Dina Boluarte dice que evalúa con migraciones la reacción del gobierno peruano frente a Evo Morales
Luis Ernesto Quintana Barney
(CNN Español) — La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el miércoles que dialoga con las autoridades migratorias para evaluar la reacción de su gobierno sobre la supuesta presencia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en Perú y recordó que nadie, ni siquiera un expresidente, debe intervenir en los asuntos internos de su país. En una entrevista con el canal peruano PBO, Boluarte instó a Morales a ejercer su liderazgo en Bolivia.
Tras la declaración, y sin mencionar a la presidenta peruana, el líder boliviano pidió en Twitter “que paren las masacres, las detenciones ilegales y la persecución” contra los indígenas peruanos.
“No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo”, agregó.
Las declaraciones de Boluarte se producen a casi un mes de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso. Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el cargo vacante según la sucesión prevista en la Constitución de ese país.
Luego de la salida de Castillo, varios congresistas peruanos han acusado a Morales de estar detrás de las protestas contra el gobierno de Boluarte en el sur del país.
CNN intenta comunicarse con el equipo de prensa de Morales para obtener su reacción a lo dicho por la presidenta peruana y para consultar si ha visitado o tiene previsto visitar Perú.
En noviembre de 2022 el expresidente de Bolivia estuvo en Perú, donde asistió a una reunión con grupos indígenas en Puno.
Morales, Castillo y Boluarte
Si bien Morales siempre apoyó a Castillo, al inicio de la crisis política no se manifestó en contra de Boluarte.
De hecho, el 9 de diciembre, dos días después de la salida de Castillo, el expresidente boliviano escribió en Twitter: “Hacemos votos para que el pedido de unidad y desarme espiritual de la hermana presidenta Dina Boluarte sea acompañado con acciones que permitan recuperar la estabilidad política y continuidad democrática en beneficio del hermano pueblo peruano”.
Pero mientras crecía la tensión y se desataron las protestas en el país, el tono de Morales cambió.
Tres días después, el 12 de diciembre, el expresidente repudió “la represión policial que provocó personas muertas y heridas” en las movilizaciones que reclamaban la celebración de una Asamblea Constituyente y la libertad de Castillo
Días después, el 21 de diciembre, Morales lamentó que “después del golpe parlamentario, en Perú sigan los pasos del último gobierno de facto de Bolivia (…) La represión incentiva la rebelión”.
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Las protestas en Perú han dejado hasta la fecha 28 muertos, según la Defensoría del Pueblo, 22 debido a las movilizaciones y 6 como consecuencia del bloqueo de carreteras.
Las movilizaciones convocadas por distintas organizaciones sociales bajaron su intensidad a finales de diciembre, pero se han reiniciado tras las fiestas de fin de año.
Los manifestantes piden el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, la convocatoria a un referendo sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones.
La Defensoría del Pueblo ha pedido en reiteradas ocasiones evitar la violencia en estas movilizaciones.
La ley peruana
CNN conversó con Roxana del Águila, exsuperintendente nacional de Migraciones, quien dijo que todo peruano y extranjero debe cumplir las normas migratorias.
“Si un extranjero ejerce una función distinta al estatus migratorio que posee en el país corresponderá a la Superintendencia Nacional de Migraciones evaluar, dentro del debido procedimiento, la sanción de expulsión, que significa no solo la salida del país sino evitar el ingreso por un plazo de 15 años a territorio peruano”.
Hay un antecedente. En 2017, a través de una resolución, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió el ingreso de la ciudadana española El Mohtar Sidahmed, quien se presentaba entonces como representante diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática, “por haber infringido su calidad migratoria de turista durante su reciente estadía en nuestro país”, según el comunicado emitido en ese momento por la institución.
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Roxana del Aquila, quien en ese entonces se desempeñaba como gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, recordó que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de habeas corpus entablada por el abogado de la ciudadana que alegaba la “vulneración del derecho a la libertad de tránsito”.
Persona “no grata”
En noviembre 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó por mayoría un pronunciamiento que declaró persona no grata a Evo Morales por realizar “acciones proselitistas y de intromisión en la política interna del país”.
El documento exhortaba a las autoridades a impedir el ingreso del expresidente a Perú.
“Promover en el país temas que son realmente muy sensibles, como una nueva Constitución, los cultivos ilegales de coca, la estatización de recursos naturales, la supuesta interferencia de los Estados Unidos o que la DEA salga del Perú son materias que él puede discutir en Bolivia libremente, pero no puede venir a Perú a promover acciones proselitistas”, afirmó el entonces presidente de la Comisión, Ernesto Bustamante.
En una conversación con CNN, Bustamante recordó que aquella decisión “tuvo efecto desde el punto de vista práctico” porque Morales no visitó al país en diciembre de 2021, como lo había anunciado.
Entre el 20 y 21 de aquel mes se celebraría en Cusco, Perú, la reunión de Runasur, una plataforma de organizaciones sociales impulsada por Morales, pero la organización decidió cancelar el evento debido a los temores que ocasionaba el aumento de casos de covid-19 por la variante ómicron.
Pero en declaraciones al diario El Comercio, Rogelio Rivas, coordinador regional de Runasur en Cusco, dijo entonces que estaban batallando “para que el expresidente Morales pueda ingresar a Perú”.
Bustamante señala que durante el 2022 Evo Morales ha “estado entrando y saliendo del Perú sintiéndose en la libertad de hacerlo porque el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Migraciones, que es el ente competente para ejecutar un impedimento de ingreso, no se ha pronunciado”.
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