Opositores detenidos, sanciones y la reelección buscada por Daniel Ortega: todo lo que debes saber sobre las elecciones en Nicaragua
Germán Padinger
(CNN Español) — Con los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados, Nicaragua celebra este domingo unas elecciones presidenciales empañadas por la crisis política y en las que el presidente Daniel Ortega buscará su tercera reelección y un quinto mandato presidencial.
En la misma jornada también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.
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Esto es lo que debes saber sobre las elecciones generales en Nicaragua, donde al menos 39 opositores han sido detenidos, en un contexto de sanciones internacionales y el impacto del covid-19.
¿Cuándo se celebran las elecciones en Nicaragua?
Las elecciones generales para presidente y diputados en Nicaragua serán el 7 de noviembre de 2021, de acuerdo con el calendario oficial del Consejo Supremo Electoral publicado por la Asamblea Nacional de Nicaragua.
Entre el 28 de julio y el 2 de agosto estuvo abierta la recepción de postulaciones para las elecciones a presidente y para diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano. Las impugnaciones se presentaron entre el 13 y 15 de agosto.
En tanto la campaña electoral comenzó el 21 de agosto, y concluyó formalmente el 3 de noviembre.
Miembros del ejército de Nicaragua preparan las boletas electorales para su distribución en todo el país, el 1 de noviembre de 2021. (Crédito: STRINGER/AFP vía Getty Images)
Tras la realización de las elecciones el 7 de noviembre, está previsto que el 15 de noviembre haya resultados provisionales.
La toma de posesión del nuevo presidente ocurrirá el 10 de enero de 2022, mientras que los diputados de la Asamblea Nacional lo harán el 9 de enero y los diputados para el Parlamento Centroamericano lo harán entre el 15 de enero y el 15 de febrero del mismo año.
¿Quiénes compiten en las elecciones presidenciales de Nicaragua?
El 2 de agosto se inscribieron siete fórmulas de candidatos a presidente y vicepresidente en el Consejo Supremo Electoral. Aunque la lista final de candidatos se redujo poco después a seis, luego de que al partido CxL le fuera retirada su personería jurídica.
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Entre ellas figura la del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ortega busca de esta manera lograr su tercera reelección y su quinto mandato principal. Ya había ocupado la presidencia entre 1985 y 1990, y luego entre 2007 y 2012, 2012 y 2017, y desde 2017 hasta la actualidad, tras una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en una imagen de archivo tomada en Managua el 13 de octubre de 2018 (Inti Ocon/ AFP/ Getty Images).
El excomandante de la contrarrevolución Óscar Sobalvarro y la entonces Miss Nicaragua 2017 Berenice Quezada se inscribieron para competir por el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), aunque Quezada fue acusada por el Ministerio Público de “provocar y conspirar para cometer actos terroristas”.
“Ayer se me ha notificado que estoy inhibida como candidata a la vicepresidencia”, detalló Quezada en un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo a quienes se habían preocupado por su integridad física e indicó que se encuentra bien.
CNN se puso en contacto con la dirigente política para conocer su punto de vista sobre la acusación, pero no aún ha respondido. Tampoco el partido CxL ha informado el nombre del abogado que la representará.
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Quezada le había dicho a CNN, luego de la inscripción del lunes en Managua, que “en Nicaragua las condiciones (para un proceso electoral) nunca han estado, las condiciones las pone el pueblo. ¿Y cómo las pone? Saliendo a votar. Como lo hemos hecho en las calles, como lo hicimos en 2018, como lo hicimos en abril”.
El Poder Electoral le retiró a CxL la personería jurídica el viernes pasado y el domingo, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anuló el pasaporte nicaragüense de Carmella María Rogers Amburn, presidenta de CxL, y también cancelaron su cédula de identidad y su certificado de nacimiento, “lo que demostraría que la Señora Rogers Amburn es únicamente ciudadana estadounidense”, dijo el gobierno.
