Disney demanda a DeSantis y a la junta de supervisión tras votar a favor de anular el acuerdo con el distrito fiscal especial
Alexandra Ferguson
(CNN) — Walt Disney Parks and Resorts demandó este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a su junta de supervisión, acusando al potencial precandidato presidencial republicano en 2024 de utilizar su poder político para castigar a la compañía por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La demanda se presentó en un tribunal federal minutos después de que la junta que nombró DeSantis para supervisar el distrito fiscal especial de Disney tratara de recuperar su poder del gigante del entretenimiento, votando para invalidar un acuerdo alcanzado entre Disney y la junta anterior en febrero, justo antes de la disolución de esa junta.
“Lo que crearon es un auténtico caos jurídico. No funcionará”, dijo Martín García, presidente de la junta de supervisores del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central, elegida por DeSantis.
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Las medidas de este miércoles son la última escalada en la lucha entre DeSantis y Disney, mientras el gobernador avanza hacia una posible aspiración presidencial para 2024.
Disney respondió demandando a DeSantis, a la junta y a la secretaria en funciones del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida, Meredith Ivey, buscando bloquear las medidas.
La demanda califica la votación de este miércoles del “golpe más reciente” en “una campaña dirigida de represalias del gobierno, orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney”.
También sostiene que la represalia de DeSantis “ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales”.
“Disney se encuentra en esta lamentable posición porque expresó un punto de vista que no le gustó al gobernador ni a sus aliados. Disney desearía que las cosas se hubieran resuelto de otra manera”, dice la demanda. “Pero Disney también sabe que tiene la suerte de contar con los recursos necesarios para oponerse a las represalias del Estado, una postura que las pequeñas empresas y los particulares no podrían adoptar cuando el Estado los persigue por expresar sus propias opiniones. En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”.
La lucha de un año genera tensión en lo que durante mucho tiempo fue una relación amigable entre el gobierno de Florida y Disney. DeSantis sugirió a principios de este mes que el estado podría construir una prisión o un parque temático que le hiciera competencia a la compañía en lo que durante décadas había sido una propiedad controlada por Disney.
La batalla del gobernador de Florida con Disney se ha convertido en un punto álgido en las primeras etapas de las primarias presidenciales republicanas de 2024. El expresidente Donald Trump y un montón de otros candidatos y posibles rivales, incluido el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, han arremetido contra DeSantis por sus acciones, calificándolas de antiempresariales.
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Después de una audiencia en la que varios propietarios de negocios, incluidos los que tienen restaurantes y bares en lugares de Disney World, instaron a la junta a colaborar con Disney, García dijo que la junta buscaría aumentar los impuestos para pagar sus honorarios legales para evaluar y combatir lo que llamó “acuerdos de última hora”.
“Como eso nos va a costar dinero, vamos a tener que aumentar los impuestos para pagarlo”, dijo García.
La junta de supervisores del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central, la junta nombrada por DeSantis y repleta de sus aliados a principios de este año, se hizo cargo del Distrito de Mejora de Reedy Creek, el distrito fiscal especial que durante medio siglo dio a Disney el control sobre los terrenos alrededor de sus parques temáticos de Florida Central.
Pero antes de que la junta elegida por DeSantis entrara en funciones, Disney llegó en febrero a un acuerdo con la junta saliente que parecía dejar al organismo impotente para controlar al gigante del entretenimiento. El gobierno de DeSantis no tuvo conocimiento del acuerdo durante un mes y prometió tomar represalias cuando se hizo público.
Los acuerdos firmados por Disney con la junta anterior garantizaban los derechos de desarrollo de la empresa en todo el distrito durante los próximos 30 años y, en algunos casos, impedían a la junta tomar medidas importantes sin obtener primero la aprobación de la empresa. Una disposición restringía a la nueva junta el uso de cualquiera de los “personajes de fantasía” de Disney hasta “21 años después de la muerte del último sobreviviente de los descendientes del rey Carlos III, rey de Inglaterra”.
El acuerdo de urbanización se aprobó en dos reuniones públicas celebradas a principios de año con dos semanas de diferencia, ambas publicadas en el periódico local de Orlando y a las que asistieron una docena de residentes y miembros de los medios de comunicación. Nadie de la oficina del gobernador estuvo presente en ninguna de las dos reuniones, según el acta de la reunión.
En la reunión de este miércoles, el consejero general especial de la junta, Daniel Langley, repasó sus argumentos jurídicos para anular el acuerdo entre Disney y la junta anterior.
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Langley dijo que la junta no había notificado sus reuniones públicamente y que el acuerdo no había sido debidamente aprobado por dos municipios del distrito, las ciudades de Bay Lake y Lake Buena Vista.
También argumentó que las enmiendas anteriores al plan integral a largo plazo de Disney no fueron debidamente examinadas y aprobadas por esos dos municipios.
“Lo fundamental es que un acuerdo de desarrollo tiene que ser aprobado por el órgano de gobierno de una jurisdicción, y eso no ocurrió por parte de las ciudades que tienen jurisdicción”, dijo Langley.
El exjuez de la Corte Suprema de Florida, Alan Lawson, un abogado contratado por el distrito, dijo que “la antigua junta intentó actuar sin autoridad legal debida”.
“Se trata esencialmente de lo que significa vivir y trabajar en un país regido por el Estado de Derecho. Todo el mundo debe jugar con las mismas reglas”, dijo. “A Disney se le concedió abierta y legalmente un privilegio único y especial: el privilegio de dirigir su propio gobierno durante un tiempo. Esa era ha terminado”.
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La legislatura estatal creó el Distrito de Mejora de Reedy Creek en 1967 y otorgó efectivamente a Disney el poder de controlar servicios municipales como la electricidad, el agua, las carreteras y la protección contra incendios alrededor de sus parques temáticos de Florida Central que no existían antes de la llegada de Walt Disney y sus constructores. Pero el distrito especial también liberó a Disney de trámites burocráticos y abarató los préstamos para financiar proyectos de infraestructura en torno a sus parques temáticos, entre otras importantes ventajas.
Ese acuerdo especial, aunque criticado en ocasiones, fue protegido en gran medida por los políticos estatales, ya que tanto Disney como Florida se beneficiaron del auge del turismo.
La improbable fractura de la relación de Florida con su empresa más emblemática comenzó durante el polémico debate del año pasado sobre la legislación estatal para restringir cierta enseñanza en las aulas sobre sexualidad e identidad de género. El entonces CEO de Disney, Bob Chapek, ante la presión de sus empleados, se opuso a regañadientes al proyecto de ley, lo que llevó a DeSantis a criticar a la empresa. Cuando DeSantis promulgó la ley, Disney anunció que presionaría para su derogación. DeSantis apuntó entonces a los poderes especiales de gobierno de Disney.
Para DeSantis, que ha construido una marca política enfrentándose a empresas que él identifica como “woke”, el último giro amenaza con socavar un pilar central de su historia mientras sienta las bases para una probable campaña presidencial. Un capítulo entero de su nueva autobiografía está dedicado a Disney, y la saga está bien representada en los discursos que ha pronunciado por todo el país en las últimas semanas.
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