La Corte Suprema falla a favor de Trump en una demanda sobre libertad de expresión presentada por jueces de inmigración
Por John Fritze, CNN
La Corte Suprema respaldó este martes a la administración Trump en una disputa de larga data sobre la libertad de expresión con jueces de inmigración, desestimando sumariamente un fallo de un tribunal inferior que, en la práctica, permitía que su demanda siguiera su curso.
“Los tribunales federales no son ‘comisiones itinerantes’, autorizadas para ‘salir cada día en busca de agravios que reparar’”, escribió la Corte en una opinión sin firma. El tribunal de apelaciones que tramitó el caso, señaló la Corte, “perdió de vista esos principios en esta ocasión”.
No se registraron votos discrepantes. El juez conservador Clarence Thomas redactó una opinión concurrente a la que se adhirió la jueza Amy Coney Barrett.
“Las leyes cambian solo cuando el Congreso las modifica, no cuando los jueces deciden que ya no cumplen con los propósitos del Congreso”, escribió Thomas.
El caso comenzó como una impugnación a una política de personal que exige a los jueces de inmigración obtener una aprobación previa antes de realizar declaraciones públicas. Un antiguo sindicato que representaba a los jueces —quienes forman parte del Departamento de Justicia— presentó una demanda ante un tribunal federal alegando que dicha política violaba su derecho a la libertad de expresión, amparada por la Primera Enmienda.
La cuestión que debía resolver la Corte Suprema era si los jueces de inmigración podían presentar su reclamación ante un tribunal federal o si, por el contrario, debían solicitar primero una revisión ante una agencia independiente de la función pública, organismo que habitualmente examina este tipo de reclamaciones por parte de los empleados federales. El Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito de EE.UU. puso en duda si dicha revisión interna seguía estando disponible, dado que la administración Trump había desmantelado esas agencias.
El tribunal de apelaciones ordenó a un tribunal de primera instancia que realizara una mayor investigación de los hechos; ante ello, la administración Trump apeló ante la Corte Suprema en diciembre. El caso llegó a la Corte Suprema el año pasado a través de la vía de urgencia. En aquella ocasión, los jueces fallaron a favor de los jueces de inmigración, permitiendo técnicamente que la demanda continuara, pero señalando al mismo tiempo que podrían intervenir si el tribunal de primera instancia ordenaba la fase de descubrimiento de pruebas.
Esa política —que comenzó durante el primer mandato del presidente Donald Trump y fue modificada durante la administración Biden— “prohíbe categóricamente” a los jueces “hablar públicamente, a título personal, sobre la inmigración y sobre la agencia que los emplea”, según expusieron ante la Corte Suprema los abogados del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia.
Un tribunal federal de distrito falló a favor de la administración, dictaminando que las reclamaciones de los jueces debían ser revisadas por las agencias administrativas; sin embargo, el Cuarto Circuito ordenó que el tribunal de primera instancia realizara una revisión más exhaustiva.
El “principio fundamental” —señaló el tribunal de apelaciones— “de que unos organismos funcionales e independientes recibirían, revisarían y resolverían, en primera instancia, las impugnaciones a las medidas de personal adversas que afecten a los empleados federales cubiertos por la normativa, ha sido recientemente puesto en tela de juicio”.
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