¿Qué sigue para Ecuador tras la consulta popular y el referendo en el que se aprobaron 9 de las 11 propuestas de Noboa?
Ángela Reyes Haczek
(CNN Español) — Los ecuatorianos manifestaron este domingo su apoyo a nueve de las 11 propuestas de reformas legales y constitucionales planteadas por el presidente Daniel Noboa, específicamente las enfocadas en seguridad y justicia, según los resultados oficiales preliminares del conteo rápido del referendo y consulta popular que se llevaron adelante.
Cerca del 72% de los habilitados para votar participaron en el proceso del domingo, según el Consejo Nacional Electoral.
La consulta estaba dividida en cinco preguntas para “referendo” que implican cambios a la Constitución y otras seis preguntas para “consulta popular” que conllevan reformas y temas de interés nacional. Únicamente dos no recibieron el visto bueno mayoritario, las vinculadas a arbitrajes internacionales y empleo.
Tras ser aprobadas, estas propuestas requerirán procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución. Algunos de estos parámetros están estipulados en normativas ya existentes en Ecuador y otros en los denominados “anexos” de la propuesta de consulta popular y referendo.
A continuación te explicamos cuáles fueron las propuestas que recibieron un apoyo minoritario y qué cambios implican en la política de seguridad y el sistema judicial ecuatoriano.
Apoyo de las Fuerzas Armadas a las tareas de la Policía Nacional
¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución?
Esta propuesta de enmienda constitucional quedó allanada en diciembre del año pasado cuando la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen en las tareas de seguridad interna a la Policía Nacional. Sin embargo, para su ejecución se requería la realización del referendo, donde más del 70% manifestó su visto bueno al plan, según los resultados del Consejo Nacional Electoral.
La cristalización del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en tareas de seguridad interna tendrá algunos parámetros que ya están establecidos en la reforma aprobada en diciembre por el Parlamento.
Las funciones de coordinación estarán subordinadas a las disposiciones del presidente de la República. Las tareas complementarias se ceñirán a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada. El apoyo complementario se activa cuando el presidente de la República, previa solicitud del comandante general de la Policía, convoca al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) para elaborar un “informe motivado” que determine la pertinencia, casos y ámbitos de actuación de los militares. Sobre la base del informe motivado, el presidente suscribirá un decreto disponiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas.
“El hecho de reformar la Constitución no es que habilita directamente para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan actuar, sino que tiene que haber un decreto ejecutivo en el cual se decrete esa necesidad a través de un informe del Consejo de Seguridad Pública y del Estado”, dijo a CNN André Benavides.
Extradición de ecuatorianos
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes?
En la actualidad, la Constitución establece que “ningún” ecuatoriano podrá ser extraditado y el referendo proponía una enmienda para que esto ocurra, así como una reforma a la Ley de Extradición. Según los resultados preliminares, cerca de un 65% de los votantes respaldó la propuesta.
“Se va a poder extraditar a ecuatorianos, pero se necesita que existan convenios de extradición entre el Ecuador y el país requirente”, precisa Benavides.
Adicionalmente, el anexo de esta pregunta detalla que la extradición se llevará a cabo con la condición de que no se aplique la pena de muerte y tratos inhumanos, crueles o degradantes.
Establece que “no se concederá la extradición por delitos políticos y conexos, con la exclusión del terrorismo, los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales”.
Judicaturas especializadas
“¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?
A través de esta pregunta, que obtuvo cerca de un 60% de votos por el “sí” según los resultados preliminares, Noboa proponía que no se abuse de las acciones de protección o del habeas corpus que —en algunos casos— han beneficiado a líderes de bandas criminales o presos con sentencias en firme que han logrado salir de prisión sin completar sus sentencias. En ocasiones, estas acciones se han interpuesto en lugares distintos a la jurisdicción a la que corresponde una causa.
Daniel Noboa.
En anexo relacionado a esta pregunta del referendo, señala que esto “ha producido que jueces que no tienen formación en materia constitucional se distraigan de los casos que sí son de su ámbito de especialidad”.
El objetivo es que jueces especializados en materia constitucional sean únicamente los que definan la pertinencia o no de estas acciones dentro de su jurisdicción. La propuesta da un plazo de un año para que se ejecuten las reformas y se cree la infraestructura adecuada.
