Quién era Ronald Ojeda, el exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile
Mauricio Torres
(CNN) — El pasado 21 de febrero, al menos tres personas vestidas como la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llegaron con un artefacto para forzar puertas hasta el departamento de Ronald Leandro Ojeda Moreno, un exmilitar venezolano de 32 años que vivía junto a su pareja, su hijo de cuatro años y una hermana en la comuna de Independencia, en Santiago.
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Cuando el reloj marcó las 3:09 a.m., hora local, los sujetos —que portaban armas, chalecos antibalas y con el rostro cubierto— sacaron a Ojeda de su vivienda contra su voluntad, maniatado y vistiendo solo ropa interior con dirección desconocida. Así se aprecia en videos de las cámaras de seguridad del edificio, difundidas por varios medios de comunicación locales y que fueron confirmados a CNN por el abogado de la familia de Ojeda, Juan Carlos Manríquez.
El caso de Ronald Ojeda comenzó a atraer la atención pública no solo en Chile y Venezuela, sino también en otros países de la región. El mismo 21 de febrero, la Fiscalía de Chile abrió una investigación en la que las autoridades no informaron la identidad de la víctima y la mantuvieron en secreto para resguardar su integridad. Solo se hablaba de un “ciudadano venezolano”.
Nueve días después, el 1 de marzo, un cuerpo fue encontrado en una maleta sepultada bajo 1,4 metros de cemento en la comuna de Maipú en Santiago de Chile. Las autoridades confirmaron que se trataba de Ronald Ojeda.
La Fiscalía de Chile confirma el hallazgo del cuerpo de Ronald Ojeda, el venezolano secuestrado en Santiago
“Esta es una investigación compleja, vinculada al crimen organizado y por tanto hemos realizado y desplegado una serie de diligencias que nos han llevado al resultado de hoy, a casi 10 días que se produce el secuestro de la víctima Ronald Ojeda”, dijo el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, en una rueda de prensa.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló en una declaración pública: “Lamentamos el desenlace de este caso de criminalidad extrema y reiteramos nuestras condolencias a la familia. Desde el primer minuto, la prioridad del Gobierno ha sido apoyar la investigación y las diligencias para esclarecer este caso, para identificar a los responsables y para poder aplicar las sanciones más duras”.
También recalcó que para el Gobierno del presidente Gabriel Boric “la lucha contra el crimen organizado es una prioridad, pero requiere políticas de Estado, la fortaleza de todas las instituciones y todos los actores políticos del país”.
La forma de ocultar el cadáver ya se había visto antes en Chile. En la ciudad norteña de Arica, el denominado clan de “Los Gallegos” —considerado un brazo operativo del Tren de Aragua— ya había cometido al menos dos crímenes similares en la región, específicamente en el Cerro Chuño, donde también hay campamentos ilegales. Allí la PDI encontró dos cuerpos tapados por concreto a metro y medio de profundidad, según explicó a CNN el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.
Por su parte, el abogado de la viuda de Ojeda, Juan Carlos Manríquez, le dijo a CNN que durante los días que Ojeda estuvo desaparecido nadie pidió un rescate ni tampoco hubo contacto entre los secuestradores y la familia del exmilitar, lo que abre “muchas más preguntas por resolver en este caso”.
La llegada de Ojeda a Chile
En diciembre de 2017, el medio español ABC consignó que Ojeda había escapado junto a otros militares de la cárcel de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, en Venezuela, donde estaba recluido desde marzo por una presunta “conspiración” contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Según explicó el abogado de la viuda de Ronald Ojeda, el exmilitar llegó a Chile posterior a esto.
A través de sus redes sociales, el propio Ojeda —quien se había definido como un defensor de la libertad y férreo opositor a Maduro— denunció que fue secuestrado y trasladado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) en 2017. “Fui un preso político, fui torturado y amenazado. Sé lo que representa ser un joven oficial, institucional y con moral para un sistema corrupto. Le hago llegar un mensaje a los presos políticos, un mensaje de fortaleza. Sé que en este momento se encuentran totalmente desesperanzados, pero, aun así, tenemos que encontrarnos con mucha fortaleza, con mucha paz mental”, afirmó el exteniente en un video publicado en su cuenta de Instagram el 16 de diciembre de 2022.
A fines de ese mismo año, Ojeda publicó en redes un video que lo muestra arrodillado frente al Palacio de la Moneda en Santiago, con el rostro cubierto con un saco con las siglas “DGCIM” y carteles que exigían libertad para los presos políticos de Venezuela.
