El chavismo ha hecho concesiones para mantenerse en el poder por 27 años. Delcy Rodríguez parece seguir la senda

Análisis por Alfredo Meza, CNN en Español

A menudo, el chavismo recurre a la expresión “nuevo momento político” para referirse al impacto de la captura de su líder, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y a las decisiones adoptadas desde entonces, que incluyen una profunda remodelación del Gabinete y la aprobación de leyes con un marco más favorable a la inversión internacional.

La autorización del ejercicio militar del Comando Sur en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, la semana pasada, es el ejemplo más reciente de esa nueva realidad, una situación inimaginable a fines de 2025, pero que también revela las prioridades del régimen que llegó al poder hace 27 años.

Salvo la desaparición del discurso antiimperialista desde la cima del poder, todo sigue más o menos igual en Venezuela. Hasta el 25 de mayo aún existían 409 presos políticos, de acuerdo con las cifras recopiladas por la oenegé Foro Penal, pese a las liberaciones ocurridas desde enero y la tímida apertura política, que ha permitido el regreso de varios dirigentes opositores y la salida de la clandestinidad de otros. Aún no se avizora una fecha concreta para celebrar elecciones presidenciales, y no se ha desmantelado la estructura represiva que dio origen a enérgicas condenas de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU y a una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, que el gobierno considera una instrumentalización con fines políticos de los mecanismos de la justicia internacional.

Ahora, Delcy Rodríguez lidera una etapa que, pese a las críticas dentro del chavismo, continúa la tradición de sus predecesores de hacer concesiones tácticas con el objetivo último de mantenerse en el poder. Y tiene en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un inesperado aliado.

Hace un par de semanas, CNN reveló que antes de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, Venezuela y EE.UU. participaron en conversaciones mediadas por Qatar sobre cómo podría ser el país si Maduro dejaba el poder. En esas charlas, según el artículo, jamás se consideró el nombre de la líder opositora María Corina Machado para conducir al país sudamericano, a pesar del apoyo abierto de la Premio Nobel de la Paz 2025 a la formación de una coalición militar internacional para desalojar al sucesor de Hugo Chávez. Ya es historia la sorpresa que se llevó la oposición venezolana horas después de la espectacular captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, cuando Trump respaldó la continuidad de Rodríguez. Machado calificó entonces la captura como “la hora de la libertad”.

Parte de la justificación de este último retroceso del chavismo en sus postulados quedó registrada en una grabación publicada en YouTube. Siete días después de la captura de Maduro, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, celebró una reunión con comunicadores afines al Gobierno bolivariano. En un ambiente de caras largas, Ñáñez delineó la estrategia general de propaganda y los mensajes clave que debían ser replicados por los presentes, quienes también intentaban explicar —y explicarse— qué había ocurrido el 3 de enero.

Hacia el final de la reunión, Ñáñez interrumpió a una de las oradoras con un anuncio: Delcy Rodríguez esperaba el pie para hablar por teléfono con los asistentes. En pocos minutos, la presidenta encargada contó cómo actuaría en lo sucesivo, (mientras Washington estuviera respirándole en el cuello). “Tenemos que ir con paciencia y prudencia, con tres objetivos muy claros, hermanas y hermanos. El primero es preservar la paz de la República, el segundo es rescatar a nuestros rehenes y el tercer punto es preservar el poder político”, dijo.

Cuatro meses y medio después de aquella reunión, Rodríguez consolida ese poder político con el espaldarazo de Washington, que necesita del suministro de petróleo venezolano ahora que está inmerso en una campaña militar en Oriente Medio, mientras espera lo que pueda suceder con Trump en las elecciones intermedias de noviembre. Una reciente compilación de ensayos publicada por el Centro de Política e Investigación Interamericana de la Universidad de Tulane plantea que la transición hacia la democracia en Venezuela no es la prioridad de la actual administración estadounidense, que, pese al plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado, Marco Rubio, parece sentirse a gusto con la tutela que ejerce sobre los sucesores de Maduro. “Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo fantástico”, ha dicho Trump en varias ocasiones.

Durante años, el chavismo mezcló sus proclamas grandilocuentes con idas y venidas para mantenerse en el poder. “Esta revolución es eterna”, dijo Hugo Chávez en repetidas ocasiones en sus copiosas intervenciones. Lo hizo el comandante presidente en 2002 durante el breve golpe de Estado que enfrentó en abril de aquel año. Al volver al poder, 48 horas después de ser derrocado, Chávez abogó por la unidad del país con un crucifijo en la mano, convocó al diálogo y, en las semanas siguientes, recuperó algo de la enorme popularidad que tenía, de acuerdo con las encuestas de la época. Mientras, sus detractores buscaban la forma de ponerle fin a su mandato mediante iniciativas, primero claramente insurreccionales —el paro de Pdvsa, la estatal petrolera, entre diciembre de 2002 y febrero de 2003— y luego, electorales.