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CNN no ha podido conocer de manera independiente la fecha de nacionalización de Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, quien tampoco ha respondido a llamados y mensajes enviados con el fin de conocer su reacción ante estos hechos.
Pero el Partido CxL, a través su página de Facebook, se expresó al respecto este domingo condenando “la ilegal cancelación de los documentos que acreditan la nacionalidad nicaragüense” de Rogers Amburn y solidarizándose “ante este ataque del régimen por exigir libertad y democracia”.
El abogado Marcelo De Jesús Montiel Fernández y la administradora de empresas Jennifer Espinoza competirán por el Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
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Mientras que el diputado Mauricio Orúe Vásquez será candidato a presidente y a Zobeida del Socorro Rodríguez a vicepresidenta por el Partido Liberal Independiente (PLI).
El diputado Walter Espinoza fue elegido como candidato a la Presidencia de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en una reunión extraordinaria de la junta directiva del partido, y se inscribió este sábado ante el Consejo Supremo Electoral. Espinoza sustituye a Milton Arcia, quien renunció por diferencias con la presidenta del partido, María Haydée Ozuna.
En tanto el pastor Guillermo Osorno y Violeta Martínez de Moncada serán candidatos a presidente y vicepresidente por Camino Cristiano Nicaragüense.
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Finalmente, el Partido Alianza por la República (APRE) inscribió al abogado Gerson Gutiérrez Gasparín, de 29 años, como candidato a presidente y a Claudia María Romero Cuadra como candidata a vicepresidenta.
¿Por qué los comicios han sido cuestionados?
La Policía Nacional de Nicaragua informó que ha detenido hasta la fecha a al menos 39 políticos opositores y activistas, entre ellos siete precandidatos presidenciales que de tal forma no han podido inscribirse. Tres de los precandidatos han sido acusados oficialmente de cometer el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional”, señalamientos que han sido rechazados por los opositores, sus abogados y sus familiares.
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Un hombre vota durante las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2016. (Crédito: ALFREDO ZUNIGA/AFP via Getty Images)
La mayor parte del grupo fue detenido por presuntamente violar la controversial ley 1055 aprobada por la Asamblea Nacional en 2020 para la “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, y que ha sido utilizada por el gobierno de Ortega para detener principalmente miembros de la oposición.
Figuran entre estos Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Noel José Vidaurre Argüello, Medardo Mairena Sequeira, Miguel Mora Barberena y Juan Sebastián Chamorro.
Todos los precandidatos han rechazado los cargos en su contra.
Mientras que la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, una de las primeras en ser detenida y figura principal de la oposición, fue acusada por el Ministerio Público por presunta “gestión abusiva” y lavado de dinero durante su gestión frente a la Fundación Violeta Barrios y puesta bajo arresto domiciliario.
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“No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república”, dijo Chamorro tras la acusación.
También han sido detenidos, entre otros, los dirigentes opositores José Pallais, José Adán Aguerri y Violeta Granera; el director de Banpro Grupo Promerica Luis Alberto Rivas Anduray; los exguerrilleros sandinistas Dora María Téllez Argüello, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco y las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil Guardián y Suyen Barahona.
Para el abogado y ex sacerdote Edgar Parrales, consultado por CNN, cinco de las siete fórmulas que lograron inscribirse no representan a la oposición porque son presentadas por partidos a los que llama “colaboracionistas”, cuya actividad se limita al tiempo electoral.
CNN contactó a los representantes legales o comunicadores de los partidos PLC, CxL, APRE, PLI para consultar sobre estos señalamientos, los cuales rechazaron ser considerados “colaboracionistas” y dijeron ser blanco de campañas de desprestigio por no comulgar con los planteamientos de otros sectores de la oposición que rechazan las elecciones alegando falta de condiciones.
