados de los Archivos Nacionales metiéndolos en sus pantalones durante la investigación de la Comisión del 11 de septiembre.

Aun así, un caso sobre el mal manejo de secretos de seguridad nacional puede complicarse rápidamente. Eso se debe a que no existe un sistema central en el gobierno federal que estandarice lo que se clasifica, y diferentes agencias pueden tener diferentes puntos de vista y emitir juicios sobre la clasificación.

Es probable que una investigación del Departamento de Justicia analice las determinaciones de varias agencias en los registros. La defensa de Trump sería que él es presidente y los gobierna a todos, según un experto legal que anteriormente manejó problemas de casificaciónn en el gobierno.

¿Qué tendría que hacer Trump para desclasificar documentos?

Este problema surgió en los tribunales durante la presidencia de Trump, cuando las organizaciones de noticias buscaron registros clasificados relacionados con la investigación de Rusia después de que la Casa Blanca o Trump hablaran públicamente sobre desclasificarlos.

En uno de los casos, el funcionario del Departamento de Justicia Brad Weinsheimer dijo que no se había materializado ninguna orden para desclasificar las solicitudes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) de Carter Page, que eran los documentos buscados, incluso después de que las declaraciones oficiales sugirieron que podrían publicarse.

En otro, el entonces jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que los tuits de Trump sobre la desclasificación de documentos no eran “órdenes de desclasificación autoejecutables” y, en cambio, la toma de decisiones se quedó en una agencia federal bajo Trump, según un expediente judicial.

Brad Moss, un abogado que solicitó sin éxito la desclasificación de la orden FISA de Page en la corte, dijo que la desclasificación de información del presidente requiere su decisión por escrito. Eso podría ser tan simple como tachar las marcas de “clasificado” en la parte superior de las páginas o tan formal como enviar documentos a la Oficina del Abogado de la Casa Blanca, dijo Moss.

Las preguntas que quedan sobre los documentos clasificados en Mar-a-Lago, dice Moss, son “¿Sabía él? ¿Cuándo decidió poner esos documentos allí? ¿Y tomó alguna medida para desclasificarlos antes de dejar el cargo?”

¿Podría la Ley de Registros Presidenciales generar cargos?

No.

La ley no tiene un mecanismo de aplicación penal, por lo que, en efecto, la ley es “no tiene poder”, dijo George Clarke, un abogado con sede en Washington que presentó dos demandas por las prácticas de retención de registros de la Casa Blanca de Trump en los últimos años.

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En sus demandas, que fueron seguidas conjuntamente por el grupo de vigilancia del gobierno Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, historiadores y archivistas se quejaron de que las notas y traducciones de las reuniones de Trump con potencias extranjeras, incluyendo las del presidente ruso Vladimir Putin, no existían o no se habían conservado, y que el personal de la Casa Blanca utilizó sistemas de mensajería encriptada para asuntos oficiales. Pero los tribunales desestimaron los casos y encontraron que los jueces no tenían autoridad para microgestionar la presidencia.

“Es tan frustrante”, dijo Clarke, recordando sus demandas. “Todos los casos que presentamos señalaban lo malo que era el mantenimiento de registros y cuántas veces lo violaron. Los tribunales no mordieron”.

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