El gobierno de Biden propone eliminar los obstáculos para que los inmigrantes utilicen las prestaciones públicas y busquen un estatus legal
Juan Pablo Elverdin
(CNN) — El gobierno de Joe Biden planea poner en marcha una nueva norma que elimine los posibles obstáculos para los inmigrantes que dependen de las prestaciones públicas y tratan de obtener un estatus legal, según una nueva propuesta de reglamento.
El cambio propuesto vuelve a poner en primer plano la llamada regla de la “carga pública”.
La administración de Trump había modificado la regulación de décadas de antigüedad de una manera que podría remodelar la población de inmigrantes legales en los Estados Unidos al hacer más difícil que las personas obtengan el estatus.
El gobierno de Biden está cambiando el rumbo al considerar qué beneficios públicos indicarían que un individuo depende en gran medida del gobierno federal y excluir los beneficios, como los programas de asistencia alimentaria y los beneficios de vivienda, que no deberían usarse contra un individuo que de otra manera depende de sus propios recursos.
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Bajo la regla propuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) consideraría beneficios como la asistencia en efectivo para el mantenimiento de los ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno, según un aviso enviado al Congreso.
“La regla de carga pública de 2019 no era coherente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y los individuos no serán penalizados por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
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Que es la “carga pública”
De acuerdo con la normativa vigente, que entró en vigor en 1996, el término “carga pública” se define como alguien que es “principalmente dependiente” de la ayuda del gobierno, lo que significa que le proporciona más de la mitad de sus ingresos.
Pero solo contaba las prestaciones en metálico, como el TANF o la Seguridad de Ingreso Suplementario de la Seguridad Social. La administración Trump amplió la definición de quién se espera que dependa del gobierno al incluir más programas de beneficios. Ese cambio ya no está en vigor.
Los funcionarios de inmigración pueden tener en cuenta los recursos financieros, la salud, la educación, las habilidades, la situación familiar y la edad de un solicitante. Pero pocas personas son rechazadas por estos motivos relativamente limitados, según los expertos.
El uso de la asistencia por desastre, la asistencia por pandemia y otros beneficios tampoco contarán en contra de los inmigrantes, según el aviso.
El DHS argumentó en la nueva propuesta de regulación que los cambios realizados en 2019 por la administración Trump habían causado un efecto de enfriamiento dentro de las comunidades de inmigrantes, citando a los expertos, y llevaron a los inmigrantes a evitar beneficios como la atención médica por la preocupación de que el uso de esos beneficios podría impedirles obtener un estatus legal.
Como resultado, la administración Biden propone adoptar una norma similar a la que se utilizaba antes de 2019. La norma propuesta tendrá un período de comentarios públicos de 60 días.
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