Los mismos se autodefinen como organizaciones que pretenden aportar al país y que están legalmente constituidas y dicen tener representación en varios departamentos del país, aunque señalaron no poder calcular con exactitud cuántos integrantes hay en sus partidos. Tampoco explicaron qué tipo de actividades políticas despliegan fuera de las épocas electorales.
Sobre las detenciones, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha condenado la “brutal escalada de represión y persecución contra líderes sociales y políticos” y señalado que “es evidente que el régimen de Ortega Murillo pretende mantenerse en el poder a costa del terror”.
También hubo reacciones de parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya resolución “Situación en Nicaragua” condenó el arresto de líderes opositores.
La Unión Europea hizo un llamado el 10 de junio de 2021 a la restauración del diálogo inclusivo y democrático en Nicaragua como salida a la crisis política, social y económica. También le reclamó al Gobierno de Daniel Ortega que ponga fin a la persecución de líderes opositores y medios independientes y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos.
A comienzos de noviembre, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó al proceso electoral como un “fake”, una completa farsa.
Ortega ha reaccionado a las críticas señalando que “los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, están gritando que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, presos, procesados”, y asegurando que las sanciones no van a doblegar a Nicaragua, en referencia a las medidas tomadas por estados Unidos y luego también por la Unión Europea y Canadá.
La vicepresidenta y a la vez primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, cuestionó a los críticos del gobierno: “En cuántos países y en cuántos organismos hemos visto cómo las personas que atropellan a los pueblos, saqueando, robando, son llevadas a la Justicia”.
Mientras que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, ha dicho sobre los pedidos internacionales que el gobierno “no va admitir injerencias ni imposiciones, o que nos obliguen a romper nuestro sistema jurídico”.
¿Cuál es la situación general en Nicaragua?
En abril 2018 estallaron las protestas sociales en Nicaragua, uno de los países de menor desarrollo humano de América Latina, contra la reforma del seguro social, que aumentaba la cuota patronal y laboral y creaba una nueva cotización para los jubilados.
Las violentas manifestaciones masivas en todo el país fueron las primeras en los hasta el momento 11 años de gobierno de Ortega, y dejaron un saldo de cientos de muertos y un clima de tensión en el país.
La Unión Europea introdujo sanciones en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, y el lunes anunció que las había prolongado hasta el 15 de octubre de 2022
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Las mismas están dirigidas a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o de represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de derecho.
Actualmente se aplican a 14 políticos y funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
Mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a comienzos de octubre sanciones a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido Ochoa, al secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales, Paul Oquist Kelley, y a la Caja Rural Nacional (Caruna).
El gobierno de Nicaragua no se ha expresado sobre esta ronda de medidas, pero el Presidente Daniel Ortega ha expresado en reiteradas ocasiones que las sanciones son agresiones a la soberanía del país y constituyen un acto de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
El impacto de la pandemia de covid-19 en las elecciones en Nicaragua
La llegada de la pandemia de covid-19 en 2020 ha generado dudas sobre el impacto en Nicaragua.
El director de emergencias médicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, lamentó semanas atrás que no existan datos exactos sobre la situación de la pandemia en el país.
Mientras que la Organización Mundial de Salud (OMS), manifestó en 2020 su preocupación ante el posible impacto del coronavirus en Nicaragua.
El gobierno de Ortega no ha reaccionado a estas dudas de organismos internacionales, y la vicepresidenta Murillo ha expresado que la pandemia está bajo control.
De acuerdo a datos oficiales recolectados por la Universidad Johns Hopkins, Nicaragua ha reportado al momento 16.699 casos confirmados y 209 muertes por covid-19. Mientras que la cantidad de personas con la vacunación completa asciende al 5,54% de la población.
Con información de Mario Medrano, Ana Cucalon, Tatiana Arias, Rafael Romo, Fernando del Rincón, Claudia Rebaza, Hannah Ritchie, Kiarinna Parisi, José Manuel Rodríguez, Marlon Sorto.
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