Fuerzas Armadas y cárceles
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
Esta pregunta, que obtuvo el visto favorable de cerca del 70% de los votantes según los resultados preliminares, no contenía anexo, y únicamente citaba algunos considerandos de leyes ya aprobadas que permiten a las Fuerzas Armadas involucrarse en el control de las inmediaciones de las cárceles y vías del país. El objetivo del Gobierno de Noboa es que los ciudadanos se pronunciaran si están a favor o no de que estas acciones sean ejecutadas.
Recordaba además que la tenencia de armas, municiones y explosivos está a cargo del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y que las Fuerzas Armadas con su actuación prevengan “agresiones a la vida de las personas privadas de la libertad”.
Incremento de penas frente a ciertos delitos
¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
A propósito del aumento sustancial de las muertes violentas en Ecuador, el narcotráfico y el crimen organizado, el Gobierno de Noboa promueve el incremento de las penas en los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
Aunque no establece en cuánto se incrementarían las penas, el anexo de esta pregunta que tuvo aproximadamente un 68% de votos por “sí” señala que en caso de la aprobación el presidente de la República, en el plazo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá un proyecto de ley reformatoria al Código Penal que contenga los ajustes en estas penas. La Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y aprobar dicha reforma legal.
Cumplimiento de penas frente a ciertos delitos
¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
La finalidad de esta propuesta de reforma, que contó con el respaldo de cerca del 67% de los votantes según los resultados preliminares, es que las sentencias en determinados delitos se cumplan en su integridad dentro de las prisiones sin la posibilidad de acceso a libertad condicional o regímenes abiertos o semiabiertos. Esto aplicaría —según el anexo de la pregunta— para personas con sentencias por delitos como financiación del terrorismo; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos; secuestro extorsivo; producción ilícita de droga; actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos no autorizados; tenencia y porte no autorizado de armas; extorsión; revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido; tráfico de influencias y testaferrismo.
La Asamblea contará con un plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar esta reforma legal.
Delito vinculado a tenecia de armas de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional
¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
Ante el aumento de la incautación de armas de origen militar y policial en el país, la consulta popular planteaba que se distinga la tenencia y porte de armas cuando no son de uso privativo de la fuerza pública. Aproximadamente el 64% de la población manifestó su apoyo a esta propuesta, según los resultados preliminares.
Tras la aprobación, según las disposiciones, el presidente de la República, en un plazo de 5 días posteriores a la publicación de resultados, remitirá el proyecto de ley a la Asamblea que tendrá 60 días para debatirla y aprobarla.
Uso de armas involucradas en delitos
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal?
El Gobierno señala que, hasta diciembre de 2023, existían 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones incautadas en los centros de acopio de evidencia de la Policía Nacional. Para darle una finalidad a esas armas, la consulta proponía que pasen a manos de la fuerza pública, algo que obtuvo aproximadamente un 64% de apoyo.
Actualmente, el Código Penal contempla una pena de “comiso penal” a los bienes (armas) cuando fueron usados como instrumentos, productos o réditos en la comisión de un delito.
“El proceso para llegar al comiso penal puede ser reformado con la finalidad de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios en tiempos y etapas menores”, argumentó el Gobierno.
Según el procedimiento, el presidente remitirá un proyecto de reforma legal tras la aprobación de la propuesta y la Asamblea tendrá 60 días para aprobarla.
Titularidad de los bienes de origen ilícito
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
A través de esta reforma, el presidente Noboa plantea que el procedimiento para que el Estado se apropie de los bienes adquiridos de forma ilícita sea más ágil y rápido que el que establece la actual Ley de Extinción de Dominio ecuatoriana.
El anexo de esta pregunta no detalla específicamente cómo se propone la reforma, pero sí que tras ser aprobada el presidente de la República será quien envíe en un plazo de 5 días posteriores a la publicación de resultados de la consulta una reforma a la Ley de Extinción de Dominio que deberá tramitar la Asamblea en 60 días.
El abogado constitucionalista André Benavides dijo a CNN que la Asamblea —en caso de aprobarse la consulta y el referendo, como muestran los resultados— no podrá negarse a aprobar estas reformas conforme lo propuesto pues responden a un mandato popular de obligatorio cumplimiento.
Con información de Ana María Cañizares
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