Trump tiene inmunidad por los ataques a embarcaciones. ¿Qué pasa con quienes están bajo su mando?

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

Hay una persona que nunca podrá enfrentar ninguna consecuencia por la muerte de las personas que se aferraban a una lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, en septiembre.

Esa persona es Donald Trump, quien como presidente de Estados Unidos recibió una amplia inmunidad por actos oficiales por parte de la Corte Suprema, el año pasado, mientras esté en el cargo.

A partir de ahí, todo se enreda en un complicado entramado de leyes militares, civiles e internacionales.

¿Se transfiere la inmunidad de Trump por los asesinatos extrajudiciales al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien dio la orden de asegurarse de que el ataque matara a todos los que iban a bordo, pero dijo que no ordenó el segundo ataque que mató a los sobrevivientes que se aferraban al costado de la lancha?

¿Qué hay del almirante Frank Bradley, quien aparentemente sí ordenó el segundo ataque, después de consultar con un abogado? ¿O de los militares que apretaron el botón?

Algunos expertos legales consideran que el segundo ataque constituye homicidio, pero eso puede no importar, al menos a corto plazo. Aunque un futuro Departamento de Justicia o de Defensa podría presentar cargos contra las personas involucradas en los ataques, desafía la lógica pensar que el Departamento de Justicia de Trump vaya a buscar responsabilidades bajo la ley estadounidense, o que su Departamento de Defensa lo haga bajo la ley militar.

Trump también podría indultar a cualquiera que haya participado en los ataques, extendiendo de facto su inmunidad a quien él quiera.

No debería pasar desapercibido que el supuesto hipotético que animó los argumentos ante la Corte Suprema sobre la inmunidad de Trump involucraba que un presidente ordenara al Equipo 6 de los comandos especiales de la Marina eliminar a un rival político.

The Washington Post informó que fue el Equipo 6 de los comandos especiales de la Marina quien llevó a cabo el ataque a la lancha, que muchos expertos consideran ilegal.

Lo que no se discutió durante esos argumentos ante la Corte Suprema es si el Equipo 6 de los comandos especiales de la Marina deberían ejecutar una orden ilegal.

Un ex abogado militar que ha sido crítico de la campaña de Trump contra lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico dice que el segundo ataque a la lancha en septiembre debería reenfocar el debate en el problema de fondo: que el Gobierno de Trump está usando a los militares sin aprobación directa del Congreso.

“Todo este debate sobre las leyes de guerra está realmente fuera de lugar porque no aplican”, me dijo el general de división retirado Steven Lepper, exabogado de la Fuerza Aérea.

En su opinión, todo el uso de los militares es ilegal, ya que el Gobierno ha tratado de establecer una equivalencia que no existe en la ley estadounidense entre las drogas que entran a Estados Unidos y las balas que amenazan a los estadounidenses.

“Tenemos que tener una mirada más amplia de lo que significa rendición de cuentas”, dijo Brian Finucane, asesor senior del International Crisis Group y ex asesor legal del Departamento de Estado.

A corto plazo, Finucane sostuvo que la rendición de cuentas debería venir del Congreso, que está investigando el ataque y que, espera, se concentre en “forzar al Gobierno a detener esta ola de muertes en el mar”.

Otro ataque se llevó a cabo el jueves, según una publicación en redes sociales del Comando Sur de Estados Unidos, incluso mientras crecía la controversia en Washington por el ataque de septiembre.

Finucane dijo que, a más largo plazo, “una administración posterior podría tener la voluntad política de buscar responsabilidades”.

El sistema de justicia militar se ha construido en torno a la cadena de mando, en la que los comandantes son una parte esencial del proceso para presentar cargos cuando se viola la ley militar.

Cualquier tipo de consejo de guerra contra un alto oficial como Bradley sería decidido por un jurado de otros altos oficiales.

Eso suponiendo que un caso siquiera se inicie. Los casos en la justicia militar comienzan con lo que se conoce como una “autoridad convocante”, que suele ser un comandante. Pero cambios recientes en el sistema —aprobados para permitir que las denuncias de abuso sexual salgan de la cadena de mando— ahora también permiten que abogados militares, denominados fiscalías especiales, presenten cargos.

Todo eso es una posibilidad extremadamente remota en este momento.

Una familia colombiana presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría derivar en reparaciones por la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza.

Estados Unidos tiene antecedentes de bloquear cualquier intento de responsabilidad internacional para sí mismo o sus aliados. Pero, como no se ha declarado una guerra, los miembros de las fuerzas estadounidenses podrían incluso, en teoría, estar sujetos a las leyes de otros países.

Los detalles de quién ordenó un segundo ataque a la primera lancha atacada en septiembre han dominado las noticias esta semana.

Los militares estadounidenses mataron a las personas mientras cumplían las órdenes de Hegseth de destruir la lancha presuntamente vinculada al narcotráfico. La estrategia general contaba con el aval de Trump, aunque tanto él como Hegseth dijeron que no supieron de inmediato del segundo ataque.

Existe una Corte Penal Internacional en La Haya, por ejemplo, para procesar crímenes de guerra. La corte internacional está basada en los tribunales penales internacionales que se crearon para los genocidios en Rwanda y la antigua Yugoslavia. Pero Estados Unidos, notablemente, no es parte de esa organización.

Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma, el acuerdo que creó la Corte Penal Internacional, como presidente saliente, en diciembre de 2000. Pero el tratado nunca fue ratificado por el Senado. Y, de hecho, existe una ley estadounidense, firmada en 2002 por el presidente George W. Bush, que busca proteger a los militares estadounidenses de ser detenidos o procesados por la corte. Estados Unidos incluso se abstiene de participar en ciertas operaciones de mantenimiento de paz de la ONU como resultado de esa ley.

Otras grandes potencias, incluida China y Rusia, tampoco son parte de la corte o, como en el caso de Rusia, se han retirado.

Eso no significa que la corte no vaya a presentar cargos contra personas de esos países. La CPI emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otra persona rusa por el plan de Rusia de adoctrinar a niños ucranianos.

La administración Trump ha adoptado una postura aún más confrontativa hacia la CPI. En agosto, Trump autorizó sanciones y restricciones de visado contra miembros de la corte después de que la CPI abrió una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses y afganas y por la CIA en Afganistán. Trump y su Gobierno se oponen a las órdenes de arresto de la CPI emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa de ese país, Yoav Gallant.

Italia condenó en 2009 a casi dos docenas de presuntos agentes de la CIA por el supuesto secuestro, o entrega extraordinaria, de un sospechoso de terrorismo en las calles de Milán en 2003. Los estadounidenses no cumplieron condena y, en la práctica, quedaron como fugitivos en Italia, pero eso no afectó las relaciones entre ambos países.

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