OPINIÓN | Para las latinas, el derecho al aborto de Roe vs. Wade es una lucha para la que nos hemos preparado toda la vida

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Nota del editor: Paula Ávila-Guillén es una abogada colombiana experta en derechos humanos, activista de derechos sexuales y reproductivos, y directora ejecutiva del Women’s Equality Center, una organización que se dedica a apoyar y elevar el trabajo de personas y organizaciones en América Latina enfocadas en la libertad reproductiva. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) –– Decenas de miles de personas de todas las edades, niveles económicos y contextos sociales se toman las calles: las une la convicción de que la autonomía de los cuerpos es un derecho humano básico. Van vestidas de verde, un color que representa la defensa de la salud. La unión del movimiento es poderosa. cambia la historia.

Esta escena no ocurre en Estados Unidos… O al menos no lo hacía hasta principios de mayo, cuando empezaron las manifestaciones por el derecho al aborto. Se vive en Argentina. En México. En Chile. Incluso en Colombia, el país donde nací y que ahora tiene una de las leyes de aborto más liberales del continente, además de Canadá. La vemos incluso en contextos más restrictivos con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, como El Salvador o República Dominicana, que han tenido protestas masivas contra las duras prohibiciones al aborto y hasta la revocación de algunas penas de prisión.

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Como abogada y defensora de la salud de las mujeres en toda América Latina, ayudé a organizar la “marea verde”, que comenzó en Argentina a principios de la década del 2000 y ganó relevancia nacional hacia el 2018, marcando el inicio de un movimiento que logró aprobar una legislación innovadora que protege la salud y la autonomía de las mujeres. Además de ser ejemplo para la región. Muchos pensaron que estas reformas nunca sucederían, especialmente en países donde la religión y la iglesia son con frecuencia el árbitro final de la ley y de la justicia.

Ahora, soy una de los millones de ciudadanas estadounidenses que luchan contra el borrador filtrado de una opinión de la Corte Suprema que anularía el fallo de Roe vs. Wade que protege el derecho al aborto. Ante esta situación hay una verdad dolorosa por enfrentar: a medida que el aborto legal parece convertirse en cosa del pasado, nos espera un futuro con más casos de embarazos forzados, abortos inseguros y las muertes prevenibles de miles de mujeres.

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Sin embargo, no todo está perdido.

A finales de febrero, la Corte Constitucional de Colombia, mi país, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Luego de este plazo, existen cuatro excepciones para evitar la penalización: cuando la vida y la salud de la madre están en riesgo, cuando el embarazo se debe a una violación o al incesto, cuando el embarazo es inviable y cuando es producto de una inseminación forzada.

Con esta decisión, Colombia es el tercer país latinoamericano que despenaliza el aborto en los últimos dos años, sumándose a Argentina ––que lo permite hasta la semana 14–– y a México ––aunque depende de cada estado–– en reconocer la autonomía de los cuerpos de las mujeres como un derecho humano. (Actualmente, 9 de los 32 estados de México han seguido la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo).

Esta ola de cambios a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ocurre en algunos de los países más católicos del mundo. Y, en los casos específicos de México y Colombia, demuestra cómo los jueces en última instancia declararon inconstitucional la penalización del aborto. En otras palabras: interpretaron la ley de acuerdo a la Constitución y sin obedecer a sus creencias personales o religiosas.

Dicho eso, los grupos evangélicos han demostrado ser más conservadores que los católicos en muchos aspectos, incluido el aborto. Justamente, en países donde las iglesias evangélicas representan las principales fuerzas sociales, como es el caso de Honduras, Guatemala e incluso Brasil, el progreso a favor de los derechos de las mujeres parece menos probable.

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El fallo de la Corte Constitucional de Colombia no habría sido posible sin las organizaciones de derechos humanos en el país que ejercieron una presión política sobre los magistrados. A través de protestas en las calles, publicaciones de redes sociales e intervenciones ante los medios nacionales e internacionales recalcaron una verdad abiertamente conocida: el sistema de excepciones al aborto no protege a las niñas y personas embarazadas más vulnerables del país.