La solución acordada por el Gobierno y la oposición de entonces, con la mediación de la Organización de Estados Americanos y su entonces secretario general, César Gaviria, y del Centro Carter, fue la convocatoria a un referéndum revocatorio —una figura establecida en la Constitución de 1999- antes de que finalizara el período presidencial el 10 de enero de 2007. Con el acuerdo firmado a finales de mayo de 2003, la Asamblea Nacional designó a las nuevas autoridades para organizar la consulta. De los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral, el chavismo se aseguró tres puestos, con lo cual pudo imponer su mayoría para lograr que el plebiscito se celebrara en agosto de 2004. Era la fecha límite establecida por la Constitución para convocar el referéndum y garantizar, en caso de derrota del oficialismo, la convocatoria de nuevas elecciones.

A pesar de las denuncias de fraude de la Coordinadora Democrática, jamás comprobadas, la coalición opositora de la época, Chávez permaneció en el poder gracias, además, al establecimiento de un programa de clara inspiración cubana: las “misiones sociales”, que crearon una estructura directa de transferencia de recursos y de atención médica a la base electoral chavista. Y volvió a sobrevivir en el cargo cuando, a pesar de haber perdido por escaso margen la consulta popular sobre su propuesta de reforma constitucional de 2007, presentó nuevamente parte de ese proyecto, específicamente lo relativo a la reelección continua de los cargos de elección popular, en febrero de 2009, como una enmienda al contrato social que rige a los venezolanos. No solo ganó aquella consulta, sino que esa decisión le permitió presentarse a las elecciones celebradas en octubre de 2012.

Dos años y medio después de la muerte de Chávez, Maduro sufrió una derrota en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015. Sus adversarios, sin embargo, no pudieron ejercer la mayoría calificada obtenida en las urnas, que les habría permitido contar con los votos necesarios para iniciar reformas de calado en el país. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la proclamación de tres diputados del estado Amazonas mientras se resolvía la impugnación de los resultados. Como consecuencia, la oposición solo obtuvo la mayoría simple.

La nueva directiva del Parlamento siguió adelante con los planes de juramentar a los nuevos diputados, asegurando que el TSJ respondía a los intereses del Gobierno, lo que, a su vez, dio pie a que el Partido Socialista Unido de Venezuela demandara a la nueva directiva del Parlamento por desacato a la decisión judicial. Los temores de la oposición no solo se asentaban en cierta percepción enquistada en la opinión pública. Tras revisar más de 45.000 sentencias del máximo tribunal de Venezuela emitidas entre 2004 y 2013, un estudio liderado por el abogado Antonio Canova, recogido en el libro “El TSJ al servicio de la revolución”, concluyó que el TSJ jamás dictó una sentencia contra el régimen chavista en esos años.

El conflicto de poderes lo ganó Maduro. En 2017, el entonces presidente decidió convocar una Asamblea Nacional Constituyente en respuesta a las protestas desatadas en marzo de aquel año. El nuevo cuerpo actuó como un Parlamento paralelo y relegó a la Asamblea Nacional opositora a un foro político sin trascendencia. Enfrentados a la represión y al exilio, sus rivales quedaron muy diezmados.

Si hasta aquel año todo podía pasar como la lucha sin cuartel entre dos polos en conflicto, la decisión del Consejo Nacional Electoral de declarar la victoria de Maduro el 28 de julio de 2024, sin publicar los resultados de la votación, inauguró una nueva etapa en Venezuela marcada por la condena de la mayoría de los gobiernos de Occidente, la represión, la cárcel o la clandestinidad de la dirigencia política opositora, que culminó inesperadamente el 3 de enero.

Mientras el chavismo gobernante consolida ahora su inesperado vínculo con Washington, Delcy Rodríguez parece encaminada a seguir aspirando a liderarlos en esta nueva etapa, marcada por los llamados a dejar atrás los duros años de su predecesor. “Supéralo, perdónanos y vente”, pidió su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, a la diáspora venezolana a finales de abril, en una recordada intervención.

Un documento público avala esos planes. A mediados de ese mes, el abogado Jihad M. Smaili se registró ante el Departamento de Justicia como representante legal de la presidenta encargada en Estados Unidos. De acuerdo con el documento consignado, Smaili podría asesorarla en varios aspectos, entre ellos su futura campaña para las elecciones presidenciales de Venezuela.

Esta última vuelta de tuerca sitúa al chavismo en la línea de otros grandes movimientos caudillistas de América Latina, como el peronismo en Argentina. En el fondo, ambos comparten la misma máxima. La orientación ideológica del gobierno puede cambiar con el tiempo. Lo crucial es preservar el poder.

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