Para 2023, Chile ya le había concedido asilo político a él y su familia. Así lo señaló el subsecretario del Interior, quien aseguró —sin especificar la fecha exacta— que él mismo visó el documento. “El señor Ojeda estaba en condición migratoria particular, condición migratoria que dio este gobierno y que tiene la firma de este subsecretario. Yo pido por favor que en esto seamos superresponsables”, señaló la autoridad en una rueda de prensa este 26 de febrero, donde pidió a la prensa ser cautos con esta información al tratarse de una investigación secreta.
En enero de 2024, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela declaró a Ojeda “traidor a la patria” junto a otras 32 personas degradadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas, a quienes el régimen de Maduro acusa de estar “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado”.
La investigación hasta ahora
La Fiscalía de Chile informó que, según las pruebas periciales, Ronald Ojeda tenía entre 7 y 10 días de haber muerto cuando su cuerpo fue encontrado, periodo que coincide con el tiempo que no se sabía de su paradero. Su causa de muerte fue asfixia “con un elemento de tracción”, afirmó el fiscal a cargo de a investigación, Héctor Barros.
Hasta ahora solo se ha detenido a un ciudadano venezolano de 17 años por su participación en el crimen, quien se encontraba en situación irregular en el país. Tras su audiencia de formalización de este lunes, el fiscal Barros explicó que el tribunal “dio por establecido completamente su participación en el delito de secuestro con homicidio, como también el hecho de que hay una organización transnacional que estaba operando en este secuestro vinculado al crimen organizado”.
Además de este menor, hay otras dos personas que, según Barros, “están plenamente identificadas” y que tuvieron “una participación bien importante en estos hechos. Las órdenes están liberadas por el tribunal competente, estamos a la espera de que se puedan ejecutar. Esas personas participaron directamente en el secuestro dentro del edificio, en el departamento de la víctima”, afirmó la autoridad en una rueda de prensa.
Anteriormente, cuando el Gobierno de Chile confirmó el secuestro del exmilitar venezolano, las autoridades declararon públicamente que no descartaban ninguna hipótesis. El subsecretario del Interior aseguró que Chile pidió levantar una alerta a la Interpol y que ordenó reforzar la seguridad policial y militar en las fronteras. Consultado sobre la posibilidad de que el secuestro fuera realizado por fuerzas venezolanas, Monsalve respondió que “es completamente prematuro llegar a una conclusión”.
El 29 de febrero, un reporte publicado por el medio venezolano La Razón aseguró que Chile dio “luz verde” a que las autoridades venezolanas privaran de la libertad a Ojeda. El periódico no citó fuente alguna para atribuir esta afirmación y las autoridades del país austral lo desmintieron tajantemente. “El esfuerzo que ha hecho Chile para tener una colaboración con Venezuela es para perseguir el crimen organizado, no para hacer persecuciones políticas”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista con la radio Tele13.
El medio venezolano aludía a un acuerdo entre el país austral y Venezuela firmado el 18 de enero de este año, que busca “la colaboración mutua con el fin de facilitar información —dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones— necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado”.
Desde Venezuela, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, señaló en su programa de televisión “Con el mazo dando” que “cuando el presidente de Chile, para la época, (Sebastián) Piñera, vino a la frontera a invadir Venezuela, está autorizando cualquier cosa a nosotros en Chile. Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro, nada, arreglen sus problemas allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos, que la propia mafia les cobra”.
En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá afirmó en una rueda de prensa que “en Chile lo que nos preocupa es perseguir los delitos violentos y proteger a todas las víctimas, en todos los casos, en todas las hipótesis, y para eso usamos las herramientas que nos da la ley. Vamos a persistir y no dejaremos que nadie nos aparte del objetivo”.
Por su parte, el fiscal Héctor Barros explicó que la Fiscalía ha estado en constante contacto con la familia del exteniente desde el día en que ocurrieron los hechos, “adoptando medidas de protección y de seguridad con la contención necesaria”.
La investigación de este caso en Chile sigue clasificada como “reservada”. El abogado de la familia de Ojeda afirmó que hasta el momento no descartan ningún móvil de este crimen y que la viuda del exmilitar logró ver el cuerpo este domingo. “Ella no está satisfecha, no lo reconoce como su marido. No lo dejaron verlo completo. Ahora se está pidiendo que se amplíe ese reconocimiento visual y algunas pericias químicas”, aseguró el representante legal en conversación telefónica con CNN.
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