Siguen las protestas en Bolivia mientras se agudiza la crisis. Estas son las claves del conflicto y los escenarios posibles

Análisis por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Bolivia lleva 20 días de protestas contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien muchos grupos campesinos y obreros exigen la renuncia. Mientras, el mandatario apuesta por el diálogo, pero analistas no descartan que tenga sobre la mesa la posibilidad de militarizar el conflicto con una eventual declaración de estado de excepción, en una crisis que ya causa preocupación en Estados Unidos y otros aliados regionales.

Históricamente, el país altiplánico ha mostrado una enorme capacidad de presión callejera a través de bloqueos de pistas y movilización territorial. Esta vez, ocurre cuando el mandatario, que venció en segunda vuelta a un candidato más ligado al neoliberalismo, lleva apenas seis meses en el cargo con varios frentes económicos que exigían respuestas urgentes.

“El manejo político ha sido deficiente”, consideró el politólogo José Orlanda Peralta, investigador de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz). “Paz tiene legitimidad para tomar decisiones, pero hubo muchas promesas que no ha ido cumpliendo de manera sistemática. El Gobierno no ha tenido capacidad para trabajar de acuerdo con los tiempos, ha sido timorato y pusilánime a la hora de decidir. Todo contribuye a una tormenta perfecta”, dijo a CNN.

La crisis social viene siendo comparada con el estallido de 2003, que acabó con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, poco antes de que comience el ciclo hegemónico del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el exmandatario Evo Morales (2006-2019). Para Peralta, ese escenario también tenía una acumulación de demandas sociales, pero con una agenda política más definida y con liderazgos fuertes y claros. “Ahora el problema del Gobierno es que dialoga con unos y luego aparecen otros dirigentes”, comentó.

Las protestas están alentadas por campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales. Al reclamo, que comenzó con demandas salariales frente a una inflación interanual que todavía ronda el 15 %, se sumaron transportistas, sindicatos y organizaciones indígenas, que rechazan las medidas de austeridad.

“Es habitual que haya una serie de movilizaciones y bloqueos, prácticamente desde el inicio de la democracia (1982) como una forma de sabotaje bajo presión política, pero las circunstancias actuales son especiales”, dijo a CNN el sociólogo y especialista en políticas públicas Franco Gamboa. “El hecho de que el presidente haya ganado en segunda vuelta, que no haya podido armar una coalición de Gobierno para el control del Legislativo y no esté tomando decisiones adecuadas en lo económico mantienen un vacío de poder”, consideró.

Bolivia arrastra desde hace años un deterioro estructural de su economía, con caída de reservas internacionales, menor producción de gas natural y escasez de divisas, lo que desencadenó en falta de combustibles mucho antes de los bloqueos de carreteras. El panorama político tampoco es estable: ante la caída del MAS en una guerra interna y un gran fracaso electoral sin la participación de Morales, varios sindicatos y movimientos populares quedaron huérfanos de representación.

Para Gamboa, las demandas económicas y los reclamos políticos “van de la mano”. En ese sentido, destacó que Paz desatendió “otro componente, una regla informal: la cooptación de dirigentes”. Según analizó, el mandatario cortó esos espacios por falta de financiamiento y no supo cómo seguir atendiendo a sectores ahora excluidos.

Gamboa, quien da un balance negativo al primer semestre de Paz, dijo que el mandatario “se equivocó rotundamente con adelantar algunas medidas”, como la ley 1720 de reconversión de tierras, que fue eliminada en los últimos días como respuesta a las protestas, o la abrogación de un decreto económico en enero que era rechazado parcialmente por la Central Obrera Boliviana. Según el analista, el Gobierno desaprovechó la legitimidad del triunfo electoral con errores propios como el escándalo del combustible adulterado.

“Era el primer gobierno después de 30 años que logra un gasolinazo y la gente estaba de acuerdo, estaba pagando el costo del mercado. Las decisiones erráticas destruyeron la capacidad de tomar previsiones, con una excesiva confianza en un círculo incompetente de asesores”, aseguró Gamboa.

Hasta ahora, el libreto de Paz Pereira ha sido el de tratar de resistir y eventualmente ceder ante las presiones sociales. Ya renunció un ministro de Trabajo y el fin de semana el presidente dijo que va “a extremar todos los esfuerzos” para el diálogo, aunque remarcó que “todo tiene un límite”, en entrevista con el canal TN, afiliado a CNN. El operativo del Gobierno para desbloquear una carretera el sábado fue un fracaso: derivó en enfrentamientos, disturbios y el corte de ruta continúa en pie. Consultado por un eventual estado de sitio, dijo que más adelante tomará “las decisiones que haya que tomar”.

