ANÁLISIS | Por qué el presidente Bukele quiere que todos sepan sobre su nueva megacárcel en El Salvador
Alexandra Ferguson
(CNN) — La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en Twitter un video típicamente polémico. Al son de una música acelerada, mostraba el traslado de cientos de detenidos a una nueva “megacárcel” bautizada oficialmente como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Construida el año pasado para albergar a la creciente población carcelaria del país, es la mayor prisión de América, con capacidad para 40.000 reclusos.
El video, astutamente editado con primeros planos de los tatuajes de los reclusos combinados con imágenes nocturnas de la cárcel tomadas por drones, se hizo viral en la región y se ganó los elogios de comentaristas de ultraderecha en Estados Unidos, como Harrison Smith, de Infowars, y Michael Knowles, de Daily Wire. Para muchos seguidores salvadoreños y extranjeros del presidente de ultraderecha, el video representó la defensa definitiva del enfoque de “mano dura” de Bukele en la lucha contra la delincuencia y la restauración del orgullo por las fuerzas armadas del país.
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Pero para los activistas de derechos humanos y los grupos prodemocráticos, el video subrayó los riesgos a los que se enfrenta la democracia de El Salvador, ya que la seguridad del Estado tiene prioridad sobre los derechos constitucionales en medio de un estado de excepción indefinido.
Y para los observadores más cercanos del Gobierno de Bukele, el momento en que se publicó el video fue muy notable, ya que se produjo 24 horas después de que una acusación condenatoria de Estados Unidos detallara cómo el gobierno de El Salvador supuestamente llegó a acuerdos secretos con la infame banda MS-13.
Llamamientos secretos a los líderes de la MS-13
En el escrito de acusación presentado el 23 de febrero, los fiscales estadounidenses acusan a miembros del Gobierno de Bukele de enmascararse para entrar en secreto en las cárceles del país y mantener conversaciones secretas con los líderes de la MS-13.
La acusación, que también señala al gobierno salvadoreño de liberar a un miembro de la MS-13 reclamado en extradición por Estados Unidos, figura en documentos judiciales publicados recientemente en relación con el juicio de varios miembros de la MS-13 en un tribunal de distrito de Nueva York.
Aunque no nombra a los representantes del gobierno que supuestamente negociaron con la banda, la acusación pinta una imagen censurable de favores, incluyendo penas de prisión más cortas y condiciones carcelarias más cómodas, concedidos por el Gobierno de Bukele a una de las bandas criminales más sanguinarias del mundo a cambio de ayuda para cumplir su promesa electoral de reducir los asesinatos en el país.
Bukele se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022 en Nueva York. Crédito: Stephanie Keith/Getty Images
“A cambio, los líderes de la MS-13 acordaron reducir el número de asesinatos públicos en El Salvador, lo que benefició políticamente al gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios”, alega la acusación.
“De hecho, los líderes de la MS-13 continuaron autorizando asesinatos en los que los cuerpos de las víctimas eran enterrados u ocultados de alguna otra forma”, añade.
Las autoridades salvadoreñas no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN en relación con este artículo.
El interminable estado de excepción de El Salvador
Bukele ha cultivado una imagen de “mano dura contra el crimen”, imponiendo duras políticas al resto de la población. En marzo del año pasado, suspendió los derechos constitucionales en el país, facultando a las fuerzas de seguridad salvadoreñas para encarcelar a ciudadanos por la simple sospecha de formar parte de una banda.
En consecuencia, las cifras de encarcelamiento se han disparado. A mediados de 2022, hasta el 2% de la población salvadoreña mayor de 18 años, es decir, unas 100.000 personas, estaba en prisión, según una evaluación de Amnistía Internacional basada en informes de medios de comunicación locales.
Según cifras del gobierno, más de 60.000 personas fueron enviadas a prisión desde que se declaró el estado de excepción, esto es más de 150 personas al día, lo que causó alarma entre los activistas de derechos humanos, que afirman que la justificación de algunas detenciones es insuficiente.
Un grupo de detenidos es trasladado a una nueva prisión en El Salvador. Crédito: presidencia de El Salvador/Getty Images
“Los casos incluyen a personas que fueron detenidas arbitrariamente por su apariencia física, porque tenían un tatuaje, porque estaban en un barrio específico, a una hora específica”, dijo a CNN la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner.
“No hay claridad ni pruebas de que estas personas estuvieran realmente cometiendo un delito o implicadas en esta redada masiva. Esto plantea un enorme problema para la seguridad pública”.
Una de las principales preocupaciones que compartió Taraciuk es que muchos reclusos entran en estrecho contacto con grupos delictivos a raíz de sus detenciones, ya que los presos son recluidos juntos en celdas comunales y eso significa que a los pandilleros se les presentan condiciones óptimas para reclutar nuevos miembros para los sindicatos delictivos.
Otras organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de garantías judiciales para los reclusos y, según la ONG local Cristosal, al menos 80 reclusos han muerto en circunstancias poco claras tras las rejas entre marzo y octubre del año pasado, mientras se aplicaba el estado de excepción.
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A la luz de las denuncias del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa a los funcionarios del Gobierno de Bukele de negociar en secreto un pacto con las bandas, al tiempo que cultivan una reputación de no andarse con rodeos en la guerra contra el crimen, las violaciones de los derechos humanos son aún más preocupantes, dicen los activistas, porque las penurias recaen solo en los rangos inferiores del mundo criminal, mientras que a los altos mandos se les concedía un trato especial.
Aun así, Bukele goza de una popularidad con la que la mayoría de los líderes del mundo tan solo pueden soñar. En noviembre del año pasado, según una encuesta del diario salvadoreño La Prensa Gráfica, el 89% de los salvadoreños aprobaba a su presidente, que ha rechazado repetidamente las acusaciones de gobernar por decreto.
El líder, de 41 años, incluso ha parecido abrazar la polémica, describiéndose a sí mismo en Twitter como “el dictador más cool del mundo mundial”.
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