Macri llama “absolutamente parcial” al juez que dictó su procesamiento y considera que es una persecución política
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(CNN Español) — El expresidente de Argentina Mauricio Macri calificó el miércoles de “absolutamente parcial” al juez que dictó su procesamiento por el presunto espionaje ilegal a familiares de los 44 muertos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, y dijo que ya sabía que “esta persecución política iba a terminar en este procesamiento, así que nada nuevo”.
Macri, que se encontraba en Santiago, Chile, en una visita el presidente Sebastián Piñera, confirmó en declaraciones que hizo a CNN Chile que cumplirá con el embargo equivalente a US$ 1 millón que le impuso el juez federal Martín Bava al dictar su procesamiento en esta causa. “Cumpliremos hasta que apelemos”, precisó.
El juez Bava dispuso el martes el procesamiento sin prisión preventiva de Macri y, además del embargo, le impuso la prohibición de salir del país. La decisión del juez se conoció el miércoles, mientras Macri estaba en Chile.
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Macri fue procesado por los supuestos delitos de abuso de autoridad y realización de tareas de inteligencia prohibidas por la ley argentina, algo que, según el juez, el acusado posibilitó “desde su rol de presidente”.
El submarino ARA San Juan se hundió por desperfectos mientras se encontraba en altamar en noviembre de 2017, en ruta de Ushuaia, en Tierra del Fuego, hacia Mar del Plata, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Según el magistrado, estos actos de espionaje habrían implicado el seguimiento y la infiltración de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en grupos de familiares de los tripulantes del submarino hundido, entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
Familiares y allegados de los marinos fallecidos en altamar se encontraban organizando entonces acciones de protesta y reclamo al entonces gobierno de Macri, con el objetivo de exigirle el esclarecimiento de las causas del hundimiento del ARA San Juan y la búsqueda oportuna del submarino para salvar a sus tripulantes.
La nave permaneció un año y dos días desaparecida hasta que fue hallada, según relata el fallo, y fue tal la magnitud del caso que Estados Unidos, Rusia, Alemania, entre otros países, ofrecieron sus servicios y su mejor tecnología para colaborar con el hallazgo y rescatar a la tripulación, integrada por 43 hombres y una mujer. En Argentina, incluso se creó una comisión bicameral en el Congreso para la búsqueda del ARA San Juan.
El juez Bava también sostuvo que las supuestas actividades ilegales de inteligencia alcanzaron además a familiares de tripulantes de los naufragados buques pesqueros Rigel y El Repunte, que también se organizaron para reclamar al gobierno por sus tripulantes.
La acusación y la defensa de Macri
Una fuente de la defensa explicó a CNN que Macri negó las acusaciones ante el juez Bava.
Entre otros puntos, la defensa del expresidente cuestiona la supuesta falta de pruebas en el expediente para sostener que Macri conocía estas tareas de supuesto espionaje ilegal, y que tuvo contacto con los informes y registros de los agentes del organismo estatal de inteligencia.
Pero, según el juez Bava, “no dejan lugar a otra interpretación”.
En su fallo, Bava sostuvo que Macri, al ser el jefe directo de los entonces jefes de la AFI y el responsable del diseño de la política de inteligencia del Estado, no podía desconocer esas actividades de los agentes oficiales y “generó condiciones, acumuló información, hizo uso y no dispuso el cese de la realización de tareas de inteligencia explícitamente prohibidas por la ley” en Argentina, como los seguimientos a personas por su pertenencia política, sus opiniones y manifestaciones y la organización social a la que pertenece.
De acuerdo con el procesamiento, esas tareas implicaron “obtener datos personales e información de familiares y allegados a los tripulantes del ARA San Juan” por los reclamos que realizarían”; los agentes de inteligencia del Estado buscaron “conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.
Entre las pruebas documentales, el juez incluyó en su fallo los registros fotográficos de los encuentros, misas, manifestaciones públicas y seguimientos de los familiares, tomados por miembros de la agencia de inteligencia, acompañados de informes escritos sobre las actividades, propósitos y acciones a futuro de los familiares organizados.
Estos documentos digitales fueron hallados en una de las sedes del organismo por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entregó los archivos a la Justicia.
“Es ilegal que la AFI haya espiado e investigado a quienes el Estado Nacional tenía la obligación de contener, acompañar y brindar justicia”, sostuvo el juez.
De acuerdo con el fallo, esos informes eran producidos para el consumo de Macri y con el objetivo de “salvaguardar la imagen del gobierno nacional de cara a la sociedad”, dos puntos que Macri planteó en su indagatoria que no eran ciertos y que además no estaban probados en el expediente.
El juez citó documentos elaborados por miembros de la agencia de inteligencia previos a la reunión que mantuvo Macri con una delegación de familiares en febrero de 2018, en los que “adelantaban”, en palabras del magistrado, los reclamos concretos que el entonces presidente recibiría; o el caso del contenido de una carta de la madre de un tripulante del ARA San Juan, dirigida al entonces presidente, que un agente de la AFI adelantó en un informe antes de que fuera entregada, según el fallo.
Por este caso, el juez ya había procesado por los mismos supuestos delitos a los exjefes de la AFI durante la gestión de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros miembros del organismo oficial.
Las exautoridades reconocieron las actividades investigadas, pero defendieron su supuesta legalidad alegando que dichas tareas y seguimientos se habían realizado para garantizar la seguridad presidencial, en el marco de una reunión que Macri mantuvo con un grupo de familiares y debido a las visitas del entonces presidente a las zonas donde se congregaban los familiares, entre otros argumentos desechados por el juez.
Macri, en tanto, negó conocer la existencia de los seguimientos y otras tareas en su descargo escrito presentado durante la indagatoria, según explicó una fuente de la defensa a CNN.
Además de rechazar las acusaciones, los abogados de Macri sostienen que la investigación y el juez tendrían “motivaciones políticas”, que el magistrado es “parcial” y que la causa presentaría irregularidades.
También sostiene que Bava no tiene jurisdicción para investigar la causa, ya que es juez federal de la localidad de Dolores y los actos de supuesto espionaje ilegal habrían ocurrido en Mar del Plata, mientras que las órdenes habrían sido impartidas desde la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra tanto la sede de la AFI como la Casa Rosada, sede de gobierno.
Macri declaró recién el 28 de octubre, tras la tercera citación del juez, luego de dos intentos fallidos.
El expresidente no logró que el juez Bava sea apartado de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, el tribunal de apelaciones que interviene en este caso, pero acudirá a la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, para insistir con el apartamiento del magistrado por su supuesta parcialidad y presuntas irregularidades en el caso, afirmó a CNN una fuente de su defensa.
Sus abogados también podrán apelar el procesamiento de este miércoles y el resto de las medidas en su contra.
Con información de CNN Chile y Rubén Correa
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