El analista Gamboa señaló que Paz “quiere mostrarse plenamente democrático, no identificarse con el autoritarismo”, pero puso en duda la eficacia de su estrategia. “Lo que no está pudiendo es construir una imagen de país, una capacidad de reestructuración estatal a largo plazo. Está tomando decisiones cortoplacistas que no son efectivas. En la perspectiva de preservar el diálogo, está cayendo en el chantaje”, consideró.

El Gobierno todavía cuenta con sectores que lo respaldan o que rechazan los bloqueos. En la última semana hubo contramarchas lideradas por comités cívicos regionales y en algunas participaron autoridades locales, universitarios, comerciantes, plataformas ciudadanas, productores agrícolas y transportistas. Pero Peralta subrayó que el margen es muy limitado. “Tiene los medios de comunicación a su favor, con sectores productivos y empresariales que apoyan la investidura y el principio constitucional de continuidad del Gobierno. Pero en caso de que se solucione con el diálogo, va a seguir teniendo el problema en el parlamento (donde su bancada es minoría). Todo lo tiene en contra”, destacó.

Paz, según Gamboa, tiene dos alternativas: “Seguir aguantando el asedio o los bloqueos, que tarde o temprano lo van a derrumbar; o imponer la autoridad legítima por la fuerza, pero para ello tiene que presentar una visión de país de reconstrucción, que garantice estabilidad económica”. Sobre la segunda opción, el sociólogo reconoció que conlleva un riesgo grande. “Es suicida convocar a las Fuerzas Armadas, pero políticamente es la vía correcta para retomar el control”, agregó.

En tanto, Peralta destacó que si se producen nuevas muertes en el marco de los conflictos sociales, la situación se agravaría considerablemente, y no consideró tan claro que el presidente cuente con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales para un escenario de mayor presión.

De todos modos, la opción aparece ahora con más posibilidades. El Senado aprobó sorpresivamente el domingo una ley que deroga la normativa de 2020 que fijaba regulaciones (plazos, causales, rendición de cuentas y responsabilidades penales) sobre el estado de excepción. Si el proyecto avanza en Diputados, el presidente podrá decretarlo sin autorización del legislativo. Actualmente, si Paz quiere jugar esa carta y no recibe el apoyo del Congreso, se vería aún más debilitado.

Evo Morales, resguardado en la provincia del Chapare con una orden de captura por cargos de presunta trata de personas que el líder cocalero rechaza, también dijo el domingo en X que a Paz le quedan dos salidas, aunque con otro matiz. “Una decisión suicida como militarizar o finalmente cumplir la pacificación y transición, (…) para evitar conflictos con muertos y heridos”.

“Evo está atrincherado pero tiene mucha capacidad organizativa. No es como hace cinco años, pero desde el Chapare sigue incidiendo en la gente que se moviliza, traza líneas discursivas que la gente obedece”, dijo Peralta.

Para Gamboa, la derrota electoral “no ha significado una derrota política”, y aseguró que hoy no es viable detener al líder opositor. “Hay demasiada convulsión, puede ser contraproducente”, opinó.

También está en la mira de la Justicia el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, quien se continúa pronunciando desde la clandestinidad luego de haber sido acusado por el Gobierno por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por llamar a las protestas. El sindicalista llamó a mantener las movilizaciones por las “reivindicaciones” de los sectores. Por ello también es que dirigentes opositores cuestionan los llamados al diálogo mientras algunos líderes son perseguidos.

La crisis también empieza a preocupar a nivel regional. Paz recibió el respaldo del Gobierno de Estados Unidos, que aseguró que está enviando alimentos y apoyo logístico para las poblaciones que sufren desabastecimiento. Como miembro del Escudo de las Américas, bloque impulsado por Donald Trump en una cumbre en Miami, la fragilidad de Bolivia es seguida con atención por sus aliados, que emitieron un comunicado con “profunda preocupación”.

“Es el eslabón más débil (del grupo), no solo por la ingobernabilidad, también por la situación económica”, dijo Gamboa, y repasó la importancia de Bolivia para los minerales estratégicos como el litio. “Es lo que les preocupa (a los otros países), porque se necesita estabilidad para la extracción. Si eventualmente cae, se rompe la continuidad democrática, no podrían aprovechar las grandes reservas y eso perjudica la estrategia geopolítica”, apuntó.

El analista agregó que el apoyo es más discursivo que material, y que la supervivencia de Paz no pasa por el respaldo internacional, sino por la capacidad de tomar las riendas dentro del país. “Están en contra el tiempo y los recursos políticos. El contexto internacional, por más que los aliados apoyen, no significa nada para retomar el control de la gobernabilidad”, agregó.

En el inicio de la cuarta semana de protestas, Paz deberá mostrar definiciones sobre si mantiene la estrategia de diálogo o apuesta por otro libreto, mientras las tensiones no dan señales de desescalada.

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