Colombia empieza a desenterrar la barbarie después de décadas de conflicto armado interno
urielblanco
(CNN Español) — Desde 1999, Fidedigna Gómez busca a su padre, desaparecido en el departamento de Norte de Santander. Lo único de lo que tenía certeza es que se lo había llevado a la fuerza un grupo paramilitar que operaba en esa zona limítrofe entre Colombia y Venezuela.
Por eso, el 11 de mayo, cuando escuchó de voz del propio Salvatore Mancuso en una audiencia pública de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la zona rural de Rio Frío sus hombres construyeron hornos crematorios para desaparecer a sus víctimas, sintió que por fin tendría noticias de don José, y así podría cerrar ese ciclo de dolor que la ha atormentado todos estos años.
“Tropas nuestras, bajo nuestro mando, deciden construir en la zona del Catatumbo, utilizar unos hornos utilizados para quemar ladrillos, convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar personas. Y allí se incineraron muchas personas en el Catatumbo”, aseguró Mancuso ante los magistrados en la declaración transmitida por internet desde una cárcel en Georgia, Estados Unidos.
Funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) empezaron de inmediato la labor de ubicación de esos hornos, en compañía de familiares de las posibles víctimas, entre ellas Gómez.
“Para poder documentar la posibilidad de encontrar todavía estructuras óseas, estructuras dentales que puedan corresponder a los cuerpos de quienes fueron desaparecidos y posiblemente sus cuerpos dispuestos allí”, dijo a CNN Mario Sánchez, experto forense de la UBPD.
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La acción de los grupos paramilitares en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela fue una verdadera barbarie, según relatos de Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Bajo la gravedad del juramento, el exparamilitar dijo que, cuando los hornos crematorios comenzaron a levantar sospechas de las autoridades y de algunas organizaciones de víctimas, tomaron una decisión.
“Entonces se empezó con una práctica diferente y fue todas las víctimas arrojarlas al lado venezolano. Unas al lado del río del otro lado para que el río los llevara y los dejara del lado de Venezuela. Y otras, algunos miembros de las autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas en Venezuela”, afirmó en la audiencia en la que buscaba ser aceptado en la JEP para tener acceso a los beneficios de la justicia transicional.
El horror que vivieron las víctimas que los paramilitares consideraban sospechosas de pertenecer a grupos de izquierda fue brutal. Gómez corroboró ante los investigadores lo dicho por Mancuso: “El río se llevó muchos cadáveres. Soy testigo de que los cadáveres flotaban por ahí. Muchas veces a mí me tocó para poder pasar por esas trochas, yo trabajaba en San Antonio del Táchira, Venezuela, orillarlos, jalarlos de los pies o las manos, orillarlos para no pisarlos”.
El testimonio de Mancuso fue contrastado y confirmado por la JEP. El 17 de noviembre, el exjefe paramilitar fue aceptado como testigo de excepción y por ello podría tener acceso a los beneficios de penas alternativas a la cárcel, en medio de los numerosos procesos judiciales en su contra que le esperan una vez que retorne al país tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008.
“Lo primero que tenemos que lograr es que salga a relucir la verdad. Y la verdad está apareciendo. Difícil, terrible, a veces increíble. Ese tipo de verdad es la que tiene que aparecer. ¿Por qué hicieron esos hornos crematorios en la frontera con Venezuela? ¿Cuántas personas fueron asesinadas en realidad?”, planteó el presidente Gustavo Petro ante madres de víctimas de falsos positivos en la plaza de Bolívar en Bogotá el 3 de octubre.
La participación de Mancuso en esta investigación se da luego de que la JEP lo reconociera como parte de la fuerza pública entre 1989 y 2004 por su papel bisagra en la coordinación de estas acciones con militares, políticos y agentes del Estado.
La labor forense de la UBPD ha continuado en las últimas dos semanas en el cementerio central de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde también hay indicios de que habría restos de personas sepultadas como no identificadas y que serían en realidad víctimas de los paramilitares.
“Queremos saber quiénes son los familiares de estos desaparecidos. Ya se ha surtido un proceso anterior en el cual ya como resultado hemos encontrado dos familiares de las personas recuperadas en el cementerio central de Cúcuta y se nos han acercado personas que también tienen presuntamente a su familiar desaparecido en el cementerio”, dijo a CNN la coordinadora de la UBPD, María Angélica González.
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Este es apenas un capítulo de varios casos similares que la JEP investiga en varias regiones del país en donde se registraron masacres, desapariciones y falsos positivos, como se conocen los casos de civiles asesinados y luego mostrados como guerrilleros muertos en combates con el Ejército, durante décadas de conflicto armado en Colombia.
Por estos distintos hechos de violencia están siendo procesados exguerrilleros de las FARC, exparamilitares de extrema derecha, exmilitares en retiro y algunos en servicio, empresarios y políticos que presuntamente habrían apoyado estos actos de barbarie, según la JEP. 13.934 personas se han sometido a esta jurisdicción para contar su verdad sobre unas de las páginas más dolorosas y vergonzosas de la violencia en Colombia.
“Sé que hemos esperado por muchos, muchos años, pero sé que mi Dios me va a regalar esa maravillosa entrega de nuestros hijos”, afirma Gloria Riascos, una de las madres que espera con ansiedad encontrar a su hijo desaparecido hace 10 años.
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