En el 2006, la Corte Constitucional determinó que las mujeres podían acceder al aborto seguro y legal bajo tres condiciones: cuando existían malformaciones fetales incompatibles con la vida, si el embarazo representaba un riesgo a la salud y la vida de la mujer o cuando el embarazo se debía una violación, incesto o inseminación forzada. Este fallo era tan restrictivo como etéreo, por lo que resultó ineficaz al momento de garantizar el acceso al aborto.

Cuando, en 2021, la Corte Constitucional decidió revisar nuevamente las normas sobre el aborto, las abogadas de derechos humanos y activistas sabíamos que era crucial resaltar la discriminación contra las mujeres más vulnerables para cambiar las mentes y los corazones de los jueces. Y, en últimas, lograr un fallo a favor de la despenalización.

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Esto requirió encontrar y compartir las historias personales, profundamente dolorosas, de mujeres a las que se les negó el derecho al aborto, aun cuando cumplían las causales permitidas. Necesitábamos demostrar que la implementación del fallo del 2006 reforzaba que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo era un privilegio de las personas ricas y no en un derecho de todas las colombianas.

Les aclaramos a los jueces de Colombia exactamente a quiénes se les negaba el acceso al aborto. Los informes de Profamilia, una organización privada sin fines de lucro que promueve los derechos sexuales y reproductivos en el país, llegaron a los titulares de medios al revelar que solo en 2020 a más de 30.000 mujeres se les negó el derecho a obtener un acceso legal.

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Todas ellas se vieron entonces obligadas a decidir entre un aborto clandestino o a continuar forzadamente con sus embarazos. Y la realidad es que cada año 132.000 mujeres y niñas sufren complicaciones por abortos inseguros en Colombia, según Human Rights Watch, con cifras del Ministerio de Salud.

Dicho de otra manera, las leyes restrictivas del aborto llevaron a una emergencia de salud pública. Además, demostramos que las miles de personas a las que cada año se les negó el aborto seguro eran casi exclusivamente las más marginados: menores, sobrevivientes de violación, inmigrantes, refugiadas, mujeres que viven en zonas rurales y personas en situación de pobreza.

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Los jueces no pudieron ignorar la realidad que les mostramos: las leyes sobre el aborto crearon tanto una carga de la salud pública, como un sistema de clases. Las personas con recursos siempre podrán acceder a la atención médica, mientras que aquellos que no los tienen no pueden hacerlo. A la Corte Constitucional de Colombia no le quedó más remedio que nivelar los derechos y despenalizar el aborto de una vez por todas, porque comprobamos que las leyes les fallaban a las personas más vulnerables, las que Colombia tiene el deber de proteger.

Los estadounidenses que creen en el derecho al aborto aún pueden rechazar el borrador filtrado de opinión de la Corte Suprema de Justicia que eliminaría Roe vs. Wade. De hecho, necesitamos que todos los que se preocupan los derechos humanos y civiles se unan a la causa.

Lograr que los estados codifiquen Roe vs. Wade, y el apoyo a los fondos de aborto, son temas centrales para proteger la salud y la vida de las mujeres. Pero, no podrán hacerle frente a esta lucha sin apoyo. Necesitamos aprender de Colombia, Argentina, México y otros países para presionar a los funcionarios electos y obligarlos a proteger nuestra salud y dignidad.

Que el aborto fuera legal en América Latina era algo que se creía imposible. Ahora que nos preparamos para la lucha en Estados Unidos, las latinos traemos con nosotras las enseñanzas de los movimientos en nuestros países, y llevamos en alto nuestros pañuelos verdes en el lugar que hoy llamamos hogar.

Como lo han demostrado las manifestaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, nos estamos tomando las calles para defender sin descanso la autonomía de nuestros cuerpos. Y es hora que todas nos unamos en esta lucha.

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