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El plan B de la reforma electoral en México: qué sigue en el camino a las elecciones de 2024

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — La reforma electoral en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha seguido un polémico camino desde que se propuso en abril de 2022 una reforma constitucional con la intención, según él, de abaratar los costos del sistema electoral en México.

Ese proyecto de reforma fracasó en el Congreso, donde el gobierno no obtuvo los votos necesarios ante el rechazo de la oposición en diciembre de 2022. El mandatario respondió con el llamado plan B, basado en reformas de leyes secundarias, las que, según sus críticos, reducirían la autonomía y la capacidad del Instituto Nacional Electoral (INE) de organizar las elecciones de 2024, unos comicios importantes para el país pues se renovará la presidencia, el Poder Legislativo y la mayoría de las gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías y cargos locales.

Senado de México aprueba el “Plan B” de la reforma electoral de López Obrador: ¿Por qué causa tanta polémica?

En las últimas semanas, los partidos de oposición en el Congreso han acusado a Morena, el partido oficial, de retrasar la conclusión de este proceso legislativo y aseguran que con ello se busca reducir los márgenes de maniobra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una vez que se presenten las impugnaciones que preparan en contra del plan.

Pero, ¿cuál es es el camino que le queda por recorrer al plan B? Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, explicó a detalle los tiempos de este proceso legislativo que ha causado controversia.

¿Cuál es el camino del plan B?

El Senado discute y vota la “cláusula de la vida eterna”

En diciembre de 2022, el Congreso aprobó casi en su totalidad el llamado plan B de la reforma electoral, que propone modificar seis leyes secundarias. El primer paquete incluye la Ley General de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas, que ya fueron aprobadas y promulgadas. El segundo paquete, que incluye las leyes General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, General de los Medios de Impugnación y General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se devolvió al Senado para su revisión después de que la Cámara de Diputados eliminara el artículo 12, mejor conocido como la “cláusula de la vida eterna”, que garantizaba a los partidos aliados el reparto de votos para conservar su registro.

¿Cuáles son las diferencias entre la reforma electoral original de AMLO y su plan B?

Ahora solo queda por discutir este polémico artículo de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se espera que el pleno del Senado lo discuta esta semana y vote el segundo paquete del plan B que, en caso de ser aprobado, se enviará al Poder Ejecutivo para que el presidente ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y con ello su entrada en vigor.

Presentación de controversias de inconstitucionalidad ante la SCJN

Una vez que entre en vigor, los partidos políticos y el INE pueden presentar controversias de inconstitucionalidad ante la SCJN en contra de las modificaciones a las leyes electorales con la intención de revertirlas, según Burgoa.

Según el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), hasta el 1 de febrero se habían presentado ante el máximo tribunal cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de los partidos de oposición, una controversia constitucional del INE y un juicio de amparo en contra de la primera parte del plan B que fue aprobada en diciembre pasado.

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Los 90 días antes del inicio del proceso electoral

Burgoa explica que, según lo establecido en el Artículo 105 de la Constitución, no se pueden realizar cambios a las normas electorales 90 días antes del 2 de septiembre de 2023, cuando inicia el proceso electoral de 2024.

Este plazo es clave, pues la SCJN tendría que resolver a principios de junio de 2023. Según explica Burgoa, si el plan B fuera aprobado a finales de febrero, López Obrador tendría 30 días para publicarlo (hasta finales de abril) en el DOF, lo que le daría a la oposición, en función de su publicación y entrada en vigor, solo un mes (mayo) para presentar las impugnaciones ante la SCJN. Y a la corte le quedaría un margen muy corto para resolver y podría darse un “conflicto de interpretación jurídica”.

¿Qué implica reducir la estructura del INE de cara al 2024?

El plan B supone una compactación de la estructura administrativa del INE, este es uno de los puntos que más controversia e inconformidad ha causado entre los partidos políticos y grupos opositores al presidente.

¿Qué implica esta compactación? En principio, la desaparición del Servicio Profesional Electoral, uno de los ejes fundamentales del INE, dice el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, pues se encarga de la realización de los procesos electorales a lo largo y ancho del país.

“Se pone en entredicho la capacidad de instalar cerca de 160.000 casillas el día de la jornada electoral o que se capacite mal a la gente. Todo esto está puesto en juego en el proceso electoral y como eso está puesto en juego, el ejercicio del derecho a votar está puesto en juego”, explica.

Por su parte, el presidente de México defendió nuevamente su plan B y en conferencia de prensa el 15 de febrero argumentó que los cambios que propone buscan “ahorrar para que puedan liberar recursos, porque es excesivo lo que gastan (el INE)”.

El próximo domingo 26 de febrero organizaciones civiles, partidos políticos y legisladores de oposición convocaron a una segunda movilización a lo que ellos llaman en defensa del INE ante el plan B de la reforma electoral.

José Woldenberg, quien fue el primer presidente del Instituto Federal Electoral (IFE, antecesor del INE), informó que la convocatoria del domingo incluye a la Ciudad de México y a 60 ciudades del país.

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